Grupo Parlamentario del PRI evidencia daño patrimonial al Estado por compraventa de terrenos para construcción de nuevo Estadio León

  • Proceso de adjudicación de los terrenos fue un negocio particular financiado con recursos públicos con daño al patrimonio estatal
  • GPPRI se opone al dictamen de la Comisión de Hacienda con respecto a la revisión practicada por la ASEG por intento de una “injustificada exoneración Legislativa”
  • Con su mayoría, diputados del Partido Acción Nacional, aprobaron el dictamen; 17 votos a favor y 13 en contra

Guanajuato, Gto. 4 Jun. (GPPRI).- El Grupo Parlamentario del PRI evidenció hoy un daño patrimonial al Estado, ocurrido durante el proceso de compraventa de terrenos para la construcción del nuevo Estadio León.

En tribuna, al hablar en contra del dictamen, la diputada Celeste Gómez Fragoso reiteró el rechazo al calificar las conclusiones de la Auditoría Superior del Estado como un intento de “injustificada exoneración Legislativa”.

Dijo que existen fallas graves, en las cuales se habría incurrido con la intención de solapar a los posibles responsables de severas infracciones a la ley.

De acuerdo con la diputada Celeste Gómez, este dictamen contiene violaciones al Procedimiento de Auditoría; carece de exhaustividad en sus consideraciones; es omiso en señalar fallas graves visibles en el proceso; y tendenciosamente oculta datos e informes importantes que podrían evidenciar graves irregularidades en los actos revisados.

Entre otras inconsistencias, la diputada Celeste Gómez destacó que la Escritura Pública no señala cuál fue el fin de la adquisición, teniendo la obligación de especificarlo en dicho instrumento, conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de los Lineamientos Generales de Control Patrimonial de la Administración Pública Estatal.

En relación a la venta posterior de estos terrenos, advirtió que los avalúos para la adquisición y posterior enajenación, fueron elaborados por la Dirección de Catastro, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal; esto es, que la misma dependencia que adquirió y enajenó el terreno a través del ciudadano Juan Ignacio Martín Solís en su carácter de Secretario, es la misma que elaboró los avalúos que sirvieron de base para la escrituración de los actos jurídicos mencionados, poniendo en tela de juicio la imparcialidad y objetividad en la realización de esos actos.

Por lo que respecta al daño al erario público, la legisladora planteó que aun cuando el precio de venta fue el mismo que el precio de compra, las partes acordaron que el comprador, Fuerza Deportiva Club León S.A de C.V. pagara el precio en muy cómodas parcialidades, contraviniendo lo establecido en la Ley del Patrimonio del Estado.

Expuso que, con las condiciones pactadas, se concluye que el adquirente dejará de pagar por el valor del dinero que le financió el Gobierno del Estado, 42 millones 879 mil 949 pesos, esto es, que si el comprador se hubiera financiado con un crédito al 12.00%, pagaría a la institución Bancaria dicha cantidad, por los 6 años del crédito.

Agregó que, si el Estado no hubiese erogado la cantidad que representó el costo de Adquisición del predio en cuestión y lo tuviera invertido en un banco en el tiempo pactado de 6 años, ingresarían a las arcas estatales la cantidad de $25 millones 345 mil 734 pesos por puros intereses.

Con la síntesis anterior probamos la hipótesis de que el proceso de adjudicación de los terrenos fue un negocio particular financiado con recursos públicos con daño al patrimonio estatal; por lo cual, reitero no podemos acompañar el sentido del dictamen.

Detalla diputado daño al erario

En asuntos generales y tras que la diputada Alejandra Gutiérrez señalara que no hubo daño al erario y que los señalamientos en contra del dictamen son simplemente con fines políticos, el diputado José Huerta Aboytes subió a tribuna y manifestó que, en el caso del Grupo Parlamentario del PRI, no están en contra de los resultados de la auditoría por razones de carácter político sino porque la ASEG no fue acuciosa, profesional ni atinada en esa revisión.

Agregó que la adquisición del terreno tiene muchas deficiencias, amén de que se llevó a cabo en época electoral y para justificar a quienes, por su negligencia, irresponsabilidad y falta de cuidado, dejaron perder el estadio León.

El primer error, recalcó el legislador, fue que se haya adquirido para reserva territorial y no para la construcción de un estadio de fútbol como se le hizo sentir a la afición; y posteriormente la enajenación se hace en el mismo precio que se compra, sin sufrir ninguna plusvalía, además de que se vendió en cómodos pagos a una empresa mercantil denominada Fuerza Deportiva Club León S.A de C. V.

“Se advierte simple y llanamente si esa cantidad se pone a plazo fijo en una institución financiera, en ese término nos da más de 25 millones de pesos que no nos proporciona el interés que se establece en la compraventa y ahí está el daño al erario y evidente el dolo previo”, puntualizó el diputado José Huerta.

    

 

Siguenos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *