C. DIPUTADO LUIS ANTONIO MAGDALENO GORDILLO

PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO

SEXÁGESIMA CUARTA LEGISLATURA

P R E S E N T E.

Las y los que suscribimos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 57, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; así como por lo establecido en los artículos 177 y 204, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos presentar y someter a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa, la propuesta de PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución, para que ésta realice un respetuoso EXHORTO a los cuarenta y seis ayuntamientos del estado de Guanajuato para que ejecuten las acciones necesarias y tengan el presupuesto para realizar las pruebas de detección del virus SarsCov2 (covid-19) de manera progresiva a las y los trabajadores de la administración municipal, priorizando a aquellos que se encuentren realizando labores de manera presencial y tengan contacto frecuente y directo con la ciudadanía y presente síntomas comunes a esta enfermedad; así como se implementen los mecanismos de atención inmediata para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19, con el objetivo de salvaguardar el derecho humano a la salud. Lo anterior, de conformidad con las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S:

Derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del virus SarsCov2 (COVID-19) el 29 de mayo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecieron los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas.

Con estos lineamientos, el 1 de junio de 2020 dio inicio la denominada “Nueva Normalidad”, siendo esta la estrategia de la autoridad sanitaria en México para seguir haciendo frente a la pandemia y establecer una serie de acciones para la reapertura ordenada y gradual de la economía, salvaguardando siempre el derecho a la salud.

Dentro de esta nueva normalidad, el semáforo de riesgo epidemiológico se convirtió en el mecanismo de vigilancia y control sobre el avance de la pandemia, siendo este el instrumento que determina el nivel de alerta sanitaria y define que tipo de actividades están autorizadas para llevarse a cabo en los ámbitos económico, laboral, escolar y social.

Así también, derivado de la implementación del Semáforo de Riesgo Epidemiológico, la autoridad sanitaria federal, estableció en los citados lineamientos, un listado de actividades consideradas esenciales, mismas que son las únicas que pueden operar cuando el semáforo epidemiológico se encuentra en su máximo nivel de riesgo.

De tal modo y debido a la naturaleza de sus funciones, las actividades propias de las administraciones municipales se encuentran comprendidas dentro de las actividades determinadas como esenciales, a saber, lo contenido en la Tabla 2. Clasificación de las actividades esenciales del numeral 4.1 de los citados lineamientos:

  • Las involucradas en la seguridad pública y protección ciudadana, defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia.
  • Recaudación tributaria.
  • Generación y distribución de agua potable.
  • Servicios de transporte de pasajeros y de carga.
  • Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno.
  • Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros.

Aunado a lo anterior, y para efecto de salvaguardar la salud de las y los trabajadores de la administración municipal y de la ciudadanía, el 14 de mayo de 2020 se publicaron diversas reformas a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato que permitieron el uso de herramientas tecnológicas para celebrar las sesiones de ayuntamiento a distancia, permitiendo así, la continuidad en los trabajos de los ayuntamientos sin poner en riesgo la salud de sus integrantes ni de la ciudadanía.

Sin embargo, pese a la recomendación de la autoridad sanitaria de privilegiar y favorecer el trabajo a distancia cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en su nivel máximo y a sabiendas de que algunas de las actividades propias de la administración municipal son consideradas como esenciales, es evidente que por la naturaleza de estas funciones y los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía (entiéndase las relativas a la seguridad, protección civil, servicios públicos, atención ciudadana, entre otras) las autoridades se han visto obligadas a llevar a cabo actividades presenciales.

Derivado de las actividades presenciales de las y los trabajadores de las administraciones municipales, a lo largo y ancho del estado se han presentado brotes y contagios en los centros de trabajo, como lo fue el sonado caso al interior de la Dirección General del Centro de Computo Comando, Comunicaciones y Control conocida como C4 de León, en el cual esta soberanía exhortó al ayuntamiento para que realizara las pruebas necesarias para evitar más contagios.

Así también y de acuerdo con notas periodísticas, para el pasado mes de agosto, tan solo en 7 municipios del Estado se habían registrado 726 funcionarios contagiados.[1]

Por lo que respecta al municipio de León, para inicios de diciembre pasado se registraron un total de 859 funcionarios contagiados, de acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Salud Municipal.[2]

De igual manera, en el mes de diciembre el municipio de San Francisco del Rincón informó que un total de 50 funcionarios de la Administración habían sido contagiados a lo largo de la pandemia.[3]

Por su parte, en el municipio de Celaya hasta el 10 de diciembre pasado se habían registrado un promedio de 20 contagios de funcionarios al mes desde que inició la pandemia, sin embargo, el pasado 08 de enero la administración municipal informó que la cifra se duplicó a 42 funcionarios contagiados en el último mes, dando un total de 181 funcionarios contagiados.[4]

A su vez, el pasado 6 de enero y luego de la reanudación de labores en el municipio de Guanajuato capital y de la realización de pruebas a 900 trabajadores, un total de 9 funcionarios dieron positivo por covid-19.[5]

Tales datos, ponen de manifiesto que derivado de las funciones propias de las administraciones municipales y pese a la implementación de las medidas de prevención ya conocidas (sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos, entre otras) las y los trabajadores de las administraciones municipales corren el riesgo de contraer la enfermedad. Aunado a ello, también se puede observar que las oficinas gubernamentales de los municipios, al ser en su mayoría espacios cerrados con poca ventilación y concurrencia de personas, se han convertido en importantes focos de contagio.

Sobre este último punto, vale la pena observar cómo algunas entidades federativas con una alta transmisión del virus han decidido cerrar sus oficinas de atención a la ciudadanía, como es el caso de la Ciudad de México.[6]

Lo anterior cobra relevancia al observar que, de acuerdo con la información publicada por la Organización Mundial de la Salud, derivado de la exposición al virus SarsCov2 (Covid-19), pueden generarse cuadros asintomáticos, cuadros con síntomas muy leves que puedan no ser detectados a tiempo o bien que se puede comenzar a contagiar la enfermedad hasta uno o tres días antes de la manifestación de síntomas.[7] Por ello, surge la necesidad de detectar casos asintomáticos o presintomáticos a tiempo para evitar brotes y más contagios, especialmente en lugares cerrados, concurridos o bien en personas que tengan contacto frecuente con una cantidad considerable de ciudadanos, como es el caso de la mayoría de las labores propias de las administraciones municipales.

Al respecto de tales consideraciones, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan realizar pruebas para detectar el virus SarsCov2 (covid-19) a las personas que participen de actividades de mayor riesgo de contraer el COVID-19 porque no fue posible mantener el distanciamiento o por estar en espacios interiores con muchas personas.[8]

Ahora bien, cabe resaltar que ante el avance de la pandemia en el estado y en virtud de lo manifestado por las propias autoridades sanitarias, ahora más que nunca deben minimizarse los riesgos, puesto que desde el 25 de diciembre y hasta el 31 de enero el Comité Estatal de Seguridad en Salud del estado (CESSSA) determinó el regreso de la entidad al semáforo rojo para la reactivación económica debido al incremento exponencial en el porcentaje de positividad, hospitalizaciones y concurrencia de casos.

Para dimensionar el estatus de la pandemia en el estado, al día de ayer, la Secretaria de Salud estatal reportó un total de 7,596 lamentables fallecimientos, aunado a que la ocupación hospitalaria para la atención de pacientes Covid ronda el 84% de ocupación lo que ha generado la saturación de algunos hospitales a lo largo del estado.

Ante este panorama, es indispensable que para garantizar la salud tanto de las y los trabajadores municipales como de los ciudadanos que estos atienden, se realicen las pruebas de detección del virus SarsCov2 (covid-19) de manera progresiva, como medida preventiva y con la finalidad de evitar que las oficinas públicas se conviertan en focos de contagio, hasta en tanto la transmisión del virus disminuya conforme al nivel de riesgo del semáforo epidemiológico.

Así pues, las Diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario del PRI nos pronunciamos en favor de impulsar cualquier medida preventiva que permita salvaguardar el derecho humano contenido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al derecho de todas las personas a la protección y acceso de la salud.

Cabe mencionar que, en atención al derecho humano a la salud, la ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato establece en el artículo 76,

fracción V, incisos d) y e) la atribución de los ayuntamientos para promover y procurar la salud pública del Municipio; así como de auxiliar a las autoridades sanitarias en la programación y ejecución de las disposiciones sobre la materia.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, solicitamos a esta Honorable Asamblea Legislativa la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, EXHORTA respetuosamente a los cuarenta y seis ayuntamientos del estado de Guanajuato para que ejecuten las acciones necesarias y tengan el presupuesto para realizar las pruebas de detección del virus SarsCov2 (covid-19) de manera progresiva a las y los trabajadores de la administración municipal, priorizando a aquellos que se encuentren realizando labores de manera presencial y tengan contacto frecuente y directo con la ciudadanía y presente síntomas comunes a esta enfermedad; así como se implementen los mecanismos de atención inmediata para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19, con el objetivo de salvaguardar el derecho humano a la salud.

Guanajuato, Guanajuato, a 28 de enero del año 2021.

Diputada Maestra Celeste Gómez Fragoso

Diputada Licenciada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno

Diputado Licenciado José Huerta Aboytes

Diputado Licenciado Héctor Hugo Varela Flores

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