INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 7-1 A LA LEY DE INCLUSIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, A EFECTO DE GARANTIZAR SU INSERCIÓN LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO

C. DIPUTADO JUAN ANTONIO ACOSTA CANO

PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA

P R E S E N T E.

Las y los que suscribimos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; así como por lo establecido por los artículos 167, fracción II, 168 y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos presentar y someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 7-1 a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, a efecto de garantizar su inserción laboral en el sector público, de conformidad con la siguiente:

Exposición de motivos

Diputadas y diputados como es de su conocimiento, el 12 de febrero de 2013, el Senado de la República instauró el Día Nacional por la Inclusión Laboral, para conmemorarse en México cada 27 de febrero.

En ese marco y atendiendo a la necesidad de adecuar la legislación local en cuanto a las oportunidades laborales a un trabajo digno y socialmente útil como lo mandata la Constitución, así como reconocer que todos y cada uno de los guanajuatenses, sin importar el origen étnico, género, discapacidad, preferencia sexual y demás circunstancias, tienen derecho reitero a tener acceso a un trabajo digno y remunerador, es que subo a esta tribuna a proponerles que las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de contratar a personas con discapacidad en al menos un 5% de la totalidad de su planilla laboral.

La protección, promoción y el respeto a los Derechos Humanos sin distinción de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, representan las obligaciones que todas las autoridades del Estado y de los municipios de Guanajuato adquieren por mandato constitucional para efecto de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos sin discriminación alguna.

Dichas obligaciones, deben verse reflejadas y llevadas a cabo mediante medidas que de manera progresiva garanticen el acceso a los derechos humanos de las personas.

Lo anterior se da especialmente tratándose de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad o categorías sospechosas, que son aquellos núcleos de población que enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impide alcanzar un pleno desarrollo en sus vidas.

Por tal, es necesario que las autoridades implementen acciones afirmativas de manera temporal, como medidas especiales para garantizar los derechos humanos de estos grupos en situación vulnerable, a fin de lograr, eventualmente, la eliminación de la discriminación histórica hacia ellos[1], lo anterior siempre bajo los estándares de proporcionalidad y racionalidad.

Así mismo el Estado está facultado para otorgar un trato desigual a estos grupos en situación de vulnerabilidad, puesto que se considera que no se encuentran en una paridad frente a los otros sujetos, siempre que dicho trato desigual implique una distinción justificada[2].

Es importante señalar que dentro de estos grupos o categorías sospechosas se encuentran las personas con discapacidad, que son aquéllas que presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual, sensorial, de trastorno de talla o peso, ya sea de naturaleza congénita o adquirida, permanente o temporal, que limite su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, y que puede impedir su desarrollo.[3]

De acuerdo con el INEGI, Guanajuato tiene un 5.7 por ciento de prevalencia de discapacidad (último reporte 01 de diciembre de 2015). En otro reporte, también del INEGI (2014), señala que el 28.2 por ciento de las personas tienen discapacidad para escuchar; 24.6% de movilidad para bañarse, vestirse o comer;17.5% para hablar o comunicarse; y, el 13.6% problemas emocionales o mentales.

En ese mismo sentido y de acuerdo con el estudio de Discriminación estructural y desigualdad social editado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que la tasa de ocupación para las personas sin discapacidad es de 62.6% mientras que la participación laboral para las personas con discapacidad es menor en todos los tipos de discapacidad.

Por tanto, ante las bajas tasas de empleo de las personas con discapacidad y ante la escasa cobertura de programas y políticas públicas que promuevan el empleo de las personas con discapacidad es que este grupo se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad de sus derechos laborales ante la falta de certidumbre de ocupar espacios que les brinden oportunidades de trabajo.

Atento a los anterior, es que surge la necesidad de generar un andamiaje institucional efectivo que vele por los derechos laborales de las personas con discapacidad en el Estado de Guanajuato, debido a que la realidad nos demuestra que durante años se ha negado la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral y por tal, el Estado tiene la obligación legal y moral de adoptar acciones afirmativas como la que se propone, para que de manera progresiva se pueda garantizar el pleno acceso a los derechos humanos de este grupo vulnerable.

Por tal es preciso señalar que, de acuerdo con el principio de progresividad de los derechos humanos, el Estado se encuentra obligado a buscar un constante avance o mejoramiento para lograr el verdadero reconocimiento y protección de los derechos humanos.

Al respecto, en el Estado de Guanajuato no existe como tal en nuestra legislación disposición legal alguna que garantice su inclusión en el mundo laboral por lo que ocasiona que las personas con discapacidad no logren un pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Es por todo lo anteriormente expuesto que se propone que sean las dependencias y entidades de las administración pública Estatal y Municipal, los primeros entes en ofrecer espacios laborales a las personas con discapacidad, estableciendo que el 5% del total de sus respectivas plantillas laborales, lo ocupen personas con discapacidad. Lo que constituye un paso fundamental en el acceso a los derechos laborales de las personas con discapacidad.

En el estado de Guanajuato se tiene un registro de 235 mil personas con discapacidad.

Se propone el porcentaje del 5 en virtud de la plantilla laboral actual de las dependencias y entidades de la administración pública Estatal y Municipal, en relación con el porcentaje de la población Guanajuatense con alguna discapacidad y el nivel de ocupación laboral de las mismas.

En consecuencia, la presente iniciativa va encaminada a robustecer y lograr el objetivo primario que fue planteado al emitir la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, mismo que radica en lograr plenamente la inclusión de este grupo vulnerable en todos los sectores de la sociedad, incluyendo el propio ámbito laboral.

La importancia de esta iniciativa radica en la necesidad de establecer un cambio de paradigma en el modelo social para efecto de que el Estado adquiera verdaderamente la obligación de garantizar el pleno acceso a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, lo anterior atendiendo a la ineficiencia de los cuerpos normativos actuales, que no permiten que las personas con discapacidad puedan acceder plenamente a sus derechos en el ámbito laboral.

Por lo anterior, con esta iniciativa tenemos la oportunidad de crear un articulado que dé respuesta a los grandes retos y complicaciones que enfrentan las personas con discapacidad para entrar en el mundo laboral, impulsando así al Estado de Guanajuato hacia la vanguardia en el reconocimiento y acceso a los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; los que suscribimos la presente iniciativa coincidimos en que de aprobarse ésta, tendrían cabida los siguientes impactos:

I. Jurídico.

El impacto de modernización legislativa conlleva la adición del artículo 7-1 a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, que permitirá garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector público.

II. Administrativo.

Implicaría que las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal realicen las adecuaciones institucionales y reglamentarias necesarias para efecto de ocupar el 5% de su plantilla total laboral con personas que tengan alguna discapacidad.

III. Presupuestario.

De la presente iniciativa no se advierte un impacto presupuestal, pues no implica la creación de nuevas inversiones o plazas al interior de la administración pública estatal y municipal.

IV. Social.

Promueve y atiende la demanda social de incluir a las personas con discapacidad en uno de los sectores de la sociedad en la que se le ha excluido históricamente como lo es el ámbito laboral.

Asimismo, propone un cambio en el paradigma social, para efecto de requerir la participación de la demás sociedad para garantizar una verdadera inclusión de las personas con discapacidad en el sector público.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo único. Se adiciona el artículo 7-1 a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato para quedar como sigue:

Obligaciones de las autoridades

Artículo 7-1. Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de contratar a personas con discapacidad en al menos un 5% de la totalidad de su planilla laboral.

Además, las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán realizar los estudios de compatibilidad con los puestos ofertados para efecto de determinar si de acuerdo con las diversas discapacidades, dichos puestos pueden ser ocupados por una persona con discapacidad.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato.

Artículo Segundo. Para efecto de cumplir con la disposición prevista por el artículo 7-1 de la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, deberán realizar las adecuaciones reglamentarias, presupuestarias, manuales y políticas de contratación

necesarias para garantizar la inclusión y las condiciones laborales de las personas con discapacidad en virtud de los puestos ofertados.

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal contarán con 90 días para realizar las adecuaciones señaladas en el párrafo anterior para garantizar la inclusión y las condiciones laborales de las personas con discapacidad.

Artículo Tercero. Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, deberán cumplir con las disposiciones previstas por el artículo 7-1 de la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, a partir de la nómina del año 2020.

Guanajuato, Guanajuato, a 20 de febrero del año 2019.

Diputada Maestra Celeste Gómez Fragoso

Diputada Licenciada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno

Diputado Licenciado José Huerta Aboytes

Diputado Licenciado Héctor Hugo Varela Flores

 

 

  1. Acción de inconstitucionalidad 2/2010. Procurador General de la República. 16 de agosto de 2010. Mayoría de seis votos a favor del contenido del considerando quinto de la sentencia respectiva. Disidentes: ministros José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo. Los señores ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia no participaron en la votación de las consideraciones respectivas. Ponente: ministro Sergio A. Valls Hernández. Derivado de este asunto véase Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIV, agosto de 2011, p. 880, tesis P. XX/2011; IUS: 161264.
  2. 2007924. 1a. CCCLXXXIV/2014 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, noviembre de 2014, Pág. 720
  3. .Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, artículo 2, fracción X.
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