INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO A FIN DE QUE EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES

DIPUTADA LORENA DEL CARMEN ALFARO GARCÍA
PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUANAJUATO
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA
P R E S E N T E.

Quienes integramos el grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, con fundamento en lo que disponen los artículos 56, fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 167, fracción II, 168 y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guanajuato, por su conducto sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 14, 87, 93, 159 y 163 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es un hecho notorio e incontrovertible que la corrupción es un fenómeno que ha permeado a las más diversas estructuras institucionales, que no ha respetado niveles de mando y que es multifacética en su presentación.

Es la fuente de generación de problemas muy graves y nocivos como la drástica reducción de la eficacia en el combate a la pobreza y la disminución de la desigualdad social; y por la consecuente fuga y distorsión de los recursos públicos, disminuye la inversión gubernamental y desacelera el crecimiento económico.


Además de ser un repulsivo problema de ética política, es un freno para el desarrollo económico y social del Estado, pues existen datos suficientes para sostener que debido a esas prácticas nocivas, aumenta el precio de los bienes y servicios y su calidad se menoscaba.

Es una ominosa expresión de abuso de poder, que genera un acceso inequitativo a la riqueza y causa la percepción social de que el servicio público es un simple negocio para los políticos, por lo que vulnera la legitimidad del Estado y mina la confianza de la gente en el gobierno.

Debido a ello, la sociedad repudia de manera unánime el desleal ejercicio de quien se enquista en posiciones de poder desde donde debiera brindar un servicio público honesto, pero sólo las ocupa para medrar en su propio beneficio o el de sus allegados.

Por eso también, es que todas las fracciones y grupos parlamentarios que integramos este Congreso, atentos a ese rechazo generalizado de nuestros representados, hemos resultado coincidentes en la expresión de nuestro compromiso común por erradicar cualquier forma de malversación del gasto público.

Una de las formas que suele adoptar la corrupción de ciertos servidores públicos carentes de escrúpulo y de moral social, es la de alterar el valor nominal de los bienes que forman parte del objeto de los contratos administrativos que requiere celebrar el Estado para cumplir con sus finalidades.

La mecánica de esa criminal alteración se produce por el siniestro contubernio oficiado entre el servidor público desleal y sus cómplices del sector privado, quienes pactan valores de los bienes muy diferentes a los reales, con la coparticipación complaciente de valuadores a modo.     

Resulta notorio que maniobras de eseta lante dañan o perjudican el patrimonio de los guanajuatenses en beneficio exclusivo de favoritos de ocasión, que hacen crecer sus fortunas de nuevo rico a la sombra de ciertos gobernantes carentes de ética.

Esa situación no se corrigió con la expedición de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato contenida en el Decreto Legislativo número 262, emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 206, en fecha 26 de diciembre de 2014

Dicha Ley fue producto de la dictaminación de tres iniciativas, cuyos propósitos declarados eran la procuración de que los recursos económicos de que disponga el sector público se administren con eficacia y eficiencia para obtener las mejores condiciones de precio,calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias inherentes a las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes y servicios de cualquier naturaleza que requiera el Gobierno Estatal para el cumplimiento de sus funciones.

Tal disposición abrogó a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del sector Público en el Estado de Guanajuato, pero las diferencias entre ambas no son sustanciales, pues a la nueva Ley sólo se le incorporó la figura del convenio marco y la posibilidad de realizar licitaciones por medios electrónicos; pero no prevé un alto grado de garantía de fidelidad en la realización de los avalúos cuando éstos se requieran, para preservar el patrimonio del Estado.

Los casos en los cuales se precisa la realización de un avalúo son los relativos a: 

a).- la enajenación de bienes muebles por parte del Estado; 

b).- la adquisición de bienes usados, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública;

c).- la adquisición y arrendamiento de todos los bienes inmuebles; y, 

d).- la enajenación, administración y disposición de los bienes inmuebles del Estado, supuestos que respectivamente se establecen por los artículos 87, 93, 159 y 163 de la Ley de Contrataciones Públicas.

En efecto, el párrafo inicial del artículo 87, en relación con enajenaciones realizadas por el Estado, respecto de bienes de su propiedad, establece que El monto de la enajenación onerosa de los bienes del patrimonio mobiliario no podrá ser inferior al precio mínimo base que determinen los comités, los cuales considerarán para esos efectos los valores que se hayan determinado mediante avalúo practicado conforme a las disposiciones aplicables.”

El diverso numeral 93, en el supuesto de adjudicaciones directas dispone que:

«Artículo 93. Los comités, previo acuerdo de la Secretaría o los órganos de administración según corresponda, podrán autorizar y adjudicar contratos sin llevar a cabo las licitaciones que establece esta ley, en los supuestos que a continuación se señalan::

III. Tratándose de bienes usados, el precio de adquisición no podrá ser mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán las instituciones de banca y crédito o terceros autorizados para ello, conforme a las disposiciones aplicables;»

Por su parte, el artículo 159 de la referida ley, respecto de la adquisición y arrendamiento de inmuebles, dispone:

«159. En la adquisición y arrendamiento de todos los bienes inmuebles por los sujetos de esta ley, corresponderá a la Secretaría o a los órganos de administración, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I.  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

III. Determinar con base en los avalúos pertinentes, el precio máximo de la adquisición de los inmuebles objeto dela operación»

Son altamente vagas, imprecisas y por tanto ineficaces para los fines que se buscan, las expresiones: “mediante avalúo practicado conforme a las disposiciones aplicables”; “con base en los avalúos pertinentes”, o “por medio de avalúo que practicarán las instituciones de banca y crédito o terceros autorizados para ello […]”

Para conseguir la prevención que procuramos mediante la reforma que proponemos, el avalúo, cuando proceda, o la justipreciación, deben de practicarse por una institución seria que históricamente ha venido trabajando con el objetivo de cuidar, administrar y dictaminar el justo valor del patrimonio federal. A partir de un equipo de gente comprometida, honrada y eficaz, que a lo largo de los años ha actuado con pasión y  se le reconoce tener uno de los marcos regulatorios más esbeltos,modernos y conforme a estándares internacionales de valuación, esto ha permitido tener avalúos más confiables, sin duda me refiero al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

De tal suerte, aprovechando La capacidad instalada de tan prestigiada Institución y la posibilidad jurídica que permite su marco normativo para prestar servicios a otros entes públicos no federales en los términos del  

artículo 3 fracción IV.  Del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales que ala letra dice: Prestar los servicios valuatorios que le soliciten las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, la Oficina de la Presidencia de la República y empresas productivas del Estado, así como las demás Instituciones Públicas, personas físicas o morales nacionales o extranjeras que requieran servicios valuatorios regulados por el Instituto. Es que proponemos las adiciones a los artículos referidos en la presente iniciativa

.

De tal suerte, existen 2 formas de acceder a los servicios de valuación que presta el instituto, a saber, uno escomo institución pública promovente y la otra que vía convenio el Estado impulse con el Instituto y es en este tenor que proponemos adicionar el enunciado normativo del artículo 14, estableciendo la posibilidad especifica de convenir con el  Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Estas medidas legislativas tienen un propósito eminentemente preventivo, pues buscan que los bienes que enajene,adquieran o arrienden los sujetos obligados, tengan el valor más justo que resulte posible, un valor que no tenga de más para que sobre, ni de menos para que falte; pero sobre todo, que nos permita combatir la práctica corrupta que se puede presentar en las contrataciones públicas.

Que con el objeto de garantizar la adecuada valuación del patrimonio del Estado, en los actos jurídicos que se relacionan con el mismo, se hace necesario contar con un marco normativo que permita unificar la utilización de conceptos, técnicas y procedimientos valuatorios congruentes con las normas internacionales de valuación relativa a establecer mecanismos de coordinación interinstitucional fungiendo como Promovente ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales o vía convenio . para dictaminar de forma más certera y expedita los avalúos, de acuerdo a estándares internacionales.

Y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; los que suscribimos la presente iniciativa coincidimos en que de aprobarse ésta, tendrían cabida los siguientes impactos:

I.JURÍDICO:


El impacto de modernización legislativa conlleva las reforman  de los artículos 14, 87, 93, 159 y 163 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, que permitirían trasparentar las adquisiciones gubernamentales.

II.ADMINISTRATIVO:

Genera un proceso incluyente, transparente y profesional, que aprovecha las capacidades y potencialidades de una institución del ámbito federal de reconocido prestigio en materia de valuación, garantizando las mejores condiciones para el Estado.

III. POLÍTICO:

Elimina  en parte, la percepción de  corrupción que priva en las adquisiciones y enajenaciones del Gobierno del Estado, en suma, la transparencia y control de la corrupción es uno de los principios que debe guiar la administración de los recursos públicos, para fortalecer la economía, democracia y el Estado de derecho.

IV. PRESUPUESTARIO:

De aprobarse, una vez complementado el proceso legislativo, tendría un impacto positivo para las arcas públicas.

V. SOCIAL:

Genera Legitimidad, transparencia y credibilidad en las instituciones, en los procesos de contrataciones públicas del Estado.

En virtud de lo antes expuesto y en ejercicio de la facultad que nos confieren los preceptos citados en el proemio,sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el Proyecto de Decreto que ha sido entregado previamente a la Presidencia.

 

Guanajuato, Gto., a los 22 días del mesde Noviembre del año 2018.

Diputada Maestra Celeste Gómez Fragoso

Diputada Licenciada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno

Diputado Licenciado José Huerta Aboytes

Diputado Licenciado Héctor Hugo Varela Flores

 

 Diputado Licenciado José Huerta Aboytes 

Diputada Maestra Celeste Gómez Fragoso

    Diputada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno 

     Diputado Licenciado Héctor Hugo Varela Flores

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