INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EN MATERIA DE FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RELACIONADAS CON EL INFORME DE GOBIERNO QUE RINDE EL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO.

DIPUTADA MA. GUADALUPE JOSEFINA SALAS BUSTAMANTE

PRESIDENTA DEL HONORABLE CONGRESO DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA

P R E S E N T E.

Las y los que suscribimos, DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción II, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; así como por lo establecido en los artículos 167, fracción II, 168 y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos presentar y someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de DECRETO mediante la cual se adiciona el artículo 50 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, en materia de faltas administrativas no graves de los servidores públicos relacionadas con el informe de Gobierno que rinde el titular del Ejecutivo del estado, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los servidores públicos deben observar el exacto cumplimiento de las funciones que les han sido encomendadas y, además, deben ajustar su actuación a los valores que conforman el ejercicio del poder público.

En seguimiento a la agenda ciudadana que mostró al inicio de la legislatura el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como, en concordancia con las diversas iniciativas presentadas ante esta Honorable Asamblea y que se relacionan con el formato del informe que rinde anualmente el titular del Ejecutivo estatal, extendemos nuestra labor legislativa y subimos a la más alta Tribuna el día de hoy a efecto de continuar la armonización del marco legal, mismo que impacta en esta ocasión en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

La ley en cita, tiene por objeto establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

Tomando como parámetro los objetivos de dicha ley, como lo son:

  • Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos;
  • Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto;
  • Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto;
  • Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, y,
  • Crear las bases para que toda entidad pública establezca políticas eficaces de ética y responsabilidad en el servicio público.

Es que, en la presente iniciativa, al igual que las correlativas presentadas con anterioridad, subsiste el enfoque primigenio, es decir, que “El Informe de Gobierno sea un real ejercicio de rendición de cuentas y que se trasforme en una democrática relación entre los poderes del Estado y de éstos con la sociedad”.

Para nuestro Grupo Parlamentario resultó de vital importancia impulsar las condiciones constitucionales que permitan darle contenido concreto al Informe de Gobierno; hacer posible la evaluación objetiva de los avances y obstáculos de la Administración Pública Estatal; así como, medir el grado de cumplimiento del instrumento de planeación sexenal.

Luego entonces, la presente iniciativa incide en la adición de un artículo 50 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y tiene como objetivo que ante el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el informe que rinde anualmente el titular del Ejecutivo Estatal se puedan imponer faltas administrativas no graves a los servidores públicos responsables de atender las tareas y acciones vinculadas con su ejercicio público acordes a dicho informe.

En esa tesitura, podemos decir que la sanción es definida en términos generales como una consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado, es decir, se encuentra condicionada a la realización de un supuesto.

Ese supuesto tiene carácter secundario, ya que consiste en una inobservancia de un deber establecido por una norma a cargo del sujeto sancionado.

Luego entonces, la sanción es la secuela obtenida al contravenir las disposiciones jurídicas emitidas por una autoridad competente, en donde la misma está condicionada por la infracción.

En ese orden de ideas, por cuanto hace a las faltas administrativas, se puede decir que estas son ciertas conductas que derivan de los actos u omisiones de los servidores públicos que incumplen o transgreden lo contenido en las obligaciones que les son conferidas en los distintos ordenamientos legales.

Como ya se señaló, en lo local, es en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato donde se establece como objetivo y de manera específica las faltas administrativas graves y no graves en que pueden incurrir las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato (servidores públicos).

En ese sentido, proponemos y sometemos a consideración de Ustedes compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa mediante la cual se adiciona el artículo 50 bis. a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, en materia de faltas administrativas no graves de los servidores públicos relacionadas con el informe de Gobierno que rinde el titular del Ejecutivo del estado.

De esta manera, se pretende normar que los servidores públicos incurrirán en Falta administrativa no grave en cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

I. Cumplir con el avance de los objetivos y de las metas establecidas en el Programa de Gobierno;

II. Atender los requerimientos de información que con motivo del análisis del informe anual de gobierno realice el Congreso del Estado;

III. Falsear la información relativa a los requerimientos señalados en la fracción anterior, y

IV. Procurar el cumplimiento de las recomendaciones derivadas del resultado del análisis que emite el Congreso en materia del informe anual de gobierno.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, resulta fundamental que, durante las etapas del proceso presupuestario, las dependencias y entidades deberán atender las observaciones resultantes del proceso de análisis del Informe de Gobierno, para en su caso, actualizar los recursos destinados a las acciones de cumplimiento del Programa de gobierno realizando las mejoras pertinentes a los objetivos y metas y a sus indicadores y en caso de incumplimiento se puedan imponer faltas administrativas no graves a fin de que se procure la materialización real de los objetivos y metas del Programa de Gobierno del Ejecutivo Estatal.

Ahora bien, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; los que suscribimos la presente iniciativa coincidimos en que de aprobarse ésta, tendrían cabida los siguientes impactos:

I. Jurídico.

Este se traducirá en el ejercicio de la facultad de los iniciantes consignada en el artículo 56, fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, mediante la presente propuesta de adición a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

Además, el impacto jurídico lo conlleva de manera integral vinculado a las iniciativas de diversas leyes que ha presentado y presentará el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en relación con la presentación y análisis del informe anual de gobierno por parte del Titular del ejecutivo sobre el estado que guarda la Administración Pública Estatal.

II. Administrativo.

Implica la imposición de un nuevo catálogo de faltas administrativas no graves de los servidores públicos relacionadas con las obligaciones vinculadas al informe de Gobierno que rinde anualmente el gobernador del Estado.

Además, se fomentará la rendición de cuentas de los servidores públicos y las responsabilidades que se generan derivadas del informe de Gobierno.

III. Presupuestario.

De la presente iniciativa no se advierte un impacto presupuestal, pues no implica la creación de nuevas inversiones o plazas.

IV. Social.

“La certeza del derecho es la previsibilidad del ciudadano de las consecuencias jurídicas infalibles de sus propios actos y de sus acciones”.

Para lograr un Gobierno cercano a la gente es necesario que los servidores públicos que incurren en actos u omisiones dentro del ámbito de sus funciones sean sancionados, así existirá la certeza de que su actuar será constantemente vigilado en razón del interés del Estado de proteger los valores que presiden el ejercicio de la función pública.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Único. Se adiciona el artículo 50 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 50 bis. Los servidores públicos incurrirán en Falta administrativa no grave en cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

I. Cumplir con el avance de los objetivos y de las metas establecidas en el Programa de Gobierno;

II. Atender los requerimientos de información que con motivo del análisis del informe anual de gobierno realice el Congreso del Estado;

III. Falsear la información relativa a los requerimientos señalados en la fracción anterior, y

IV. Procurar el cumplimiento de las recomendaciones derivadas del resultado del análisis que emite el Congreso en materia del informe anual de gobierno.

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a Usted dar a esta iniciativa el trámite señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

Guanajuato, Guanajuato, a 07 de noviembre del año 2019.

Diputada Maestra Celeste Gómez Fragoso

Diputada Licenciada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno

Diputado Licenciado José Huerta Aboytes

Diputado Licenciado Héctor Hugo Varela Flores

 

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