El jueves pasado se cumplieron diez años de la trascendente reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que implicó una radical transformación en materia de protección de los Derechos Humanos.

Dicha enmienda permitió transitar del esquema de las garantías individuales contenidas en la parte dogmática de nuestra Ley Suprema, al paradigma de la inclusión de los derechos humanos reconocidos y tutelados por el Derecho internacional.

Cabe recordar que la reforma de 2011 reconoce como antecedente el caso Rosendo Radilla Pacheco, ventilado y resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre del 2009, condenando al Estado Mexicano por graves violaciones a los Derechos Humanos. Este caso tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano, tanto por haber sido, el primer caso significativo en el que la Corte Interamericana de Derecho Humanos condena al Estado Mexicano, como por contener órdenes para que en México se hicieran cambios estructurales de gran importancia para la vida pública del país.

Posteriormente hubo necesidad de llevar a cabo medidas legislativas concordantes con ese fallo, de las cuales, la más trascedente, es la reforma constitucional cuya primera década celebramos. Y que, a juicio de los constitucionalistas, es quizá, la reforma más importante que ha tenido nuestro texto fundamental desde su promulgación en función a que sus implicaciones pueden permear a todo el sistema jurídico mexicano.

Desde entonces se ha desarrollado en México una robusta cultura de los derechos humanos, que se traduce en un ambiente socialmente más propicio para su promoción, reclamo y defensa; y no una ideología de moda o una práctica discursiva de ocasión como ha llegado a calificarla el primer mandatario de la nación.

A lo largo de estos diez años, hemos podido ser testigos de cómo ha influido la incorporación al texto constitucional la llamada interpretación conforme, y el principio pro persona, así como los de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En este tiempo, a pesar de ciertas resistencias autoritarias, quienes cultivamos el juicio de amparo, hemos constatado los grandes avances que ha propiciado la reforma en la protección de los intereses de las personas.

De todas las personas y básicamente de los más desposeídos, de las víctimas, de los que padecen cárcel injustamente, de los que sufren daños por la actuación irregular del Estado y no sólo de las élites, como asevera el presidente López Obrador.

La enmienda al artículo 1° de la Constitución impone deberes muy precisos a todas las autoridades de los tres poderes constituidos y a los agentes de los tres órdenes de gobierno.

La autoridad, debe, por un lado, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; y por el otro, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estas prerrogativas en los términos que establezca la ley.

El texto reformado de la ley suprema dispone que la interpretación normativa en materia de derechos humanos se hará de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas.

Dicha enmienda ha repercutido en la manera como los legisladores federales y locales cumplen con su cometido, pues sus actos legislativos han debido quedar inscritos en un deber de observancia obligatoria de crear la ley con perspectiva de derechos fundamentales.

Dicha repercusión ha impactado el ejercicio del Poder Ejecutivo, así como el desempeño de los organismos constitucionales autónomos y, de manera indiscutible, la actuación del Poder Judicial, dado que los jueces no pueden restringir su interpretación a las normas elaboradas en nuestro país, sino que están expresamente obligados a atender las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos.

De ahí, la implementación del control de convencionalidad, Constitucionalidad y difuso, además de facultar al ejecutivo para aplicar mediante interpretación la norma que resulta más favorable a la persona.

Esa parte de la reforma constitucional ha sido tan significativa, que mereció, incluso, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara por unanimidad, en una sesión celebrada en septiembre de 2013, sobre la forma de incorporar los derechos humanos incluidos en los tratados internacionales.

A estas alturas del siglo XXI existen visiones anticuadas reacias a hablar de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de los mexicanos y de los guanajuatenses diciendo que esas aspiraciones esenciales son parte de una moda que nos viene del norte.

Nada más alejado de la realidad. Los derechos del hombre y de la mujer, del ciudadano y de la ciudadana, no son entelequias huecas ni un esqueleto carente de contenido. Los derechos humanos son bienes plenos de la sustancia y la materia indispensable para una vida digna y una existencia feliz.

Son los derechos a la igualdad y a la no discriminación, a la vida, a la salud, a la educación, a un medio ambiente limpio, a la igualdad entre las mujeres y los hombres, a una vivienda digna, al agua potable, a la alimentación, al trabajo decente, al salario remunerador, y a la seguridad social.

Tienen que ver con el acceso de las mujeres, las niñas y los niños a una vida libre de violencia, a la falta de restricciones a las libertades de expresión, de pensamiento y de credo religioso; y con la prerrogativa de acceder a un juicio justo.

Son bienes tangibles e intangibles que conforman el sustrato de la dignidad humana y por las que estamos comprometidos a trabajar y a luchar para conseguir para todas y todos los guanajuatenses.

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