Grupo Parlamentario del PRI denuncia tácticas dilatorias para evitar que el secretario de seguridad comparezca ante el congreso

Guanajuato, Gto. 12 Mar. (GPPRI).- El Grupo Parlamentario del PRI denunció hoy que existen prácticas dilatorias para evitar que el Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, comparezca de manera mensual ante el Congreso del Estado, para informar las medidas que se están tomando ante la violencia registrada en la entidad.

En conferencia de prensa, la diputada Celeste Gómez Fragoso y los diputados Héctor Hugo Varela Flores y José Huerta Aboytes, fijaron la postura de este grupo parlamentario, en el sentido que hoy más que nunca se justifica la petición de que comparezca el funcionario, pero es evidente que no hay la voluntad del grupo mayoritario para atender el tema.

El diputado Héctor Hugo Varela Flores relató que desde el 18 de febrero, el GPPRI presentó la solicitud de comparecencia del funcionario, solicitándose que la petición se turnara a la Comisión de Seguridad para que ahí se discutiera y se tomaran los acuerdos correspondientes, no obstante, lejos de eso, el turno que se le dio por parte de la Mesa Directiva fue enviar el tema a Junta de Gobierno, instancia que canaliza a la Comisión de Seguridad, quien lo recibe y le da entrada como si fuera una correspondencia común y corriente, y le da el turno de ‘enterado’.

Ante esta situación, el diputado Varela, integrante de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, solicitó al presidente de la Comisión, que rectificara el acuerdo tomado, pidiéndole que se enlistara para discutirlo en la siguiente sesión.

“Nos da la impresión que simplemente le están dando tiempo para que se vaya alargando, que se vaya haciendo largo este proceso, consideramos que no es correcto, porque el secretario tiene que venir al Congreso, tiene que informarle a las diputadas y a los diputados, a los medios de comunicación, qué medidas, qué acciones se están haciendo para que Guanajuato no sea ese estado que tenemos el día de hoy.

“Ahí están los hechos que ocurrieron el martes pasado, requieren una explicación, saber qué pasó, hay una gran confusión, porque la Federación dice una cosa, el Estado dice otra cosa, los hechos dicen otra cosa, y al final de cuentas lo único que hay es un estado atemorizado, por eso es muy importante que la comisión de seguridad le dé entrada a la solicitud”, reiteró el legislador.

GPPRI REITERA ACOMPAÑAMIENTO A LAS MUJERES EN LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

La diputada Celeste Gómez Fragoso, reiteró el acompañamiento del Grupo Parlamentario del PRI a las mujeres en su lucha contra la violencia.

“Queremos que este silencio que hicieron las mujeres el día 9, para hacerse presentes, de nuestra importancia en la sociedad, no se quede en eso: en silencio. No hemos escuchado la voz de nadie, que diga un plan, una estrategia, una manera de combatir esta situación”, destacó la diputada.

Agregó que la entidad obligada a proporcionar esa seguridad a las mujeres es el estado, y hasta el momento no se ha manifestado.

Recordó que la semana pasada el GPPRI propuso la creación de una comisión legislativa especial para darle seguimiento a los casos de feminicidio y de violencia contra las mujeres, comisión en la que se ve la posibilidad que, desde nuestra trinchera, se le dé seguimiento a los casos de violencia contra las mujeres y para saber qué está sucediendo.

Se quieren respuestas y seguridad, nos gustaría escuchar a los tres niveles de gobierno manifestarse y tomar acciones ante esta situación, reiteró Celeste Gómez.

AVANZA INICIATIVA CONJUNTA EN MATERIA ELECTORAL

En otro tema, la diputada Celeste Gómez Fragoso reiteró la disposición del Grupo Parlamentario del PRI para alcanzar los consensos necesarios para lograr una Reforma Electoral que se pretende suscribir de manera conjunta.

Comentó que el pasado 9 de marzo se desarrolló una reunión de trabajo con los Coordinadores de Asesores de los diversos Grupos y Representaciones Parlamentarias, logrando el consenso de incorporar a la temática común 5 temas más de los turnados por Junta de Gobierno.

Apunto que, aunque siguen quedando fuera de la temática común aspectos transcendentes como la modificación del procedimiento y fórmula de asignación de diputaciones por el principio de Representación Proporcional, el GPPRI ya tiene presentada una iniciativa en ese sentido, turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en la que insistirán se dictamine a la brevedad para conocer los alcances a la ley Electoral.

Apuntó que, por primera vez en la historia del Congreso Local, se llevará a cabo la consulta a pueblos y comunidades indígenas de una iniciativa de reforma electoral que incide en los derechos político-electorales de este sector vulnerable.

PRESENTA GPPRI INICIATIVA PARA LOGRAR TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

El diputado José Huerta Aboytes, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, anunció que, en la sesión del Congreso del Estado de este día, se presentará una iniciativa de reformas y adiciones al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, con la finalidad de hacer valer una ‘Tutela Judicial Efectiva”.

Agregó que el Tribunal que conoce de todas las controversias que se suscitan entre la autoridad administrativa y los particulares, cuando emite sus resoluciones, no se llegan a dar cumplimiento, porque no tiene el asidero jurídico suficiente, entonces la autoridad se la pasa sin cumplir, incluso puede haber una buena sentencia a favor del gobernado, pero el cumplimiento de esas resoluciones no tiene la eficacia jurídica que debe tener.

“Eso es lo que estamos promoviendo para los efectos de que haya una eficacia absoluta en el cumplimiento de las resoluciones de los órganos de justicia administrativa llámese estatales o municipales”, destacó el diputado.

Esta iniciativa tiene este impacto social, hacer efectivo verdaderamente el derecho a la Tutela Judicial Efectiva, con medios de apremios más efectivos, multas más altas y un procedimiento que ahora dota de mayor fuerza jurídica al órgano jurisdiccional para obligar a la autoridad condenada, a cumplir con las sentencias; incluso, previendo la destitución en sede jurisdiccional, del servidor público que no cumpla la sentencia o la impida.

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