C. DIPUTADO JUAN ANTONIO ACOSTA CANO

PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA

P R E S E N T E.

Las y los suscritos, DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción II, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; así como por lo establecido por los artículos 167, fracción II, 168 y 209, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se deroga el último párrafo del artículo 191; y, se adiciona una fracción II al artículo 194, recorriéndose en su orden las subsecuentes, ambos del Código Penal del Estado de Guanajuato, en materias de eliminación del beneficio por el pago de reparación del daño y, robo con arma de fuego y arma blanca, respectivamente, en atención a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El moderno Derecho Penal se ha concebido desde una perspectiva de limite al poder punitivo del Estado, pero a la vez como instrumento jurídico regulatorio del comportamiento y actuación del ser humano en sociedad que vulnera bienes jurídicos y que deben ser protegidos por dicha norma penal; en ese sentido, a la sazón de que las relaciones y conductas en sociedad resultan ser complejas, el derecho penal, cuya tendencia moderna es de intervención mínima; ante los embates de la delincuencia en la época presente, conlleva limitar y orientar la conducta de quienes vulneran la norma penal y son sometidos a los procesos punitivos, los que deben apegarse a ciertos principios garantes de carácter sustantivo que rigen a la materia, como son: legalidad, garantía criminal, jurisdiccional, de culpabilidad, de responsabilidad por el acto, de proporcionalidad; y otros de carácter procesal como son: el debido proceso, defensa adecuada, seguridad jurídica, los que regulan el actuar de la autoridad jurisdiccional en el proceso y materializan el principio de proporcionalidad que se debe aplicar en la imposición de las sanciones o penas a los sentenciados en el nuevo modelo acusatorio adversarial, predominantemente oral; con penas y figuras típicas más agravadas, conforme al medio utilizado para su comisión que traigan consigo una adecuada reparación del daño que es una consecuencia jurídica del delito.

Es cierto que el ser humano es sociable por naturaleza y necesita la convivencia para desarrollarse íntegramente, así también, es dable pensar que vivimos en una sociedad desigual en cuanto oportunidades de coyuntura económica y desarrollo personal y profesional, lo que incide en que la ciudadanía con mayor índice de marginación se vea con diversas necesidades como lo pueden ser carencias económicas y privaciones materiales e incluso de salud lo que trae consigo grandes problemas y diferencias de toda índole, pudiendo dar cauce con ello a la aparición de actos y hechos indebidos en perjuicio de terceros.

A la parte de la sociedad que es víctima del delito, le interesa que la sanción que se le aplique al sentenciado, sea proporcional a la forma en que se ataca o lesiona el bien jurídico y que se le cubra íntegramente la reparación del daño que, como garantía constitucional en su favor, está contemplada en el apartado C, fracción IV, del artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, en la presente iniciativa nos ocupa lo que corresponde al delito de ROBO, contenido en el Título Quinto, De los Delitos contra el Patrimonio, en sus artículos del 191 al 197, del Código Penal del Estado de Guanajuato; ahí se define el delito de robo como el apoderamiento de una cosa mueble y ajena, sin consentimiento de quien legítimamente pueda disponer de ella.

Para mayor abundamiento y entendimiento de los objetos planteados en esta iniciativa, es dable hablar sobre aspectos fundamentales de la Teoría del Delito, que nos ayudan a sustentar la presente propuesta; en esta tesitura, partamos de la premisa de que esta teoría refrenda su naturaleza jurídico-penal en el sentido de que pieza a pieza elabora el tipo jurídico penal básico y perfila los diferentes elementos esenciales de su composición típica, comunes a todas las formas de delito y, aunque es de creación doctrinal, está basada en preceptos legales, ya que trata sobre los elementos objetivos o materiales, normativos o subjetivos, según la descripción típica de que se trate, elementos que deben ser probados para efecto de considerar el hecho como delito.

Estos elementos conforman los requisitos de todos los delitos entendidos como institución general y, partiendo de la definición del delito, es que se va estructurando la sistemática jurídico penal que conforma cada uno de los Códigos Penales, con los elementos que constituyen el propio delito, a saber:

  • Acción (conducta);
  • Tipicidad;
  • Antijuridicidad; y,
  • Culpabilidad.

Luego entonces, se puede decir, acorde a la sistemática jurídico-penal a la que adhiere el Código Penal de Guanajuato que se ha establecido adecuadamente el tipo penal “Robo”, refiriéndose a la sustracción no autorizada de los bienes de otra persona con la intensión de privarla permanentemente de ellos; encontrando con ello dos elementos claves y necesarios para su actualización:

Hay delito de robo cuando se cumplen los siguientes elementos:

  1. Tomar sin consentimiento del legítimo dueño, alguna propiedad de éste; y,
  2. Que el sujeto activo realice la conducta con la intención de privar a la víctima de su (s) bien (s) de forma permanente.

De esta manera, el elemento de sustracción consiste en tomar posesión de un bien, que pertenece a otro y también implica quitar o intentar quitar el bien, empero, son los elementos objetivos y normativos que requieren de dolo como elemento subjetivo del tipo, el cual consiste en la intención de perpetrar la conducta tipificada, donde generalmente surge la mayoría de los complejos desafíos legales en los casos relacionados con el robo, porque existe dificultad probatoria en la práctica, sobre todo para la demostración de los elementos subjetivos pues al no probarse de manera fehaciente, es que el tipo penal invocado suele no acreditarse y en algunos casos, resulta ser fácilmente desvirtuable por la defensa de los procesados.

Por otro lado, la teoría del delito a través de la sistemática jurídico-penal también aduce sobre los tipos y grados de robo, en donde se ven involucrados la clasificación del bien robado y el valor cuantificable de éste, así como el medio utilizado para cometerlo. Es en este apartado principalmente en donde uno de los objetos de la presente iniciativa se ve reflejado, pues estamos ciertos y convencidos de que debe ser incluida para su correcta tipicidad el cómo se realiza esta conducta, es decir, el medio utilizado en el delito, pues para el caso en particular, no es lo mismo despojar o quitar un bien a una persona de manera ordinaria, por llamarle de alguna manera, que privarle de algo de su posesión y propiedad a través del uso de armas de fuego o blanca, es decir, el daño psicológico causado al sujeto pasivo del delito innegablemente es mayor, así como el inminente peligro al que expone a su víctima el sujeto activo del delito; es por ello que, los iniciantes consideramos como una agravante que el delito sea llevado a cabo mediante el uso de arma de fuego, arma blanca o ambas. En ese sentido, debe ser castigado con mayor severidad, previendo además, que los sujetos activos del tipo penal pudiesen no acceder al beneficio de libertad bajo ninguna circunstancia, bajo la regla de prisión preventiva oficiosa o la posibilidad de que el Ministerio Público solicite, pruebe y obtenga la medida cautelar de prisión preventiva, bajo las reglas establecidas por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La culpabilidad, con la agravación propuesta al robo, revista un mayor juicio de reproche en la consecuencia jurídica y la posibilidad de menores beneficios al procesado o sentenciado. Lo anterior viene a significar, que para emitir un juicio que declare culpable a un sujeto será necesario que la conducta haya sido típicamente antijurídica, lo que llevará consigo la aplicación de la punición por el órgano jurisdiccional, lo cual implica la imposición de una pena o consecuencia jurídica cuando estamos en presencia de todos los elementos del delito citados.

En ese orden de ideas, las diputadas y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante esta Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, coincidimos en que, máxime la desigualdad de oportunidades y carencias con que viven día con día gran parte de la ciudadanía en nuestro estado de Guanajuato, ésta no es motivo ni razón suficiente para delinquir, ni mucho menos, para que una persona sobrepase con su actuar el ámbito de legalidad y respeto a sus semejantes, vulnerando así los bienes jurídicos de terceros. En otras palabras, no estamos aludiendo que la pobreza y la desigualdad sean los únicos motivos por los que se delinque, sino que ante la consumación de estos malos hábitos no tiene cabida ninguna excusa para su práctica y ejecución, sea cual sea la naturaleza que dé origen a estos actos y hechos delictivos, porque nada justifica el cometer un delito.

En esa tesitura, a través de la presente iniciativa se pretende derogar el último párrafo del artículo 191 del Código Penal del Estado de Guanajuato, mismo que a la letra impera:

Las sanciones señaladas en este artículo se reducirán en un tercio si se repara íntegramente el daño causado antes de dictarse sentencia ejecutoria.”

Tal y como se desprende de la interpretación, pero más aún de la aplicación de lo previsto en el trasunto párrafo, los delincuentes que reparen el daño íntegramente en tratándose del delito de robo (apoderarse de una cosa mueble y ajena, sin consentimiento de quien legítimamente pueda disponer de ella) pueden adquirir el beneficio de reducción de un tercio de su condena, dependiendo de la cuantía de lo robado, pasando por alto la forma de comisión, algo que en la práctica ha propiciado el vicio de que la reparación del daño se negocie y la víctima, incluso sea coaccionada a recibir un valor menor del daño causado, vulnerándose la garantía establecida en la Constitución sobre el derecho fundamental del ofendido a recibir integralmente y a satisfacción la reparación del daño, porque poco le importa la sanción, en la gran mayoría de los casos; sin embargo al Estado le debe interesar que, cuando el robo se acomete utilizando determinados medios para agredir o amenazar, lo cual debe o puede ser interpretado como uso de la violencia, aunque está diseñado en el Código Nacional de Procedimientos Penales como aspecto para la prisión preventiva oficiosa, es importante armonizar la ley sustantiva y alinearla con dicha disposición procesal, seguros de que el juez tendrá mayor margen de aplicación de la norma en beneficio del Estado, de la sociedad y de las víctimas, a efecto de mitigar la percepción social de que el nuevo sistema penal acusatorio no está funcionando adecuadamente y que fomenta la impunidad, cuando es bien sabido que es un problema de los operadores jurídicos. Por lo que consideramos que la presente iniciativa coadyuva a que el operador jurídico cuente con una herramienta para sancionar con mayor sencillez y severidad.

Resulta menester destacar que, en diversas entidades como TAMAULIPAS, QUERÉTARO, AGUASCALIENTES y MICHOACÁN, no contemplan una disminución de la pena por la reparación del daño, como una garantía del inculpado. Incluso otras como HIDALGO, prevén el doble como pago de la reparación del daño.

Luego entonces, la primera propuesta del Grupo Parlamentario del PRI es derogar este párrafo y, por ende, eliminar este beneficio o garantía que tienen las personas que delinquen; pues consideramos erróneo y adverso que en un Código Penal como el nuestro, aunque de corte garantista, en el que se establecen normas de carácter punitivo, existan garantías, beneficios o cuales quiera que se les parezca a favor de los delincuentes, puesto que acorde a los razonamientos anteriores, no existe motivo suficiente para que éstos lleven a cabo este tipo de hechos delictivos en perjuicio de terceros. Considerando que la ley penal debe tener como utilidad fundamental acoplarse a la realidad social actual.

Al respecto, cabe señalar que actualmente el sistema procesal penal es garantista, ya que su base es el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual otorga beneficios a cualquier imputado para que obtenga su libertad si el delito es grave o no, así como concluir con los procesos correspondientes mediante la suspensión condicional y el procedimiento abreviado; sin embargo debe armonizarse, en cuanto a su aplicación con la ley sustantiva penal, como lo estamos pretendiendo, para lograr mayor eficacia a favor de las víctimas, cuyos derechos fundamentales son de la misma embergadura que los del inculpado, sólo que en el proceso le toca al juzgador ponderar el respeto irrestricto de ambos actores o partes del proceso penal, víctima-procesado. Ese debe ser el equilibrio que conduzca al fin último del derecho penal, lograr la justicia con equidad.

Aunado a lo anterior, la mentalidad que prevalece en la mayoría de los Agentes del Ministerio Público es la del menor esfuerzo, ya que buscan archivar la mayoría de las carpetas de investigación, mediante la conciliación de las partes o la inhibición a la parte ofendida para que se busque una pena ejemplar, lo que conlleva a desalentar a las víctimas a denunciar y a los testigos a participar ante la falta de una adecuada atención y la evidente pérdida de tiempo.

Actualmente, el hecho que más lastima a la mayoría de los guanajuatenses es el robo en sus diversas modalidades, sin dejar de considerar que los sujetos activos han optado por realizar la conducta valiéndose de armas de fuego, armas blancas, e incluso ambas, circunstancia que no es observada como agravante para la determinación de la culpabilidad y punición de este delito, lo que pugnamos a través de esta iniciativa y por ello objetivamos el que sea considerada la misma.

La anterior afirmación encuentra sustento en datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales demuestran que durante el año 2018 el robo fue el delito que más casos registró en Guanajuato, debido a que se contabilizaron 42 mil 982 casos, lo que posicionó a la entidad en el cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de registros por este delito, solo por debajo del Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco, sin contar las cifras negras de delitos de robo no denunciados por la desconfianza de la sociedad en las autoridades.

Estos datos también enfatizan que, al finalizar el año pasado, la modalidad que más casos registró en el delito de robo fue el robo a negocio, con 7,099 casos, es decir, el 16.5% del total estatal. Así mismo, el robo a vehículo automotor obtuvo el segundo lugar, pues durante 2018 se registraron 4,150 casos, lo equivalente al 9.7%, seguido del robo a casa habitación, con 2,847 casos, es decir, el 6.6% del total.

Cabe destacar que el 66% de los robos, es decir, 28 mil 336 casos, se encuentran clasificados como “otros robos”, los cuales, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se tratan de robos no considerados en las categorías incluidas en la incidencia delictiva, como robo de mascotas y robo de aeronaves.

Por otra parte, el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública demuestra que, en los meses de julio, agosto y noviembre del mismo año 2018, este delito se intensificó, ya que se registraron 11 mil 567 casos, lo equivalente al 26.9% del total. Sin embargo, en promedio se cometieron 3,582 robos cada mes, o de otra manera, 118 robos al día en Guanajuato.

Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública demuestra a través de sus estadísticas, que el robo en el estado ha aumentado año con año, un ejemplo de ello es que en 2015 se registraron 31 mil 655 robos en la entidad. La cifra anterior es menor por 11 mil 327 casos, a la que se registró durante 2018, lo que indica que en tan solo tres años el delito de robo incrementó en un 35.8 por ciento.

De igual manera, si comparamos la cifra total de robos en la entidad durante 2016 (que fue de 35 mil 63 casos) con la del año pasado, el incremento es del 22.6%, mientras que, respecto al total de robos en 2017 (39 mil 809) este delito incrementó en un 8 por ciento.

Estos datos también indican que el municipio con mayor número de casos registrados durante 2018 fue León, con 11 mil 577 robos, lo equivalente al 27% del total estatal, seguido de Celaya, con 7,975 casos (19%); Irapuato, con 6,111 (14%); Salamanca con 3,145 registros (7%) y finalmente Guanajuato, con 1,833 casos (4%). Sin embargo, es necesario considerar que en siete de los 46 municipios guanajuatenses se concentra el 78% de los casos de robo registrados en la entidad. Asimismo, tan solo ocho municipios registraron menos de 50 casos en todo el año.

Los diez municipios de nuestro estado de Guanajuato con más casos de robo durante el año 2018 son:

Municipio Número de robos
León 11,577
Celaya 7,975
Irapuato 6,111
Salamanca 3,145
Guanajuato 1,833
Silao de la Victoria 1,673
San Miguel de Allende 1,192
Cortázar 772
Pénjamo 748
Valle de Santiago 742

Por lo que hace al robo a casa habitación, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública demuestran que, de enero a marzo de 2019, se han denunciado 734 robos a casa habitación, de los cuales 57 fueron con violencia y 677 sin violencia.

Asimismo, destaca que, durante el mes de marzo de 2019, se elevaron un 21.6 por ciento los robos a casa habitación con violencia, esto en relación al mismo mes del año anterior.

Mientras en marzo de 2018, se denunciaron 242 robos a casa habitación con violencia; en marzo de 2019 se registraron 309 carpetas de investigación, que representan 67 casos más.

El repunte en los robos cometidos en todas sus modalidades durante marzo en Guanajuato se constató con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con un registro de 1.1% más de estos delitos en comparación al mismo mes, pero de 2018.

El listado publicado por la dependencia federal indica que en el tercer mes de 2019 se registraron 3 mil 452 robos en Guanajuato, mientras que, en el mismo periodo, pero de 2018 se contabilizaron 3 mil 412 robos.

De lo anterior se deduce que ya sea con o sin violencia, la comisión del robo a casa habitación ha ido al alza en su comisión.

Por otra parte, respecto de los aludidos delitos de robo en todas sus modalidades, la inmensa mayoría no son esclarecidos, salvo, cuando los individuos que perpetraron el hecho lo hacen en flagrancia, es ahí cuando empieza el calvario de la víctima, por mencionar al respecto se tiene lo siguiente:

  1. No hay una reparación del daño en cuanto al daño psicológico causado por el hecho que vive el sujeto pasivo, pues esta afectación no es reparada bajo ninguna circunstancia.

b) En tratándose de delito flagrante, al ser detenido el individuo que perpetra la conducta delictuosa, normalmente se recuperan los bienes que fueron objeto material del ilícito, a escuchar de las diversas manifestaciones del personal del Ministerio Público, Titulares y Oficiales, así como de los defensores públicos; en ese sentido, incitan al ofendido mediante palabras como lo son “para que se mete en problemas si ya se recuperó lo que le quitaron”, “para que quiere seguir con el asunto, ya no denuncie”, “no sabe con quién se está enfrentando, va a salir y le pueden hacer algo”, “otorgue el perdón (para el caso de que haya presentado la denuncia)”, entre otras situaciones. Grave intimidación de quien es la autoridad que debe protegerlo y alentarlo a denunciar, fomenta esa sensación de impunidad y que el sistema penal no funciona adecuadamente.

c) El sujeto pasivo del delito atraviesa una mala experiencia al apreciar que liberan al delincuente, mediante la suspensión condicional, o en su caso, mediante el procedimiento abreviado.

Ante este último caso, considerando que hoy en día y ya desde hace mucho tiempo los delincuentes han optado por llevar a cabo robos usando armas de fuego o armas blancas para perpetrar el hecho delictivo; en el Grupo Parlamentario del PRI nos hemos pronunciado a favor de la justicia social, es por ello que, para inhibir la liberación de los delincuentes, mediante suspensión condicional, o en su caso, mediante el procedimiento abreviado, proponemos también la adición de una fracción II, recorriéndose en su orden las subsecuentes, respecto del artículo 194 del Código Penal del Estado de Guanajuato, mediante la cual se establezca que cuando se lleve a cabo el delito de robo y para perpetrar éste, se usen armas de fuego, armas blancas o ambas, la sanción pueda ser aumentada con pena de prisión hasta de 10 años.

Es este apartado resulta menester hablar sobre la “Teoría de la Pena”, para ello, realizamos las siguientes consideraciones:

En materia jurídico penal la teoría de la pena alude que, a partir de la determinación de una sanción, se pretende regular el orden y equilibrio social que se subsume en la necesidad de combatir los errores que hemos acumulado en los siglos anteriores, respecto al tratamiento del penado y la finalidad misma de la sanción, que tantos ejemplos de fría atrocidad nos ha presentado, como fueron en su tiempo los sacrificios y bárbaros tormentos practicados con insensible indolencia por los verdugos.

Así, se tiene que, para decretar las penas correspondientes a los delitos, en puridad, dicha labor corresponde únicamente al legislador, pues representa a toda la sociedad unida por virtud del contrato social, no obstante, resultará siempre tarea del magistrado judicial establecer la Teoría de la Pena, así como la proporción de ésta que corresponde a cada justiciado, basado en los principios de racionalidad y proporcionalidad.

A lo anterior, vale la pena aducir palabras en obra de un literario, filosofo, jurista y economista italiano de nombre Cesare Bonesana, Marques de Becaria, concentradas en su distinguida obra Tratado de los Delitos y las Penas: “¿Queréis evitar los delitos?… Haced que las leyes sean claras y simples, y que toda la fuerza de la nación esté empleada en defenderlas, ninguna parte en destruirlas…”.

Lo que redunda en que, en nuestro quehacer como legisladores, debemos ser proclives a legislar con responsabilidad atendiendo a la problemática y necesidad social, con el ánimo de construir normas con fines específicos y objetivos que encuentren su justificación, primeramente, en la inhibición del delito y, consecuentemente, en establecer de manera clara y simple las penas acordes a la realidad social, así como establecerse de manera extremadamente garantistas del acceso a la justicia.

Así, podemos decir que la teoría de la pena es aquella que renuncia a ofrecer fundamentos éticos a la pena, toda vez que será entendida como una consecuencia del delito y un medio para la obtención de ulteriores objetivos, como un instrumento de motivación y como un remedio, dirigida al delincuente para impedir el delito, pero también, explicando su utilidad y provecho, en relación a la prevención especial de la criminalidad; pues el fin de la pena es disuadir al autor de futuros hechos punibles, es decir, evitar las reincidencias y sólo es indispensable aquella pena proporcional, ejemplar y eficaz que se necesite para lograrlo, que procurará readaptar al autor mediante tratamientos de resocialización.

De lo anterior se desprende que, la necesidad de prevención especial es la que legitima la pena, y, por el contrario, una pena necesaria debe ser justa. En ese sentido, la prevención especial no debe basarse en querer retribuir el hecho pasado, ni tampoco en miras al pasado, sino que debe prevalecer la justificación de la pena en cuanto a prevenir nuevos delitos del autor.

En otras palabras, la eficacia de la incriminación exige que ella se adapte a cada sujeto, procurando corregir, intimidar e inocuizar, según la personalidad de cada individuo sobre el que la pena deba cumplir su función preventiva especial, así, la prevención especial, conforme lo estableció desde su tiempo Franz Von Liszt, actúa de tres maneras:

a. Corrigiendo al corregible: resocialización.

b. Intimidando al intimidadle.

c. Inocuizando a quienes no son corregibles ni intimidables.

Así pues, en este tiempo es aplicable, vigente y válido pensar que la necesidad de la pena debe fundamentarse en la teoría de la imposición de sanciones.

Ahora bien, además de todo lo antes mencionado, la propuesta que realizamos mediante la presente iniciativa, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se base en los razonamientos siguientes:

– La suspensión condicional opera cuando el hecho que se le imputa al probable delincuente, la sanción que se le debe imponer no excede de diez años.

– Por lo que hace al procedimiento abreviado, este prospera en cualquier situación, con el beneficio para el delincuente de que, al negociar una pena mínima, obtenga inmediatamente su libertad, lo cual acontece en cualquier delito de robo, sin importar el monto que sea, simplemente que se haya reparado el daño.

Los paliativos anteriores conllevan el hecho de que una persona que cometió el delito de robo pueda obtener su libertad en un breve tiempo, es decir, normalmente, de una semana a quince días; lo que significa que, la persona que comete el delito de robo tiene dos oportunidades para quedar libre, y es hasta la tercera en que pudiera quedar preso o privado de su libertad por tal hecho delictivo.

También resulta importante señalar que lo anterior genera desánimo en los cuerpos policiacos, ya que muchos delincuentes se burlan de su labor, pues saben que van a obtener su libertad en breve tiempo, por lo que en muchas ocasiones los elementos prefieren ya no actuar, o simplemente, recuperan lo robado a favor de la víctima y ya no llevan a los individuos ante el Ministerio Público.

Así las cosas, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional coincidimos en que en nuestro Código Penal deben establecerse penas que sean ejemplares, proporcionales y racionales de acuerdo a la forma en que el delincuente actúa e incluso inhibitorias del delito de robo; pues entendemos y comprendemos el sentir de las víctimas que padecen este tipo de hechos delictivos, toda vez que además del impacto emocional de haber sido robado, estas personas pierden tiempo y dinero durante la tramitología, es decir, no ven justicia desde su inicio hasta su fin, pues los delincuentes gozan actualmente de estos derechos de beneficio que les concede el Código Penal a través de lo estipulado en los artículos que pretendemos modificar.

En ese sentido, con la presente iniciativa el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia en contra de la llamada “Puerta Giratoria”, ya que la presente conlleva erradicar a través de los supuestos normativos de nuestro Código Penal este tipo de sucesos e incluso, desde una perspectiva social preventiva e intimidatoria, inhibir el delito de robo en nuestra entidad, ante la inminente alza de este hecho delictivo en los últimos años.

Para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, los que suscribimos la presente iniciativa coincidimos en que de aprobarse ésta, tendrían cabida los siguientes impactos:

  1. JURÍDICO: Se materializa en virtud del ejercicio de la facultad de las y los iniciantes respecto de lo establecido en el artículo 56, fracción II, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; así como en razón de las pretendidas modificaciones a los artículos 191 y 194 del Código Penal del Estado de Guanajuato.
  2. ADMINISTRATIVO: Con las propuestas realizadas mediante la presente iniciativa no se materializan impactos del tipo administrativo.
  3. PRESUPUESTARIO: No hay un impacto presupuestario.
  4. SOCIAL: Fortalecimiento de las acciones del derecho punitivo y concientización social, e inclusive, a través de la norma, inhibición del delito de robo en todas sus modalidades en respeto irrestricto de los derechos humanos y garantías individuales de la ciudadanía guanajuatense.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Único. Se deroga el último párrafo del artículo 191; se adiciona una fracción II al artículo 194 recorriéndose en su orden las subsecuentes, ambos del Código Penal del Estado de Guanajuato, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 191. A quien se…

I a la V…

Cuando se modifique…

Derogado.

Derogado.

Artículo 194. Se considera calificado…

  1. Se ejecute con violencia en las personas.

Para los efectos de esta fracción sólo se considerará la violencia moral cuando se coaccione a la víctima con un mal presente o inmediato.

  1. Se ejecute mediante el uso de arma de fuego, arma blanca o ambas.

Para los efectos de esta fracción, la sanción aumentará con prisión hasta de 10 años.

  1. Se cometa en camino público, en lugar desprotegido o solitario.
  2. Se cometa quebrantando la confianza o seguridad derivada de alguna relación de servicio, trabajo u hospitalidad.
  3. Se cometa en morada ajena o en lugar cerrado.
  4. Se realice aprovechando la falta de vigilancia, el desorden o confusión derivados de una desgracia privada, siniestro, catástrofe o desorden público.
  5. Se ejecute con participación de dos o más personas.
  6. El objeto robado sea un expediente, documento o valores que obren en dependencia pública.
  7. El objeto robado sea un vehículo de motor.
  8. Derogada.
  9. El objeto robado sea una máquina agrícola o una bomba de agua, su arrancador, transformador, cables o cualquier otro equipo o aditamento destinado al riego de cultivos agrícolas.
  10. El objeto del robo sean documentos que integren prestaciones a favor del trabajador, utilizados para intercambiar bienes o servicios.

En los casos…

ARTÍCULO TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Guanajuato, Guanajuato, a 27 de junio del año 2019.

 

Diputada Maestra Celeste Gómez Fragoso

Diputada Licenciada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno

Diputado Licenciado José Huerta Aboytes

Diputado Licenciado Héctor Hugo Varela Flores

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