INICIATIVA DE REFORMAS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, CON LA FINALIDAD DE HACER VALER UNA ‘TUTELA JUDICIAL EFECTIVA’

CON LA VENIA DE LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DE MIS COMPAÑEROS DIPUTADOS, SALUDO A LOS MIEMBROS QUE REPRESENTAN A LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, AL PUBLICO AQUÍ PRESENTE Y A QUIENES NOS SIGUEN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS, A LOS INTERNAUTAS.

LAS Y LOS SUSCRITOS, DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 56, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; ARTÍCULOS 167, FRACCIÓN II, Y 209, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PONEMOS A CONSIDERACIÓN UNA INICIATIVA con proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona el artículo 321 Bis; se reforma el artículo 322; y se adicionan los artículos 322 Bis, 322 ter, 322 Quáter, 322 Quinquies y 322 Sixies, todos ellos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional motiva la presente iniciativa, la situación problemática que se viene advirtiendo en torno al cumplimiento efectivo de las sentencias a favor del gobernado en lo que se ha denominado la “Tutela Judicial Efectiva” y la dilación en la que incurre el ente obligado para alargar el cumplimiento de la sentencia que le fue dictada, principalmente en las administraciones municipales.

En efecto, cada resulta más generalizada la sensación de que alcanzar un fallo favorable contra el Estado equivale a superar una carrera de obstáculos, puestos en beneficio de la Administración, que vislumbran escasas posibilidades de éxito para el administrado. La falta de instrumentos adecuados para satisfacer sus pretensiones, la existencia de situaciones jurídicas carentes de efectividad y los medios de apremio idóneos que en la práctica se vuelven privilegios y prerrogativas de la Administración que muchas veces significan para la autoridad condenada, su inmunidad jurisdiccional en lo relativo al cumplimiento de las sentencias, han ido determinando supuestos de indefensión para el Gobernado y, lo que es aún más grave, generando una desconfianza del ciudadano hacia la justicia que le ofrece el Estado.

Importante es mencionar que el Derecho Humano a la Tutela Judicial Efectiva “no agota su contenido en la exigencia de que el interesado tenga acceso a los Tribunales de Justicia; exige también que el fallo judicial se cumpla y que el recurrente sea repuesto en su derecho y compensado… Lo contrario sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan a favor de alguna de las partes, en meras declaraciones de intenciones” cita: Angela Figuerelo Burrieza.

Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado respecto a la tutela judicial efectiva como un “derecho gradual y sucesivo, que va perfeccionándose mediante el cumplimiento de etapas correlativas que deben superarse hasta lograr su plena eficacia, en tanto que la Segunda Sala del propio Alto Tribunal consideró que es un derecho complejo que comprende el libre acceso a los órganos jurisdiccionales, así como los derechos al debido proceso, a que se dicte una decisión ajustada a la ley, a recurrirla y a obtener su ejecución…”.

Tal como se encuentra actualmente la norma, resulta que el tiempo invertido en todo el proceso, es mínimo comparado con el que tiene qué esperar el particular para que la autoridad cumpla con la sentencia emitida. Este acontecimiento resulta inconcebible, el hecho de que sea mayor el tiempo de espera para que la autoridad demandada cumpla la sentencia a aquél que el gobernado le destinó para desahogar el juicio en todas sus etapas.

Es por ello que, a fin de evitar la revictimización del administrado y de evitar un estado de impunidad e incumplimiento jurídico por parte de la autoridad que sólo convierte a la norma en letra muerta, y alarga indefinidamente el resarcimiento del daño causado, que proponemos la adición del artículo 321 Bis, mediante el cual se propone establecer medios de apremio específicos para el cumplimiento de sentencias, con multas más elevadas, cuyo rango base incremente a 100 Unidades de Medida y Actualización diaria en cuantía y elevar el tope máximo a 1000 Unidades, tal como se encuentra dispuesto en la vigente Ley de Amparo.

Por su parte, con la reforma planteada al artículo 322 y las adiciones de los artículos 322 Bis, 322 ter, 322 Quáter, 322 Quinquies y 322 Sixies del Código se establece un procedimiento más efectivo y claro con relación al cumplimiento de las sentencias. Con ello, pretendemos resolver la carencia de la norma vigente ya tratada supralíneas, aportando elementos para evitar que se incumplan las mismas; incluso, poder decretar la destitución del servidor público que incumpla con una sentencia previendo los casos en que la Autoridad sea un funcionario con cargo de representación popular y cuyo procedimiento por mandato constitucional sea a través de la solicitud a la Legislatura Local del procedimiento de Suspensión o Revocación de Mandato previsto en la ley Orgánica del Poder Legislativo. Previendo además, el supuesto cuando la autoridad demandada no cuenta con un superior jerárquico a quien notificar el incumplimiento de sentencias, lagunas que actualmente tiene la norma vigente.

Además, se adiciona un artículo que castiga con pena privativa de la libertad de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días y en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; Repita el acto reclamado; y al que Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto.

Por último, incorpora la obligación de que los Ayuntamientos, que es donde mayor recurrencia se tiene en el incumplimiento de sentencias, realicen prevenciones presupuestarias para cubrir las erogaciones que deriven del cumplimiento de las sentencias y para el caso de que las condenas que exigen el pleno restablecimiento del derecho violado, fijada por autoridades jurisdiccionales, excedan la disponibilidad presupuestal, correspondiente a un ejercicio fiscal determinado, éstas sean cubiertas en el siguiente ejercicio fiscal; cubriéndolas además, en el orden de antigüedad en que hayan sido emitidas las sentencias; con lo cual evitamos la excusa de que no se tiene presupuesto ni partida para cumplir con las sentencias, amén de que se evita la discrecionalidad y selectividad en el cumplimiento de las mismas, al hacerse obligatorio que se cumplan acorde a la antigüedad en que fueron emitidas y evitar con ello rezagos selectivos.

Y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; los que suscribimos la presente iniciativa coincidimos en que de aprobarse ésta, tendrían cabida los siguientes impactos:

JURÍDICO:

  1. De aprobarse las reformas y adiciones aquí planteadas, tendría impacto jurídico en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y principalmente en todos aquellas Condiciones Generales de Trabajo que rijan a los tres Poderes y a los Organismos Públicos Autónomos a efecto de prever sanciones y procedimientos administrativos para los funcionarios públicos que incumplan las sentencias emitidas por el Órgano jurisdiccional.
  2. Dota de herramientas jurídicas a Juzgados Administrativos Municipales y al Tribunal de Justicia Administrativa para hacer efectivo el cumplimiento de sentencias por parte de la autoridad demandada y condenada.

ADMINISTRATIVO:

Obliga a mejorar procesos administrativos en el ente obligado al establecerse en ley medios de apremio efectivos para el cumplimiento de las sentencias.

PRESUPUESTARIO:

No se advierte un impacto presupuestario derivado de la presente iniciativa.

SOCIAL:

  1. Genera mayor certeza jurídica al gobernado de que le será cumplida con mayor agilidad y más rápido, una sentencia emitida en un Juicio Contencioso Administrativo.
  2. Brinda al órgano jurisdiccional instrumentos y procedimientos jurídicos efectivos para que la autoridad condenada cumpla con las sentencias que le fueron dictadas, obteniéndose con ello mayor credibilidad social del gobernado para con las instituciones del Estado.

¡ES CUANTO DIPUTADA PRESIDENTA, POR SU ATENCIÓN, MUCHAS GRACIAS!

 

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