INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 11 Y 14, DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A FIN DE QUE TODO ACTO IRREGULAR DE CUALQUIER AUTORIDAD QUE AFECTE EL PATRIMONIO DEL GOBERNADO SE LO REPAREN AL 100 POR CIENTO.

Con el permiso de la Presidencia

Compañeras diputadas, Compañeros diputados

Medios de comunicación que cubren esta sesión,

Señoras y señores:

Con la gran reforma constitucional de junio de 2011, quienes integramos el Grupo Parlamentario del PRI en esta Legislatura estatal, pudimos constatar que nuestro indeclinable compromiso con los derechos humanos había seguido la ruta histórica correcta.

Esa trascendente enmienda a nuestra Norma Suprema, eleva al rango más elevado de nuestro orden jurídico, a las normas internacionales tutelares de los derechos fundamentales adoptadas por el Estado mexicano.

Desde entonces, todos los agentes del poder público como órganos del aparato estatal, como depositarios de la autoridad, no sólo deben de observar el fiel cumplimiento de la ley, sino que, en un novedoso esquema de amplio control difuso, deben de convertirse en perpetuos guardianes de que la norma jurídica se ajuste a nuestro marco constitucional y que de que no lesione el estatuto de derechos humanos protegidos por los convenciones internacionales.

Vistos esos antecedentes, hemos considerado pertinente presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de Decreto, mediante la cual se reforman los artículos 11 y 14, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los motivos que tenemos para presentar a ustedes esta propuesta, atienden a la consideración de que el primero de los preceptos que proponemos reformar, contiene disposiciones que claramente pugnan con el principio de igualdad.

En efecto, el actual texto del artículo 11 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial establece varias categorías de afectados y una especie de progresividad, a la inversa, para el otorgamiento de la indemnización por el daño material que causaría la actuación irregular del Estado.

Ciertamente, dicho precepto dispone que las indemnizaciones por daño material se cubrirán al cien por ciento, sólo cuando la cuantificación en dinero no exceda de quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización diaria y así sucesiva y regresivamente hasta llegar al grado de determinar que sólo se cubrirán entre un treinta por ciento a un sesenta por ciento, las indemnizaciones cuya cuantificación en dinero exceda de diez mil veces la Unidad de Medida y Actualización diaria.

Ello, a nuestro juicio, es injusto y contrario a la igualdad de los administrados; pues tanto el sujeto que resiente el daño mínimo valuable en dinero, como el que sufre la afectación de mayor cuantía monetaria, pierden el cien por ciento de su o sus bienes; y en consecuencia, si se pretende la norma sea justa y otorgue un tratamiento igualitario, ambas personas afectadas deben de recibir el monto íntegro de su pérdida o menoscabo patrimonial.

En resumidas cuentas, en la especie se trata de manera diferente a dos sujetos que se encentran en la misma situación, que no es otra, sino la de ver menoscabado su patrimonio por la acción irregular de un órgano del Estado.

En mérito de lo anterior, la indemnización que el Estado y los municipios deben cubrir con motivo de los daños que ocasionen a los gobernados por su actividad administrativa irregular, debe de ser integral y del tamaño del daño causado; evitando parámetros de cantidades, grados o porcentajes mínimos y máximos.

A nuestro juicio, el texto que proponemos reformar, infringe el principio de igualdad, puesto que trata de manera diferente a personas que se encuentran colocadas en la misma hipótesis normativa, si se toma en cuenta que cuando no se rebase el límite indemnizatorio, el particular lo recibirá íntegramente, mientras que las personas a las que les resulte un monto superior al tope máximo no recibirán una indemnización completa y, por lo tanto, tendrán que resentir una mengua en su esfera patrimonial.

Asimismo, la redacción actual del artículo 11 incumple con los principios de ponderación, proporcionalidad y equidad, pues de esa manera, los particulares a quienes el Estado les cause perjuicios no siempre recibirán una indemnización justa, lo cual implica, además, prescindir de un incentivo necesario para adoptar medidas que eliminen o aminoren la mala calidad de los servicios públicos.

Al garantizar, como legisladores, el principio de reparación integral del daño, logramos que el particular obtenga la compensación que corresponda con el daño que resiente, y que el Estado asuma los costos de la actuación irregular de sus agentes, lo que favorece los objetivos generales relacionados con la justicia y la mejora continua de los servicios públicos.

Con estos argumentos sustentamos la necesidad de la reforma aquí planteada a efecto de modificar el artículo 11, con la finalidad de eliminar de la Ley, la inconstitucionalidad de establecer montos y porcentajes mínimos y máximos a la indemnización por daño material, derivado de actividad administrativa irregular.

Ahora bien, por lo que se refiere al tema de la indemnización por daño moral, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la norma que establece topes y porcentajes mínimos y máximos a la indemnización por este tipo de daño.

En ese orden de ideas, el numeral 14 de la ley, objeto de reforma de la presente iniciativa, al fijar un límite máximo para la indemnización por daño moral, viola el artículo 113, segundo párrafo, de la Constitución federal, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de laF el 27 de mayo de 2015.

Lo anterior es así, dado que lo que persigue la norma es lograr una reparación integral en atención, precisamente, a las particularidades del caso, es decir, el monto de este menoscabo a la dignidad e integridad de la persona humana, no debe establecerse de manera previa a la afectación que sufra ese delicado estatus.

Hasta el momento, el numeral 14 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato señala que el monto de la indemnización por daño moral no podrá exceder la tercera parte del daño material, lo cual, como hemos asentado, deviene inconstitucional.

En estas condiciones, la finalidad del legislador al fijar ese límite no encuentra justificación en el proceso legislativo de la norma, pues de la exposición de motivos y de lo argumentado por la comisión dictaminadora, se observa que el tope máximo se hace depender del artículo 1406 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, por ser el ordenamiento jurídico que proporcionó los elementos necesarios para calcular los montos de las indemnizaciones para el caso del daño moral.

No obstante, es apreciable que dicha remisión a las raíces jurídicas de la reparación del daño moral, no se ajusta al tratamiento que se le viene dando a esa situación en nuestro Derecho Privado, pues lejos de establecerse en nuestro Código Civil, que el daño moral tendrá, en su caso, un monto máximo, el artículo 1406-B fija un monto mínimo del cual debe de partir la valuación de ese perjuicio.

En el proceso legislativo del que proviene el texto actual del artículo 14, no se explica la razón por la cual, para el caso de que se determine la existencia de una actuación irregular del Estado, el daño moral deba limitarse, precisamente, a la tercera parte del daño material, lo cual además, pugna con el dispositivo constitucional del que provino la responsabilidad patrimonial del Estado

Todo ello sin soslayar que los daños mayores a esa tercera parte del daño material, no serían reparados por el sujeto responsable.

Por las razones anteriores en esta iniciativa, planteamos la modificación del artículo 14 del cuerpo normativo que se propone reformar, a efecto de eliminar el tope de indemnización por daño moral a que tiene derecho el particular afectado, eliminando al final del texto la siguiente frase: “y no podrá exceder de la tercera parte de lo que importe el daño material”.

Por el contrario, se propone un mínimo, del cual se debe de partir para calcular el monto de la indemnización por daño moral que deberá cubrir el sujeto obligado.

Ello para hacerlo concordante con los planteamientos aquí vertidos, a fin de que el responsable de aplicar la norma, se encuentre en posibilidad jurídica de determinarlo de manera más justa a favor del administrado, partiendo, ahora, de una base mínima para fijar esa indemnización.

Las reformas que proponemos, causarán, en su caso, los impactos que se refieren en el cuerpo de nuestra exposición de motivos.

Este es, en resumen, el contenido de nuestra iniciativa que estamos presentando.

¡ES CUANTO DIPUTADA PRESIDENTA, POR SU ATENCIÓN, MUCHAS GRACIAS!

 

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