DIPUTADA EMMA TOVAR TAPIA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE GUANAJUATO

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA

P R E S E N T E.

Las y los suscritos, Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción II, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; artículos 167, fracción II, y 209, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de la Honorable Asamblea la presente iniciativa mediante la cual se adiciona el artículo 258 bis a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, a efecto de que un médico auxilie al oficial calificador a determinar el estado de salud del infractor y el área idónea donde deban cumplir su sanción de arresto. de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Presentación

Nuestra propuesta de iniciativa que adiciona el artículo 258 bis a la Ley Orgánica Municipal tiene como finalidad que sea una obligación de los Ayuntamientos contar con un médico en las áreas coloquialmente conocidas como barandilla, a fin de tener plena certeza del estado de salud con el que ingresan a las áreas de retención. Es importante que todo Ayuntamiento disponga del personal médico que certifique esa circunstancia, para los efectos de auxiliar al juez Calificador o a la autoridad en quien el presidente delegue la facultad de la aplicación de las sanciones de arresto. Profesionista médico que elabore el parte médico para que la autoridad determine el área idónea de detención de personas infraccionadas con arresto o de aquellas que lleguen en calidad de detenidas. Esta iniciativa sustenta su procedencia en 2 pilares fundamentales:

  1. El respeto a los Derechos Humanos Universales; y
  2. La obligación Constitucional, Convencional y Legal que tiene la autoridad municipal a proteger la vida, la seguridad e integridad de las personas.

Lo anterior, en un marco de argumentos armonizados para concluir en el derecho que tiene toda persona, incluso las sancionadas con arresto por haber cometido una infracción, a que la autoridad municipal vele por su vida, su seguridad y su integridad física.

Argumentación de la necesidad

Pero, ¿Por qué legislar en específico en este tema?, si existe carencia de datos estadísticos, aunque es conocido por todos y se presentan asuntos de esta naturaleza en la especie, en la vida diaria, recurrimos a la progresividad de los derechos Humanos y a las garantías constitucionales y legales que existe en nuestro marco jurídico que ya hemos referido.

La revisión médica de todas las personas retenidas es indispensable, de esta manera se brinda certeza jurídica a las autoridades respecto del estado físico en que fueron aseguradas y les permite conocer el estado físico y posiblemente emocional en el que se encuentran. Es importante que en los municipios se cuente con personal médico que auxilie en esa actividad certificando a las personas detenidas y las atienda en caso de urgencia.

Es evidente la necesidad de legislar, para contar con personal médico en las áreas de confinamiento de seguridad pública, Cuando una persona detenida presente lesiones o trastornos en su salud, como hemorragias o heridas expuestas se le deben realizar las curaciones necesarias. Cuando se encuentran con alteración emocional, se les debe vigilar constantemente y en su caso, solicitar apoyo profesional para atender la emergencia y evitar mayores complicaciones; los casos de gravedad se deben de atender de manera inmediata y trasladar a alguna institución médica.

Las condiciones óptimas en que se cumple un arresto en las áreas de retención municipal son indispensables, eso permite evitar vulneraciones a los derechos humanos, deben ser espacios propicios para cumplir un arresto o detención, y por esa razón los ayuntamientos deben poner especial atención para que se encuentren en mejores condiciones y no se afecte la dignidad de las personas. Contar con personal capacitado es fundamental para el desempeño de una actividad de gran trascendencia, ello permite prevenir las violaciones a los derechos humanos, salvaguardar la integridad física y emocional de las personas detenidas y aminorar las posibilidades de que los elementos comisionados a las áreas de retención incurran en responsabilidades que pongan en riesgo su empleo o su historial en el mismo, principalmente por lo delicado del manejo y atención de las personas que se encuentran sometidas a cualquier forma de detención, principalmente cuando aquellas presentan algún estado de alteración.

Obligaciones en materia de seguridad pública.

Respecto a la obligación que tienen las autoridades en materia de seguridad pública, debemos exponer, y en congruencia con ellas, que ha sido muy endeble cumplir la obligación de velar por la seguridad e integridad física de las personas, especialmente en las áreas de arresto.

Por ende, resulta muy relevante que las autoridades responsables de velar por la seguridad e integridad del ciudadano detenido o sancionado con arresto, consideren si las personas así sancionadas sufren de algún desorden de esta naturaleza y determinen cuál es el área idónea para que dichas personas con esa condición médica, cumplan con su sanción o detención. Pues, si no se considera esta condición en la persona a arrestar, puede llevar consigo consecuencias de alto o grave impacto a la salud derivado del padecimiento de esta condición en el ser humano, y que de manera idónea puede ser diagnosticada o percibida por un especialista. Siendo alto el riesgo de que si no se detecta o considera el estado en que ingreso puede provocar el suicidio o lesiones a la integridad física de la persona arrestada. Veamos las causas y efectos de estos desórdenes mentales.

Aspectos que deben ser tomados en cuenta por un especialista medico para determinar cuál es el área idónea donde un sancionado debe purgar su arresto, lo anterior, en debida observancia a la protección de su vida y de sus derechos humanos.

Respeto Legal a los Derechos Humanos Universales

Aunado a lo anterior, debemos tener presente en este tema que los Derechos humanos universales se consagran en la Declaratoria Universal, en nuestra Carta Magna y en la particular del Estado. La lista de los derechos humanos universales está recogida en los treinta artículos que ratificó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (Resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948), en París, tras la Segunda Guerra Mundial, y que dio vida a uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad y, a partir de ella, se han sucedido todo tipo de nuevos acuerdos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Carta Social Europea (CSE) o la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (CAFDH).

En esta iniciativa, particularmente nos ocupamos de uno, el tercero de la declaratoria, que a la letra reza: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal” concatenado con la progresividad de los mismos y a la no discriminación. Debemos considerar que, para la instrumentación de esta figura jurídica, nuestra Carta Magna establece en su Artículo 1o. lo siguiente: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece… Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley… Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por su parte, nuestra Constitución Local replica lo siguiente: Artículo 1. En el Estado de Guanajuato todas las personas gozan de los derechos humanos y de las garantías para su protección reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como en los consagrados por esta Constitución y sus Leyes Reglamentarias, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece… Todas las autoridades del estado y de los municipios, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y restituir las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley… Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas…

Las modificaciones que proponemos a la ley orgánica Municipal ayudarán a que las personas detenidas o sancionadas con arresto, que sufren algún padecimiento, sean atendidas de forma idónea y obligatoria por un especialista medico.

2. Obligación en Ley, para que la autoridad proteja la vida,

la seguridad e integridad física de las personas

Por otra parte, el principio de legalidad reza: “la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite, el gobernado todo lo que ésta no le prohíbe”. En tal sentido, procede ahora llevar a cabo el análisis de las obligaciones que la autoridad tiene en materia de protección a la integridad de las personas, lo cual motiva esta iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal.

Respecto a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, se rescata en este tenor lo siguiente:

Concepto de seguridad pública

Artículo 3. La seguridad pública es una función a cargo del Estado y sus municipios orientada a la consecución de los siguientes fines:

  1. Salvaguardar los derechos humanos y sus garantías, la preservación del orden y la paz pública;
  2. Promover que los ciudadanos y la población en general incrementen su confianza en las instituciones que realizan tareas de seguridad pública; y

Artículo 7. Son autoridades en materia de seguridad pública en el ámbito municipal, las siguientes:

  1. El Ayuntamiento;
  2. El Presidente Municipal;
  3. El Director de Seguridad Pública o su equivalente;
  4. El Director de Tránsito Municipal o su equivalente; y
  5. El Oficial Calificador.

Atribuciones del Ayuntamiento

Artículo 16. Son atribuciones del Ayuntamiento:

  1. Garantizar la seguridad en el territorio municipal, de las personas, sus bienes, sus derechos, así como preservar la tranquilidad y guardar el orden público, expidiendo para ese efecto los bandos de policía y gobierno, reglamentos, y demás disposiciones administrativas de observancia general en materia de seguridad pública y vigilancia del tránsito municipal;

II a VI …

  1. Las demás que le confiera esta Ley y los ordenamientos jurídicos aplicables.

Atribuciones del Presidente Municipal

Artículo 17. Son atribuciones del Presidente Municipal:

  1. Mantener el orden y la tranquilidad pública en el Municipio, así como prevenir la comisión de delitos y conductas antisociales y proteger la integridad física de las personas, sus propiedades y libertades (el subrayado es propio);

Artículo 44. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública tendrán las siguientes obligaciones:

  1. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas; (El subrayado y las negrillas son propias).

Como puede observarse, la Ley del Sistema de Seguridad Pública vigente en nuestra Entidad, establece quiénes son las autoridades en materia de seguridad pública, también las atribuciones de los Ayuntamientos y del Presidente Municipal; así como la obligación que tienen ambas figuras en proteger la integridad física de las personas detenidas, sin embargo, el cuerpo normativo de esta Ley no establece la obligación de que se cuente con un médico en los lugares donde se resguarda a una persona detenida o donde se determinan las sanciones de arresto en contra del administrado. Lo anterior, previendo la protección del ciudadano, de la no violación de los derechos humanos para el caso de que alguno de los sancionados en esta modalidad padezca de alguna lesión o algún trastorno de la personalidad que tenga qué ser detectado por un médico y que sea considerado por la autoridad responsable de aplicar la sanción de arresto o el lugar de la detención, para poder así determinar el espacio donde compurgará la sanción de arresto y tenga la posibilidad de ser asistido por el profesionista médico en casos de urgencia.

Si bien es cierto, la ley en comento determina como atribuciones de los Ayuntamientos “garantizar la seguridad en el territorio municipal, de las personas, sus bienes, sus derechos…” (Las negrillas y el subrayado es propio), así como las “demás que le confiera esta Ley y los ordenamientos jurídicos aplicables” para que los integrantes de las instituciones de seguridad pública logren un objetivo: “…Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas”, es por lo que en el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que la Ley idónea que debe prever la obligación en comento lo es la Ley Orgánica Municipal, en el Capítulo IV titulado “De las Infracciones y Sanciones”. Cumpliendo así con la obligación Constitucional, Convencional y legal de proteger la integridad de las personas y sus Derechos Humanos, incluyendo aquellas que son sancionadas con arresto.

Justificación de la Adición Propuesta en la Ley Orgánica Municipal.

Bajo este contexto, mediante el cual se determina a la seguridad de la persona como un derecho humano universal, consagrado y protegido tanto en nuestra Carta Magna como en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano y en la Constitución Local, concatenado a la obligación de las autoridades en materia de seguridad pública y protección ciudadana, a efecto de no incurrir en prácticas discriminatorias que atenten contra la seguridad e integridad física de las personas sancionadas con arresto por faltas administrativas en los municipios.

Y dado que las enfermedades preexistentes al momento del arresto pueden causar mayores daños y lesiones a los ciudadanos que enfrentan este tipo de sanción; y toda vez que actualmente no se considera en el parte u orden de arresto, diagnóstico alguno respecto si las personas sancionadas en esta modalidad, es por lo que el Grupo Parlamentario del PRI propone la adición del artículo 258 bis a efecto de que exista un médico que auxilie al oficial calificador al momento de determinar el arresto como sanción, considerando la opinión y en su caso dictamen del médico general que diagnostique si existe un riesgo en las personas a arrestar de sufrir una afección mayor, que ponga en riesgo su integridad física o incluso su vida, y por ende, determinar cuál es el lugar idóneo para cumplir con el arresto, si los separos, la cárcel o un área de salud en institución pública. En tal sentido, el administrado, así como toda persona detenida, tendrán la posibilidad de ser atendidos por un profesionista médico en caso de urgencia, velando así por su integridad física.

Y sea entonces el médico, quien brinde los elementos técnicos médicos para que el oficial calificador o la autoridad competente en quien se delegó esta facultad, determine si el arresto de una persona por haber cometido una infracción administrativa, lo compurgue en separos policíacos o en un centro de salud, que tenga los elementos necesarios para el caso de que se requiera atención inmediata por padecer alguna afección o llevar a cabo un tratamiento, logrando con ello evitar la posibilidad de un daño mayor a su salud. Por lo que la decisión no debe recaer de manera discrecional en un oficial calificador con perfil de abogado, o en una asistente social, o en un funcionario público sin estudios médicos profesionales.

Por ende, la determinación del lugar de arresto o detención debe tener elementos médicos en la toma de decisión cuando puede existir una condición grave que padezca el gobernado y debe ser tomado en cuenta para evitar que éste atente contra su vida, su seguridad o contra su integridad física. Con lo cual, la autoridad municipal en esta materia estaría observando, respetando y cumpliendo los mandatos Constitucionales, Convencionales y Legales. Pues, deviene en una realidad que actualmente en la mayoría de estos centros de detención se lleva a cabo el arresto realizando un simple ejercicio administrativo de llenado de papeleta que prácticamente consiste en un formulario, o en una narrativa o en un “inventario” de la persona; que, que en el mejor de los casos, especifica si el detenido se encuentra con aliento alcohólico o en estado de ebriedad, enviándolo directo a separos, a celdas de arresto administrativo o preventivo; lo cual no puede ser considerado en armonía con los derechos humanos universales de que goza toda persona, incluidas las arrestadas por sanciones administrativas, que pudiera tener un tipo de afección a su salud e integridad física, lo que podría evitarse de aprobarse esta iniciativa.

Bajo ese contexto, nuestro Grupo Parlamentario diseña la presente iniciativa, misma que contempla la adición del artículo 258 bis a la ley Orgánica Municipal, necesarias para armonizar el derecho universal a la seguridad propia que tiene cada ser humano con la obligación de la autoridad de procurársela y velar por la vida e integridad física de las personas, sin discriminación, en las sancionadas administrativamente con arresto.

Y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; los que suscribimos la presente iniciativa coincidimos en que de aprobarse ésta, tendrían cabida los siguientes impactos:

JURÍDICO:

Incorpora la obligación para todos los municipios, de contar en el área coloquialmente conocida como barandilla, con un médico general preferentemente con estudios en trastornos de la personalidad, a efecto de que sea éste quien auxilie al oficial calificador para determinar el lugar idóneo en que una persona sancionada administrativamente con arresto cumpla sus horas de aislamiento.

ADMINISTRATIVO:

Genera implementación de nuevos procesos administrativos en favor de los derechos Humanos, por parte de la autoridad municipal encargada de la seguridad pública y vialidad en materia de sanciones con calificación de arresto.

PRESUPUESTARIO:

Se solicita a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas se turne la presente para que lleve a cabo el estudio de impacto presupuestario.

SOCIAL:

Se asegura el derecho universal de las personas a su seguridad e integridad física y psicológica. Se evitan tratos discriminatorios y se brinda un trato digno e idóneo a todo ser humano presentado en calidad de detenido o sea sancionado administrativamente con arresto.

Por lo antes expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. Se adiciona el artículo 258 bis al Capítulo IV titulado “De las Infracciones y Sanciones” de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, para quedar como sigue:

“Artículo 258 bis. Para determinar la sanción de arresto, la autoridad municipal responsable de su aplicación, debe contar con la asistencia de un médico, quien emitirá una certificación que establezca las condiciones médicas particulares del infractor, para el efecto de que el responsable de imponer esta sanción pueda determinar el área idónea donde deberá cumplirse el arresto, ya sea en separos, cárcel o institución pública de salud, tomando las medidas de seguridad acordes a cada caso en particular.

los Ayuntamientos deberán prever en su presupuesto de egresos los recursos que permitan contar con médicos descritos en el presente artículo”.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato.

Guanajuato, Gto., a 29 de abril del año 2021.

Diputada Maestra Celeste Gómez Fragoso

Diputada Maricela Morales Rivera

Diputado Licenciado José Huerta Aboytes

Diputado Licenciado Héctor Hugo Varela Flores.

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