CON SU VENIA DIPUTADA PRESIDENTA Y DE QUIENES INTEGRAN ESTA DIPUTACIÓN PERMANENTE, SALUDO AFECTUOSAMENTE A MIS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES QUE HOY NOS ACOMPAÑAN EN ESTA SESIÓN VIRTUAL Y A QUIENES NOS SIGUEN A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DIGITALES DEL CONGRESO.

Uno de los desafíos más grandes que tiene nuestro país es el relativo a la llamada transición demográfica, que entre sus principales secuelas arroja el envejecimiento de una parte importante de nuestra población.

En efecto, la esperanza de vida que se tenía en el país en 1930 era cercana a los 34 años, mientras que a partir del inicio del siglo XXI se ha incrementado a 75 años en promedio y esa tendencia se mantiene constante hasta nuestros días.

Bajo esa perspectiva se estima que para 2050 uno de cada cuatro mexicanos pertenecería a la tercera edad.

Esa situación es ambivalente, pues, por una parte, resulta satisfactorio que debido a la eficacia de las instituciones sanitarias posteriores a la Revolución mexicana se consiguió prolongar nuestra existencia, pero en contrapartida, el panorama se torna preocupante si consideramos que muchos de nuestros adultos en plenitud son personas con un perfil cargado de carencias.

En efecto, el problema es ¿Cómo se sostendrá económicamente ese sector de la población? ¿Qué costo representará para el país? ¿Resistirán los sistemas de pensiones y jubilaciones en México la carga que se les avecina?

De acuerdo a datos proporcionados por la CONSAR, después del recuento realizado por INEGI al Censo de 2010, en 2016 había 9.6 millones de personas de al menos 65 años en México.

De ellas, sólo 2.9 millones, es decir el 31 por ciento, tuvieron ingresos derivados de una pensión o una jubilación, principalmente de los institutos de seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Se estima que en la actualidad de los adultos mayores de 65 años, cuando menos 7 millones viven en condiciones de extrema pobreza pues se encuentran excluidos de los beneficios de una pensión a la que, por simple sentido humanitario, les correspondería.

Y se pensaría que los jubilados y pensionados constituyen una población privilegiada, pero realmente no es así, porque las pensiones o jubilaciones que perciben al momento de retirarse, en el mejor de los casos, son de apenas el 30 por ciento de su último salario.

Sólo una porción realmente muy reducida de trabajadores de organismos como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad o el propio Instituto Mexicano del Seguro Social perciben jubilaciones equivalentes a sus últimas percepciones salariales.

De ahí el problema en el que se encuentran nuestros adultos mayores, pues al momento de retirarse se ven depauperados por la reducción de sus ingresos y el incremento de sus necesidades especiales derivadas de la edad avanzada.

En 1995, se llevó una reforma estructural a la Ley del Seguro Social que entró en vigor el 1° de julio de 1997; y con ésta fueron creadas las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) en donde se guardan las cuentas individuales de retiro.

Se creyó en ese momento que con esa reforma que cambiaba el sistema de reparto por el de ahorro individual, se garantizaría un retiro digno para los trabajadores y trabajadoras mexicanas.

Con el paso de los años nos dimos cuenta de que esto no sería así, pues se imponía un periodo mínimo de espera de un cuarto de siglo para que los trabajadores tuvieran opción de disponer de la totalidad de sus recursos ahorrados mediante el pago de una pensión.

Se advirtió, asimismo, que lo ahorrado en las cuentas individuales sería una cantidad muy reducida, por lo que, las pensiones serían realmente muy bajas, lo cual condenaba a nuestra fuerza laboral a una vejez en condiciones de miseria.

Se imponía un cambio radical. Un cambio de timón al sistema pensionario con una reducción del número de semanas de cotización y con la posibilidad de aumentar las cantidades que fondearan las pensiones.

En ese marco y con el propósito de procurar el mejoramiento de las prestaciones pensionarias de las y los trabajadores de México, el pasado día 21 de este mes, el Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, con la presencia de los líderes de trabajadores y empresarios, así como de las Cámaras del Congreso de la Unión, anunció que presentará una iniciativa de reformas a la Ley del Seguro Social y de las AFORES.

La reforma contempla aumentar de 6.5 a 15 por ciento la aportación obligatoria realizada de manera tripartita entre el trabajador, el patrón y el gobierno al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; lo cual se prevé que una vez entrando en vigor el Decreto respectivo vaya incrementando de manera progresiva durante los próximos 10 años.

Otro cambio importante redunda en la disminución de las semanas cotizadas. Pues para acceder a una pensión mínima, en el régimen de la ley de 1997, los trabajadores deben cumplir con mil 250 semanas de cotización en el mercado laboral formal, es decir 24 años de vida laboral formal.

En se sentido, la propuesta sugiere reducir a 750 semanas de cotización, es decir se reduce a menos de 15 años en un trabajo formal. De tal manera que, si un trabajador cuenta con 750 semanas y tiene la edad de retiro, 60 años en tratándose de retiro por cesantía en edad avanzada o bien, 65 años si es por vejez, podrá tener acceso a una pensión.

Consideramos que este es un importante intento por mejorar la condición de los adultos mayores, quienes, con su esfuerzo, durante toda su vida activa, contribuyen a la creación de las bases más sólidas para sustentar el desarrollo económico de México.

Estudios de prospectiva económica han determinado que con esta reforma, se podría mejorar el monto de las pensiones hasta un 50 por ciento del último salario, lo cual contribuiría a dignificar la vejez de quienes ahora son el puntal más importante de la economía de la nación.

Reconocemos el esfuerzo que va a realizar el sector empresarial en este noble proyecto, pues corresponde a los patrones con responsabilidad social, la carga más importante en la tributación tripartita de esta cuota de retiro.

Celebramos su buena disposición y la visión histórica del Presidente de México quien con esta enmienda a la legislación, da un giro importante a la consolidación de uno de los objetivos más importantes de la Seguridad Social mexicana.

¡Señor Presidente!, destaco, el consenso es el modo más democrático de tomar decisiones, si Usted reorienta las acciones de gobierno y las encamina a alcanzar consensos en los temas relevantes, esto es, cuando Usted implica a los actores en las decisiones del gobierno y estas se vuelven tripartitas, como es el caso, el resultado será siempre bien venido, y así como en ocasiones no hemos compartido sus determinaciones, pues las consideramos en detrimento del pueblo de México, el día de hoy le decimos: ¡bienvenida esta propuesta de reforma y que sea en beneficio de las y los trabajadores de México!, pues las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI de este Congreso del Estado de Guanajuato tenemos el buen augurio de que la misma será dictaminada con un enfoque no menor a su propuesta y, desde luego, en favor de las y los trabajadores de México y de sus familias.

¡Que continúen las buenas acciones en favor del pueblo mexicano!

ES CUANTO PRESIDENTA, ¡MUCHAS GRACIAS POS SU ATENCIÓN!

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