C. MARTHA ISABEL DELGADO ZÁRATE

PRESIDENTA DEL HONORABLE CONGRESO DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA

PRESENTE.

Las y los que suscribimos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracción II y 65, fracción I de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; así como por lo establecido por los artículos 66, 167, fracción II, 168 y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos presentar y someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se reforman los artículos 98 y 99 y se agrega un Capítulo XIV al Título Primero, integrado por los artículos 119 Bis, 119, Ter, 119 Quáter y 119 Quinquies, todos ellos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y mediante la cual, también, se recorren los actuales capítulos XIV, XV, XVI Y XVII de la propia Ley, para quedar como capítulos XV, XVI, XVII y XVIII del mismo ordenamiento, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 28 de abril de 2016, el entonces titular del Ejecutivo federal, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, presentó ante el Senado de la República una iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana.

Dicha propuesta partía de la visión de que por Justicia Cotidiana se entiende al conjunto de instituciones y procedimientos que hacen posible la solución de los conflictos que surgen de la continua interacción que todos los días se suscita entre los gobernados. En ese catálogo se comprenden los asuntos familiares, civiles, mercantiles, vecinales, administrativos y de manera muy destacada, los laborales.

Esa iniciativa fue aprobada por el Senado de la Republica el 13 de octubre de 2016, y por la Cámara de Diputados en fecha 4 de noviembre de la misma anualidad.

Con el respaldo de ambas cámaras del Congreso de la Unión, arrancó el proceso de aprobación de las Legislaturas de las entidades federativas a efecto de consolidar el procedimiento de reforma, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 135 constitucional.

Una vez aprobada la enmienda de referencia, con el firme propósito de concretar un proceso de mejoramiento sustancial en la impartición de la justicia y con el fin de garantizar una tutela judicial efectiva de todas las personas en todas las esferas de su convivencia, ésta extendió sus alcances al plano de los conflictos obrero- patronales.

En efecto, en fecha 24 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Justicia Laboral, mediante la cual se emprende una profunda reforma al sistema de justicia en esa sensible materia.

Mediante dicho decreto se reformaron el inciso d), de la fracción V, del artículo 107 constitucional; las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI Y el inciso b), de la fracción XXVII; se adicionan la fracción XXII Bis y el inciso c) a la fracción XXXI del Apartado A, y se elimina el último párrafo de la fracción XXXI del Apartado A, todos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Entre los puntos esenciales de la mencionada enmienda, se plantea en el párrafo inicial de la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional que:

«XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia

La principal consecuencia de dicho mandato es la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para que los asuntos derivados de los conflictos individuales y colectivos que se susciten entre el capital y el trabajo sean conocidos, ventilados y resueltos, en lo futuro, por tribunales del trabajo dependientes del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, de los poderes judiciales de las entidades federativas.

Con ello se da fin al paradigma de los tribunales de integración tripartita que fueron implantados por la Ley Federal del Trabajo de 1931; y que durante casi nueve décadas han venido operando hasta llegar al extremo de que tanto los trabajadores y patrones justiciables, como los propios funcionarios del sistema y los litigantes estiman que es un modelo agotado.

Un esquema que ha llegado a su caducidad, entre otras causas, porque si bien desde la propia Ley laboral de 1931 se estableció como principio del Derecho Procesal del Trabajo el de inmediatez y luego en 1988 fue incorporado el de concentración, lo cierto es que dada la dificultad de tener permanentemente integrada la Junta y el alto cúmulo de asuntos planteados, dichas situaciones fueron derivando a un problema en apariencia insoluble al menos en el caso de la Junta Federal.

En efecto, tal es el tamaño del rezago acumulado en las diversas Juntas especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que tienen que pasar no años, sino lustros, para que se dicte el laudo que ponga fin a la controversia, poniendo en evidencia la versión de que los juicios se dilataban por el malsano interés de los litigantes que manipulaban la duración de los procesos para medrar con los salarios caídos.

Esa equivocada impresión provocó que el 1 de diciembre de 2012 se reformara el artículo 48 de la Ley laboral para limitar a un año el monto de los salarios vencidos en perjuicio exclusivo de la parte trabajadora que ve pasar los años sin que se resuelva su caso.

La causa principal de ese colosal rezago es que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se ha convertido en un tribunal de pensiones en demérito de la celeridad de las controversias entre capital y trabajo para el que fue instituida.

Pero cualquiera que sea o haya sido la causa de su creciente ineficacia operativa y de su declive institucional, en los Diálogos por la Justicia Cotidiana fue muy insistente el planteamiento de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje debían de desaparecer y sus funciones ser absorbidas por el Poder Judicial.

En atención a ese reclamo, el Presidente de la República tomó la decisión de iniciar la reforma constitucional que se contiene en el ya referido Decreto de fecha 24 de febrero de 2017; en cuyo cumplimento, el Poder Judicial del Estado debe, en lo futuro, conocer y resolver los conflictos individuales y colectivos del trabajo, que correspondan a la jurisdicción local de acuerdo a las materias excluidas por la Fracción XXXI del Apartado A del artículo 123 constitucional y el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo.

No se debe soslayar, que las Juntas eran organismos no sólo de arbitraje, sino también de conciliación; y que con su desaparición, ambas funciones tendrán que ser asumidas por otras entidades, la jurisdiccional por el Poder Judicial y la conciliatorias por centros encargados de esa actividad.

En la presente iniciativa, proponemos a ustedes las reformas que resultan pertinentes para que el Poder Judicial del Estado absorba la función de dirimir los conflictos individuales y colectivos que se susciten entre capital y trabajo, a efecto de lo cual en el capítulo XV, se instituyen los juzgados de lo laboral, para que ejerzan en las regiones que disponga el Consejo del Poder Judicial.

En los términos del artículo quinto transitorio, de las reformas del año 2019 a la Ley Federal del Trabajo, el cual norma el plazo de inicio de funciones de la autoridad conciliadora local y tribunales locales, nos menciona que los Centros de Conciliación Local y los Tribunales del Poder Judicial de la Entidades Federativas iniciarán actividades dentro del plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor del decreto, en los términos que establezca su propia normatividad y posibilidades presupuestales, conforme a lo que determinen sus poderes locales, dichos Centros de Conciliación Locales deberán entrar en operación en la misma fecha en que lo hagan los Tribunales Locales. Por lo que debemos de prever las adecuaciones normativas y logísticas para que los operadores de la norma estén en posibilidades fácticas de acatar dicho decreto y seguir a la vanguardia en nuestro país.

Y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; los que suscribimos la presente iniciativa coincidimos en que de aprobarse ésta, tendrían cabida los siguientes impactos:

JURÍDICO:

De aprobarse las reformas y adiciones aquí planteadas, tendrá como impacto jurídico el de acatar las disposiciones contenidas en el Decreto de fecha 24 de febrero de 2017, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 Y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Justicia Laboral, mediante la cual se establecen las bases legales para transformar el sistema de administración de justicia en esa sensible materia.

Uno de los impactos más importantes es el de posibilitar que la justicia laboral, sea pronta y expedita, como lo mandata la Constitución y lo requiere el justiciable.

ADMINISTRATIVO:

Esta reforma desaparee de la estructura administrativa del Estado a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.

Mediante la creación de los juzgados de lo laboral, se modifica la estructura del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, y también se incrementan sus funciones, al facultársele para conocer y resolver los conflictos individuales y colectivos del trabajo.

PRESUPUESTARIO:

El presupuesto del Poder Judicial del Estado debe incrementarse para satisfacer los requerimientos que se generen con la creación de los juzgados de lo laboral, a fin de que funcionen de manera eficiente.

Los recursos que se dejarán de ejercer con motivo de la desaparición de las Juntas pueden reasignarse, en parte, al presupuesto del Poder Judicial del Estado.

SOCIAL:

Los sectores de la producción sin duda resultarán beneficiados con la reforma que se propone, pues en principio atiende un insistente planteamiento que venían haciendo para que las controversias que se suscitaban con motivo de las relaciones obrero patronales, se resolvieran en sede jurisdiccional.

En mérito de lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. Se reforman los artículos 98 y 99 y se agrega un Capítulo XIV al Título Primero, integrado por los artículos 119 Bis, 119, Ter, 119 Quáter y 119 Quinquies, todos ellos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y se recorren los actuales capítulos XIV, XV, XVI Y XVII de la propia Ley, para quedar como capítulos XV, XVI, XVII y XVIII del mismo ordenamiento, para quedar como sigue:

Artículo 98.-

Quinto párrafo

El Consejo del Poder Judicial determinará la circunscripción territorial, denominada región, que corresponda a los juzgados laborales; en caso de ser varios, se designarán por orden numérico.

Especialización por materia

Artículo 99. Los juzgados, en razón a la especialización por materia, podrán ser:

  1. Juzgados civiles;
  2. Juzgados penales;
  3. Juzgados laborales; y
  4. Juzgados mixtos.

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Capítulo XIV

Artículo 119 Bis. La función jurisdiccional en materia laboral será ejercida por los jueces laborales, quienes conocerán de los conflictos individuales y colectivos de esa materia, de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 119 Ter.- El juzgado laboral contará con el personal siguiente:

I. Juez laboral;

II. Secretarios;

III. Actuarios; y

IV.- El personal de apoyo que determine el Consejo del Poder Judicial.

Artículo 119 Quáter.- Los jueces laborales tendrán las atribuciones, facultades y obligaciones que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y las demás disposiciones.

Artículo 119 Quinquies.- Los secretarios de los juzgados laborales, además de las facultades que señala la Ley Federal del Trabajo, tendrán las siguientes:

I. A petición del Juez laboral, dictar los acuerdos relativos a la etapa escrita del procedimiento;

II. Al inicio de las audiencias, hacer constar oralmente en el registro la fecha, hora y lugar de realización, el nombre de los servidores públicos del Tribunal, y demás personas que intervendrán;

III. Tomar protesta previa de que se conducirán con verdad las partes y los terceros que intervengan en el desarrollo de las audiencias, apercibiéndolos de las penas que se imponen a quienes declaran con falsedad;

IV. Certificar el medio en donde se encuentre registrada la audiencia respectiva, identificar dicho medio con el número de expediente y tomar las medidas necesarias para evitar que pueda alterarse;

V. Firmar las resoluciones que así lo ameriten, el día en que se emitan;

VI. Decretar las providencias cautelares previstas en la Ley Federal del Trabajo, y

VII. Las demás que determine la ley o el Consejo del Poder Judicial.

Los actuarios tendrán las facultades que les atribuye la Ley Federal del Trabajo.

Capítulo XVI

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Capítulo XVII

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Capítulo XVIII

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TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

ARTÍCULO SEGUNDO. Los poderes ejecutivo y judicial en un término de 30 días formaran una comisión responsable de la transición y expedientes pendientes de resolver.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a Usted dar a esta iniciativa el trámite señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

Guanajuato, Guanajuato, a 27 de febrero de 2020.

Diputada Maestra Celeste Gómez Fragoso

Diputada Licenciada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno

Diputado Licenciado José Huerta Aboytes

Diputado Licenciado Héctor Hugo Varela Flores

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