Quienes integramos el Grupo Parlamentario del PRI, alzamos nuevamente la voz desde esta Tribuna, para hacer un enérgico llamado al Poder Ejecutivo del Estado, a no involucrarse más en los negocios de los particulares y a evitar utilizar el sentimiento y pasión futbolera de la ciudadanía, con fines electoreros y lo que es peor utilizando recursos públicos. Hay que entender y tener claro que el dinero de las contribuciones no es para generar clientelas electorales.

Tal y como lo hemos advertido en más de una ocasión a través de esta Tribuna, donde en una primera intervención ya probamos que el proceso de adjudicación de los terrenos “para adquirir un nuevo estadio de Futbol” fue un negocio particular financiado con recursos públicos, dañando el patrimonio estatal.

Hoy, retorna el boomerang del escándalo en este tema, pues la compra-venta de los terrenos en el predio Los Ángeles y Medina donde se edificaría un nuevo Estadio de Futbol, se vuelve a convertir en un capítulo más de corrupción y daño al erario público, que, contrario a los compromisos jurídicos y morales adquiridos y anunciados por el Ejecutivo del Estado respecto a la finalidad de la adquisición de esos terrenos no se ha cumplido: ¡¡Es un hecho que al día de hoy, No se ha puesto un solo ladrillo para la construcción del Estadio!!

Insistimos que es un hecho notorio que dentro de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo de Guanajuato no se encuentra la relativa a la compra venta de terrenos rústicos; pues la administración estatal no es una compañía inmobiliaria; y menos cuando es del conocimiento de esta Soberanía, que exista alguna causa de orden público e interés social que ameritase la adquisición del predio en cuestión.

De acuerdo con la escritura pública 49,504 del Contrato de Compraventa de los terrenos entre el Estado de Guanajuato representado por el anterior secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, y Fuerza Deportiva del Club León Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Jesús Martínez Patiño, establece en la Cláusula Cuarta que “El Comprador se obliga a destinar el inmueble materia de la presente operación a la conformación de infraestructura deportiva, de esparcimiento y negocios, y detonar un polo de desarrollo de inversiones. En tal sentido, deberá concluir la obra consistente en la construcción de un estadio de futbol en el propio inmueble, a más tardar dentro del término de tres años contados a partir de la firma de este instrumento notarial”.

El contrato se firmó el 22 de agosto de 2018, por lo que resulta claro que el estadio debería estar ya construido a más tardar el 22 de agosto de 2021; es decir, en menos de 4 meses. La realidad se impone, y desnuda la real intención de esta acción ejecutiva: No hay manera de que Club León pueda construir el nuevo estadio en este plazo, todo fue una estrategia aparentemente bien montada, con utilización de sentimientos deportivos que redituara beneficios y cartera electorales. También es una realidad el hecho de que tampoco han cumplido a cabalidad lo estipulado en el instrumento Notarial suscrito, veamos:

La cláusula Novena inciso “c” de la Escritura establece que “las partes acuerdan que serán causas de terminación del contrato que se formaliza por la presente escritura pública, por no concluir en el plazo previsto la construcción de la obra que se refiere la cláusula Cuarta del presente contrato.

Por otra parte, y, de acuerdo con un documento obtenido a través de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo con fecha del 29 de septiembre del 2020, Grupo Pachuca había pagado hasta entonces 95 millones 28 mil 385 pesos, por los terrenos destinados a la construcción del nuevo Estadio León. Se informó que el primer pago se efectuó el 31 de agosto 2018 por 25 millones de pesos, es decir, la cantidad convenida al momento de la firma de las escrituras el 22 de agosto y que según indica el notario público, se determinó el primer pago “a la firma del presente contrato mediante transferencia bancaria”, es decir, el 22 de agosto. Sin embargo, dicho documento fue registrado hasta el 11 de septiembre de ese mismo año.

El segundo pago se registró, conforme a lo pactado, el 22 de agosto de 2019 por 25 millones, pero sólo cuatro meses después, se registró otra entrega no contemplada en las escrituras, el 26 de diciembre de 2019, por 18 millones 28 mil 385 pesos. El último pago fue realizado, el 21 de agosto del año 2020 por otros 25 millones de pesos. Cabe resaltar que a todos los pagos realizados a partir de 2019, la escritura pública determina un interés legal ordinario a la tasa del 6 por ciento anual sobre saldos insolutos, sin embargo no se informó alguna cantidad adicional de pagos.

En todo caso, la cantidad total deberá ser liquidada a más tardar en el mes de agosto de 2024. Sin embargo, y a pesar de estas cláusulas que prevén pago de intereses moratorios, la esencia del asunto en este tema consiste en que no se cumplirá con lo principal para que se les vendió el terreno. Construir un estadio en un lapso de 3 años. Plazo que ya está por vencerse y que materialmente se ve de imposible cumplimiento.

Por otra parte queda evidenciado que desde el gobierno de Miguel Márquez Márquez, se operó para capitalizar electoralmente la pérdida del Estadio León, con dos opciones que comprenden la utilización de recursos públicos: a) Un nuevo estadio o b) La expropiación del viejo estadio. Ambos planteamientos surgieron en el último año de gobierno de Miguel Márquez, en plena época electoral. Todo esto derivó en la compra de los terrenos que luego se vendieron al club León.

Ahora vemos, que el actual gobierno estatal encabezado por Diego Sinhué, ha insistido en adquirir, con recursos públicos, el estadio Nou Camp, generándose una gran polarización sobre el tema, nuevamente en época electoral.

Y a ello se suma la injusticia que ocurre con los propietarios de palcos y plateas, porque en el juicio donde se perdió el Estadio León contra Roberto Zermeño, sólo se consideró a la Administración municipal, por un lado; y al antiguo fideicomitente, por el otro; lo cual es irregular, porque los palcohabientes no eran ni comodatarios, ni inquilinos en el estadio, sino que eran en l a gran mayoría propietarios de sus respectivos espacios. Por tal motivo, reiteramos nuestra solidaridad con este colectivo de ciudadanos leoneses, con la afición y con el pueblo de León.

Como conclusión, quienes integramos el Grupo Parlamentario del PRI, militamos en un partido político que está comprometido SÍ, con la construcción de un Estado eficaz, pero sujeta en todo momento al orden constitucional. Nos oponemos a la corrupción, la rechazamos, al tiempo que nos pronunciamos a favor de la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Y porque prevalezca la justicia y la legalidad en todas sus formas; y no así, las acciones legaloides que, enarbolando banderas de justicia y noble pasión futbolera, disfrazan las verdaderas intenciones llenas de manipulación utilizando recursos públicos con fines de clientela electoral.

¡ES CUANTO DIPUTADA PRESIDENTA!

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