El domingo pasado se llevó a cabo la jornada electoral de los comicios más grandes, complejos y disputados de la historia reciente.

Mediante dicha elección más de 45 millones de ciudadanas y ciudadanos salimos a elegir a 500 diputados federales, 1,063 legisladores locales, 1,923 ayuntamientos de 30 entidades y a 15 gobernadores.

Dado que en esa oportunidad estuvieron en disputa 20, mil 792 cargos de elección popular, el Instituto Nacional Electoral (INE) no dudó en calificar a dicha elección, como un histórico suceso ciudadano, pues según sus registros, para realizarla, fueron instaladas más de 163 mil casillas, que fueron atendidas por casi un millón y medio de ciudadanos que recibieron la votación de sus vecinos.

En Guanajuato, los partidos políticos registrados se disputaron 552 cargos, pues además de los quince diputados federales, se votó para renovar esta Asamblea y para elegir a los miembros de los 46 ayuntamientos municipales.

A 96 horas de esa intensa jornada podemos concluir que ni la violencia que se hizo presente en las campañas, ni la amenaza de la pandemia que se mantiene latente, pudieron detener el fervor cívico de los votantes.

Y es que en su sentido de responsabilidad anidó la convicción de que había que derrotar el abstencionismo y consolidar la gobernabilidad democrática de México y de Guanajuato.

Y en su nítida visión, la firme decisión de que era necesario que se manifestara con claridad la voluntad ciudadana, para conseguir los necesarios equilibrios que está reclamando nuestra realidad política actual.

Los comicios del 6 de junio fueron unas elecciones concurrentes; en las que se sometió al electorado un abanico de opciones locales que se sumaron a la elección de la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión.

Sin desdoro de todas las demás, la votación federal revistió una importancia estratégica especial que sin temor a caer en exageración se puede calificar como un auténtico hito en la historia de nuestras instituciones.

Nunca antes unas elecciones intermedias habían sido tan importantes y trascendentes como las del pasado domingo, pues en ellas no sólo se optó por la simple integración de la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión, sino por la conformación del Poder Reformador de la Constitución.

Porque de ello depende que la Constitución de 1917 mantenga la estructura esencial que le dio el Constituyente originario, o que se siga manoseando caprichosa y arbitrariamente el contenido, sentido y finalidad de las decisiones políticas fundamentales.

Que permanezca como la norma reguladora del proyecto histórico de todos los mexicanos; o que en el curso de los próximos tres años se pueda transformar en un instrumento faccioso, arbitrario y despótico, en el que paradójicamente se someta al pueblo en cuyo nombre dicen actuar.

Antes de la jornada electoral voces muy autorizadas y visiones muy precisas, han calificado este momento como una verdadera encrucijada histórica en la vida de la nación:

Porque ésta « […] se debate entre la democracia y el autoritarismo, entre las libertades y el abuso de poder, entre el conocimiento y la demagogia, entre la responsabilidad y el capricho, entre el federalismo y el centralismo, entre la división de poderes y la presidencia autocrática, entre el camino de las instituciones y los designios de una sola voluntad

En tiempos como éste, en los que algunos han advertido que pudiere ser la última oportunidad de que dispongamos para fijar el rumbo de la historia del siglo XXI mexicano, resulta esencial tomar una postura.

Este es el tiempo de las decisiones definitivas, de las decisiones definitorias, de las decisiones determinantes; y afortunadamente la ciudadanía comprendió que la única opción pacífica que teníamos para tomarlas, era la alternativa electoral que ejerció en las urnas el domingo pasado.

Con el paso de los días hemos podido constatar que en este ejercicio ciudadano en el que se confrontaron dos proyectos de nación, la voluntad ciudadana decidió que ninguna fuerza política, por sí sola, o con los votos de sus actuales coaligados pueda cambiar la Constitución.

El mensaje es muy claro, preciso y contundente: Si se quiere tocar a la Carta Magna, tiene qué ser mediante el acuerdo debidamente consensuado de todas las fuerzas políticas actuantes.

Esa importante decisión, es un mandato ciudadano que no se puede violar, que se tiene que respetar y que se tiene qué acatar en la realidad de los hechos.

Respecto a los otros resultados distintos al de la Cámara federal, es decir, los estrictamente locales, también la ciudadanía se ha expresado; y no tenemos más que aceptar su mandato.

En el Grupo Parlamentario del PRI, como demócratas que somos, no nos resta más que felicitar a quienes han recibido la investidura y el mandato de los electores.

Salvo raras excepciones, los resultados anotados en el acta de escrutinio son los correctos. El proceso no tiene por qué judicializarse para ganar en los tribunales lo que no se puedo ganar en las urnas.

La ciudadanía manda y tenemos que someternos a sus dictados. El electorado no se equivoca. Premia y castiga cuando es debido.

Crea, sostiene y entierra viejas y nuevas hegemonías políticas. Mantiene y quita el registro a partidos añejos y a fuerzas políticas emergentes.

Los resultados, en términos generales son inapelables; y uno de ellos, es el muy gratificante dato, de que el pueblo mandata, que la mitad de la población de Guanajuato sea gobernada por mujeres.

Ante todo ello, no tenemos más que felicitar a la ciudadanía de México y de Guanajuato, por haber realizado la histórica elección del 6 de junio de 2021; cuyo saldo no puede ser otro más que: POSITIVO.

 

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