INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A EFECTO QUE EL PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA QUE FORME PARTE DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, PUEDA EJERCER LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y EXCUSARSE DE PARTICIPAR EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE ESTABLECE ESTA LEY.

Con el permiso de la Mesa Directiva

Compañeras diputadas, Compañeros diputados

Medios de comunicación que cubren esta sesión,

A quienes nos siguen a través de los diferentes medios electrónicos,

Señoras y señores:

Quienes integramos el grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, con fundamento en lo que disponen los artículos 56, fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 167, fracción II, 168 y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guanajuato, por su conducto sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por él se incorpora un artículo 28 Bis, al Capítulo I del título III de la Ley de Salud del Estado de Guanajuato relativos a la prestación de los Servicios de Salud, para incorporar a su texto la figura de la objeción de conciencia, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

La democracia moderna no se agota en un simple ejercicio aritmético de ponderación de la presencia y eficacia que denotan las fuerzas políticas en el espectro social.

La democracia de nuestros días impone un compromiso responsable con los derechos humanos, y de manera importante, con la adopción y respeto de un marco axiológico que incluya como contenidos los principios del pluralismo, la tolerancia y la libertad.

Es indiscutible que las sociedades del tercer milenio están marcadas por la diversidad, la cual se hace patente en la amplia variedad de aspiraciones, concepciones, posiciones ideológicas y patrones de actuación.

Las diferencias físicas, económicas, políticas, culturales y regionales que se manifiestan en el cuerpo social, imponen a los titulares del poder público la responsabilidad de gobernar para todos y no sólo para eventuales mayorías.

La fórmula democrática, en su sentido más radical, que coincide en mucho con la observancia fiel de la célebre Oración de Gettysburg, resultaría injusta y carente de funcionalidad si la acción del gobierno se dirigiera sólo a la parte mayoritaria de la población.

Esta forma de gobierno implica la necesidad de que los agentes del poder se despojen de actitudes maximalistas y de que eviten caer en pervertida tentación de considerar que existen los monopolios de la virtud y de la razón.

Se pudiera pensar que esa tendencia está proscrita por completo si se pierde de vista que todavía subsiste la tentación política fundamentalista y que aún existen algunos que consideran al pluralismo como un cáncer que debiera extirparse del cuerpo social agrupando a la sociedad bajo criterios unificados.

No obstante, por fortuna, el ideal político distintivo del siglo XXI pugna con toda tentativa totalitaria y con la adopción de criterios homogéneos.

El compromiso democrático de nuestros días impone la renuncia a todo tipo de dogmatismo y obliga a mantener una constante actitud de apertura, respeto y tolerancia como condición indispensable para conseguir una reciprocidad civilizada y una siempre apreciable coexistencia pacífica.

El principio de la tolerancia es una convicción que, afortunadamente, ha venido alcanzando un incuestionable prestigio, y se ha ido transformando en un auténtico valor político de las democracias modernas, tal vez porque va en la naturaleza humana la autonomía y el rechazo a la uniformidad dogmática.

La tolerancia, entendida no como la arrogante actitud de tener que soportar las contingencias que hacen diferentes a los demás, sino como la virtud social, fundada en la prudente y constante decisión del respeto recíproco a la diversidad, en los términos del mandato ético de aceptar la diferencia ajena tal y como quisiésemos que los otros consistiesen lo que nos distingue.

Este principio es indispensable para el perfeccionamiento de la democracia y se traduce en el deber de aceptar el diálogo, de respetar el punto de vista ajeno, de conceder la razón y de propiciar y respetar el consenso; pero, de manera recíproca y complementaria, también es el derecho a disentir, a asumir posiciones propias y a sostener criterios diferentes, a proponer iniciativas y a ser incluido en el acuerdo social.

De esta suerte se asume que el tolerante se identifica por el respeto al legítimo ejercicio de la libertad de expresión de los demás, aunque profesen puntos de vista diferentes a los suyos; el intolerante, por lo contrario, representa la voluntad autoritaria que no acepta a otro interlocutor que aquel que coincide totalmente con su visión. El primero encarna las cualidades del demócrata, mientras que el segundo responde a los vicios del despotismo.

Ahora bien, independientemente de la funcionalidad que tiene esta herramienta entre los miembros de la sociedad para el procesamiento de la convivencia armónica, la tolerancia a la que se encuentra obligado el gobierno forma parte del catálogo esencial de las libertades civiles, y constituye un valioso elemento de prudencia política, indispensable para la eficacia de la libertad de conciencia.

Porque es definitivo que la democracia no se agota en las convenciones expresas o tácitas que se dan inter pares en la comunidad nacional para una adecuada marcha social exenta de conflictos, ni mucho menos se circunscribe a ciertas formalidades del sistema electoral.

La democracia, como bien lo expresa nuestro texto constitucional, es todo un sistema de vida; y para que exista, impone a los agentes del poder una conducta comprometida con la libertad de los ciudadanos, y de manera particular, con la libertad de conciencia.

Para que haya democracia el estado debe de ser laico; y para ello es precisa la neutralidad política, ideológica y religiosa de los titulares de los órganos del poder público.

El estado confesional es una aberración premoderna y antidemocrática que se debe proscribir, porque tan nefasto es para la salud de la nación un partido único o hegemónico como la religión de estado.

El México de hoy es una realidad social multicultural, pluralista y compleja que reclama garantías para el ejercicio ordenado de la diversidad de opciones; pues como se puede ver, la democracia no se agota en la alternancia, ni a la calidad del demócrata se arriba con la autoproclamación demagógica.

La concepción moderna de la democracia debe fundar sus cimientos sobre una sólida cultura de tolerancia activa y de neutralidad dinámica, que ayude a construir un amplio escenario de libertades ciudadanas, en el que tengan cabida las más altas expresiones manifiestas del espíritu laico, el pensamiento crítico y la libre conciencia individual.

Ahora bien, la realización institucional y la consolidación productiva de esta forma de gobierno, precisamente por la naturaleza de sus principios y valores constitutivos, impone fuertes dosis de racionalidad y responsabilidad tanto de los políticos como de los ciudadanos.

Como es evidente, el fanatismo, la intolerancia, el dogmatismo y el pensamiento mágico son contrarios a las prácticas democráticas, y el resurgimiento de éstas pone en grave riesgo el mantenimiento de las mismas, al igual que el autoritarismo, el abuso del poder, el excesivo ejercicio de facultades discrecionales o el desprecio por la legalidad.

Por lo tanto, para el perfeccionamiento de esta fórmula de convivencia no basta con la aplicación de un decente y modoso juego limpio en el sistema comicial y ni tan siquiera es suficiente que el Poder Ejecutivo de la Unión haya alcanzado un cierto grado de reconocible legitimación nacional.

Dado que la unanimidad es absurda, para el perfeccionamiento del sistema democrático es indispensable mucho más, y ello va en la dirección de acotar la arrogancia de las coyunturales mayorías relativas y aún de las que aritméticamente llegaren a calificarse de absolutas y duraderas.

Para darle certeza a esos pasos hacia el perfeccionamiento del sistema democrático hacen falta los ingredientes instrumentales e institucionales de la cultura laica, pero ante todo del respeto institucional a la libertad y al disenso de las minorías.

Aunque es claro que, tampoco es suficiente con la consagración de la libertad ideológica en el texto de nuestra Carta Magna. Porque a fin de que este derecho fundamental alcance la eficacia que impone el mandato del poder constituyente, se requiere de mecanismos institucionales que posibiliten su actualización en la realidad cotidiana. Uno de esos medios, que está tomando carta de naturalización en el mundo contemporáneo, es el de la objeción de conciencia.

La objeción de conciencia es una forma de afirmación de la dignidad individual; y su reconocimiento por el orden jurídico ha contribuido a darle eficacia real y expresión efectiva a la libertad de pensamiento.

En los países cuyos ordenamientos jurídicos positivos han adoptado esta figura, se ha hecho posible armonizar el derecho de las mayorías de esas naciones a sentir, sostener, expresar y practicar el credo ideológico y religioso de su conveniencia, con la manera de pensar de los grupos minoritarios, así como hacer valer la excusa del personal médico y paramédico a realizar determinados procedimientos médicos o quirúrgicos.

Esta figura se puede definir como el derecho subjetivo que por un lado tiene por objeto lograr la dispensa de un deber jurídico; y por otro la excluyente de responsabilidad cuando el incumplimiento de ese deber se ha consumado.

En nuestro país, recientemente se ha recogido por la legislación federal, mediante la incorporación de un artículo 10 Bis a la Ley General de Salud, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de mayo de 2018; y más recientemente el pasado 24 de octubre del presente año, en el Estado de Nuevo León también quedó incorporado este derecho en la Ley de Salud de esa entidad federativa.

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, es que, el Grupo Parlamentario del PRI, propone a la consideración de esta Asamblea la incorporación de un artículo 28 Bis, dentro del Capítulo I del título III de la Ley de Salud del Estado de Guanajuato relativos a la prestación de los Servicios de Salud, para incorporar la figura de la objeción de conciencia al texto de la referida ley y posibilitar que los prestadores de servicios médicos y el personal paramédico se pueda excusar de la intervención, por motivos de conciencia, pero sin deterioro de los servicios a los que constitucionalmente tiene derecho el usuario, como derecho fundamental a la salud.

Para dar debido cumplimiento al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guanajuato, se exponen a continuación los impactos que se pueden causar en el caso de que se apruebe la presente iniciativa.

  1. Impacto Jurídico

De aprobarse y entrar en vigor la reforma que se propone, incorporará la figura de la objeción de conciencia al texto de la Ley de Salud, para preservar jurídicamente el derecho a disentir por motivos de convicción ideológica o de credo religioso.

  1. Impacto Social

Con la incorporación de esta figura a la legislación de salud, se agrega una figura jurídica fundamental para el respeto a la pluralidad ideológica y a la diversidad de pensamiento y a las convicciones morales y religiosas de las personas que se dedican a la prestación de servicios médicos y paramédicos en el Sistema Estatal de Salud.

  1. Impacto Administrativo

En este caso, no se genera la necesidad de ampliar la estructura orgánica de ninguna dependencia del sector Salud.

  1. Impacto Presupuestario

En la especie no se causa la necesidad de utilizar recursos presupuestarios adicionales.

En mérito de lo expuesto y fundado, los y las integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en esta Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, nos permitimos proponer el siguiente proyecto de:

DECRETO

 

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