INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA REGULAR EL EXCESO DE ESCOLTAS A EX FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

ASUNTO:

Se presenta Iniciativa

DIPUTADO JUAN ANTONIO ACOSTA CANO

PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA

P R E S E N T E.

Quienes integramos el grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, con fundamento en lo que disponen los artículos 56, fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 167, fracción II, 168 y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guanajuato, por su conducto sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 37, 37-1, segundo párrafo y 41, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos noveno y décimo establece que:

« [….] La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. – Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública […]»

En atención a ese expreso mandato de la Ley Suprema; y como una patente expresión del federalismo mexicano, se instituyó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un principio por la abrogada «Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública»; y refrendado, con posterioridad, por la vigente Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública expedida por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de enero de 2009.

Dicha disposición, que es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública, tiene como finalidad regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de manera primordial establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, las Entidades federativas y los Municipios, en materia de seguridad pública.

De esa manera, quedan orgánica y materialmente incluíos los tres órdenes de gobierno en las delicadas y trascendentes funciones de preservar las libertades, el mantenimiento de la paz pública y el orden mediante la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, la investigación y persecución de las conductas delictivas y la reinserción social del condenado, de acuerdo con lo que a cada uno corresponda en el ámbito de sus legales competencias.

En ese marco, surgió en nuestro Estado la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, que fue expedida por Decreto número 188 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número del 25 de noviembre de 2014.

Ese cuerpo normativo, en vía de armonización, reproduce, en el ámbito local, los propósitos generales de la legislación federal de la materia; haciendo una distribución de competencias de manera complementaria y transversal de cada una de las instancias que componen el Sistema Estatal de Seguridad Pública de las cuales fija sus respectivos ámbitos de aplicación de la Ley, procurando la articulación, homologación y complementariedad de las políticas públicas, programas y acciones de los distintos órdenes de gobierno, incluidas las de justicia, seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos.

Resulta evidente que el ejercicio de esas atribuciones conlleva un riesgo para la seguridad personal, la salud, la integridad y hasta la vida de los servidores públicos involucrados en las acciones de investigación, persecución y combate al delito y que el Sistema debe proveerles de los elementos necesarios para que la preservación de su seguridad.

No obstante, la legislación federal no incluyó en su texto disposiciones expresas relativas a la preservación de la seguridad de los servidores públicos involucrados en el ejercicio de las funciones relativas a la consecución de la seguridad pública, en especial las referentes a la persecución de los delitos y combate directo a la violencia.

Las únicas prevenciones que en el plano federal se han expedido son las relativas al DECRETO por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; publicado en el Diario Oficial de la Federación, en cuyo artículo Sexto Transitorio se establece:

«Sexto. El Procurador General de la República y los Procuradores Generales de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, tendrán un año contado a partir de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para expedir las disposiciones administrativas correspondientes en materia de protección de personas en los términos que señala la presente Ley, sin menoscabo de las medidas de protección que otorguen previamente.»

De igual manera, en forma un tanto tangencial, en fecha 17 de junio de 2016, se incluyeron disposiciones referentes a la preservación de la seguridad de los servidores públicos insertos en el ámbito de las acciones de seguridad ciudadana; al expedirse el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito, que reformó diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y en cuyo artículo Sexto Transitorio se dispone:

«Sexto.- La Procuraduría General de la República propondrá al seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública la consecución de los acuerdos que estime necesarios entre las autoridades de las entidades federativas y la federación en el marco de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal»

En dicha Ley, se define a la Persona Protegida, como «Todo aquel individuo que pueda verse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un procedimiento penal». Asimismo, dentro de dicho concepto se considerarán a las personas ligadas con vínculos de parentesco o afectivos con el testigo, víctima, ofendido, e incluye en última instancia a los servidores públicos, que se vean en situación de riesgo o peligro por las actividades de aquellos en el proceso; aclarando que para tales efectos, el riesgo es, «la Amenaza real e inminente que, de actualizarse, expone la vida e integridad física de la Persona Protegida, por su intervención en un Procedimiento Penal».

Cabe precisar, que en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de diciembre de 2018, no se incluye norma alguna que imponga que al Fiscal General se le deba otorgar protección para él y su núcleo familiar por el tiempo de su encargo y tres años más, como sí se establece en el ámbito local en el artículo 19 de la Ley que aquí aprobamos.

Esa misma tendencia sobreprotectora con nuestros funcionarios locales, ocurre en nuestra Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en cuyo artículo 37 se establece que el Gobernador, el Secretario de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública, el Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría y el Comisario General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, contarán con protección y seguridad personal durante el tiempo de su encargo o al gozar de licencia, así como por un periodo de tres años al cesar en sus funciones, siempre y cuando no sea removido por una causa grave imputable a ellos, y que también tendrán derecho a recibir las medidas de protección el cónyuge, concubina, concubinario, descendientes y ascendientes en primer grado, durante el mismo periodo de tiempo en que la reciba el servidor público.

De manera complementaria, en el artículo 39 se establece esa prerrogativa para los presidentes municipales y sus núcleos familiares hasta por un año; y en el artículo 40 de dicha Ley, se impone, como restricción, la confidencialidad de los datos relativos a datos la identidad de los servidores públicos a los que se otorgue protección y seguridad, así como el número y datos del personal, bienes y equipo de seguridad será información de carácter confidencial; lo cual pone en relieve la circunstancia de que, para dicha protección no sólo se distraen los famosos ayudantes, escoltas o guaruras, que son agentes que deberían estar realizando actividades de seguridad general, en lugar de ocuparse de manejar el vehículo y bridarle seguridad personalísima a funcionarios y exfuncionarios, sino que también se pervierte la finalidad de bienes materiales y equipo cuya función primordial era la construcción de un ambiente seguro para todos y no sólo para unos cuantos que se pueden contar con los dedos de una mano.

Esa distracción de los recursos presupuestarios destinados originariamente a la satisfacción de necesidades generales, que con toda certeza se traduce en la disminución de la eficacia en el combate contra la violencia y la inseguridad ciudadana, es repudiada por la población en general, quien no ve con buenos ojos que los servidores públicos de alto rango sean asistidos por aparatosos equipos de ayudantía y seguridad; y menos que éstos sean solventados con recursos del erario.

La parafernalia con la que suelen alardear ciertos burócratas de alto nivel, cuya grosera ostentación los coloca fuera de los márgenes de la realidad cotidiana que vive la generalidad de los guanajuatenses.

En días pasados se ventiló en los medios un problema que nuestro Grupo Parlamentario detectó desde que estábamos diseñando nuestra agenda legislativa ciudadana; y no es otro, sino el referido al profundo rechazo social que existe respecto a la existencia de ese privilegio del que inmerecidamente gozan algunos ex servidores públicos del Estado de Guanajuato, y que no es otro sino el injustificado otorgamiento de escoltas a cargo y en detrimento del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

La sociedad lo considera injusto porque rompe con el principio del trato igualitario que debemos recibir todos los miembros del cuerpo social; y porque trata de procurar seguridad personalísima a personas que si bien, en teoría sirvieron a la población, ya no lo hacen, y se les proporciona cuando que la seguridad para todos, es una de las asignaturas pendientes más sentidas por los guanajuatenses.

El uso de escoltas es repudiado porque genera un gasto ocioso cuando los recursos para la seguridad ciudadana no sólo son limitados, sino que se aprecian escasos; y porque además lesiona sensiblemente la economía de la mayor parte de los municipios de la entidad.

Además, aun cuando la ley que proponemos reformar penaliza el desvío de las funciones de custodia si llegaren a aplicarse a otras actividades, es frecuente encontrar a esos guardianes en el surtimiento de la despensa o aplicados a las tareas del hogar de los exfuncionarios.

La concesión de escoltas a los exfuncionarios, en general, es un lujo y un dispendio de recursos públicos que gratifica inmoderadamente a quienes el pueblo señala por su notoria incompetencia en la lucha contra el crimen, en donde, con toda certeza, no dejaron ningún pendiente por no haberle causado el más mínimo agravio a los delincuentes.

Por otro lado, no cuestionamos y claro que entendemos que en algunos casos la protección y seguridad de algunos exfuncionarios resulta ser necesaria, empero, esta necesidad debe ser plenamente justificada, pues debe acreditarse la extrema necesidad de contar con este beneficio.

Entiéndase la extrema necesidad desde una perspectiva de seguridad integral de las personas como: “Aquel estado de indefensión en que se encuentra una persona que corre el riesgo de perder la vida o verse menoscabada en su integridad física, si no sale de él”.

Luego entonces, se puede decir que, para el caso en concreto, con la presente iniciativa se pretende establecer que los exfuncionarios que deseen gozar de este beneficio, deberán acreditar suficiente y fehacientemente la aludida extrema necesidad, lo que implica también que sea a solicitud de parte interesada, es decir, para hacerse de ella deberán valerse de todo aquello que pueda demostrar que la protección y seguridad personal le es absolutamente indispensable para vivir en armonía y sin temor a ser afectados en su persona.

Así las cosas, esta iniciativa se motiva de manera fundamental, porque ante los cuestionamientos de la opinión pública sobre las causas de dicho otorgamiento inmerecido, los defensores de ese privilegio sólo encontraron como justificación el muy elástico principio de legalidad, que lo mismo sirve para un roto que para un descosido, como en este caso, en el que la contundente respuesta fue: “Se les otorgan esos beneficios porque así lo dispone la ley”.

Si la única justificación para esa impopular, injusta, inmerecida y ociosa prerrogativa es su inclusión en la disposición legal, pues modifiquemos la ley, que es a lo que atentamente los convocamos en esta reforma.

Así, para dar congruencia, pero sobre todo materialización jurídica a los argumentos esgrimidos, resulta necesario reformar los artículos 37, 37-1, párrafo segundo y 41; todos ellos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, tal y como lo proponemos en el proyecto de Decreto a través de esta iniciativa.

Ahora bien, para dar cabal cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guanajuato, quienes suscribimos la presente iniciativa coincidimos en que de aprobarse ésta, se causarían los siguientes impactos:

  • JURÍDICO:

De aprobarse las reformas aquí propuestas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, dicha disposición general, estratégica para la atención de una de las necesidades más sentidas de la población, como lo es la consecución de la paz pública y la tranquilidad social, se ajustaría de manera más estricta a la concreción de finalidades cada vez más amplias, incluyentes e integrales que las de solo proporcionar un retiro confortable a algunos de los funcionarios de las administraciones estatal y municipales.

  • ADMINISTRATIVO:

En caso de que se apruebe la iniciativa que proponemos, no existe razón alguna para que se causen impactos en la esfera administrativa del Estado de Guanajuato.

  • PRESUPUESTARIO:

De llegar a aprobarse la reforma que proponemos, una vez concluido el proceso legislativo, no se tiene prevista ninguna repercusión en el monto presupuestario, pues los agentes y bienes materiales aplicados a la custodia y ayudantía de los ex funcionarios estatales y municipales revertirían a la realización de las funciones que inicialmente les fueron asignadas.

  • SOCIAL:

Contribuiría a garantizar un trato más igualitario entre gobernantes y gobernados, al permitir que se destierre el otorgamiento de fueros y privilegios a personas que cuando ejercieron el poder público no siempre se destacaron por su atingencia en el cumplimento de sus obligaciones constitucionales.

En mérito de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de:

D E C R E T O

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 37, 37-1, segundo párrafo y 41, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, para quedar como sigue:

«Artículo 37. Contarán con protección y seguridad personal durante el tiempo de su encargo, los siguientes servidores públicos:

I. Gobernador del Estado;

II. Secretario de Gobierno; y

III. Secretario de Seguridad Pública.

IV. Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría; y

V. Comisario General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Se podrá otorgar protección y seguridad personal a aquellos exfuncionarios que una vez concluido cualquiera de los encargos a que se refieren las fracciones anteriores, así lo soliciten, siempre y cuando acrediten la extrema necesidad de contar con este beneficio y cuando no hayan sido removidos por una causa grave imputable a ellos. En este caso, la protección y seguridad personal deberá ser otorgada de manera proporcional al periodo laborado, que en ningún caso será superior a tres años.»

«Artículo 37-1. El Presidente y el funcionario municipal que de manera exclusiva y directa ejerzan la dirección de las funciones en materia de seguridad pública tendrán derecho a protección y seguridad personal durante el tiempo de su encargo.

Para el caso de otorgamiento de protección y seguridad personal de los exfuncionarios municipales a que se refiere este artículo, los interesados deberán sujetarse a lo establecido en el último párrafo del artículo 37 de esta Ley para la obtención de este beneficio.»

«Artículo 41. Las medidas de protección se otorgarán siempre que no se comprometa la suficiencia de recursos humanos y materiales para la prestación del servicio de seguridad en el Estado o municipios y bajo ninguna circunstancia se permitirá que los recursos humanos y materiales destinados a la protección, sean utilizados para atender asuntos personales, siendo su única función la seguridad del servidor público. La infracción a lo dispuesto en este artículo será motivo del retiro de las medidas de protección.»

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato.

Guanajuato, Gto., a 23 de mayo del año 2019.

Dip. Maestra Celeste Gómez Fragoso

Dip. Ma. Guadalupe Guerrero Moreno

Dip. Licenciado José Huerta Aboytes

Dip. Licenciado Héctor Hugo Varela Flores

 

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