Asume Grupo Parlamentario del PRI oposición responsable, proactiva y propositiva

  • En el Primer Año de Ejercicio Constitucional, presenta 16 iniciativas de Ley.

Guanajuato, Gto. 27 Jun. (GPPRI).- Durante el primer año de ejercicio constitucional, el Grupo Parlamentario del PRI en la LXIV Legislatura, ha llevado a cabo funciones parlamentarias que están encaminadas a la moderación, limitación y control del poder público.

En entrevista con reporteros, el diputado José Huerta Aboytes señaló que por fortuna se ha conformado un Grupo Parlamentario sólido, consistente, unido, donde la participación de sus integrantes ha sido cohesionada, con una gran entrega política, convencidos de lo que significa el desempeño de un representante popular.

“Sobre todo tenemos que dignificar como militantes de nuestro partido, y como diputados en el seno del Congreso del Estado; hemos tenido el reconocimiento de los demás compañeros diputados, de las comisiones que participamos, en el mismo Pleno, esto nos llena de satisfacción y nos permite afirmar que estamos cumpliendo con nuestro deber, pero no estamos satisfechos”, destacó el diputado Huerta.

Acompañado por las diputadas Ma. Guadalupe Guerrero Moreno y Celeste Gómez Fragoso, José Huerta destacó que han presentado 16 iniciativas de Ley, entre las que se encuentran la de dar autonomía a los servicios periciales y crear un Consejo de la Fiscalía General del Estado, así como una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Seguridad Pública para suprimir escoltas a exfuncionarios públicos.

Así también, se presentó una iniciativa para limitar el uso discrecional de recursos públicos por parte del Estado y otra para derogar la adjudicación directa en concesiones que otorga el Estado en materia de infraestructura.

Asimismo, destacó que se han presentado 22 puntos de acuerdo, de los cuales todos han sido aprobados por el pleno del Congreso.

Entre otras acciones legislativas, el diputado José Huerta destacó que el Grupo Parlamentario del PRI evidenció un daño patrimonial al Estado, en el proceso de compraventa de terrenos para la construcción del nuevo Estadio León, donde se puede establecer que fue un negocio particular financiado con recursos públicos con daño al patrimonio estatal.

 

 

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