POSICIONAMIENTO A FAVOR DE LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Pasa el tiempo. Los ciclos políticos terminan. Iniciamos y concluimos los periodos sexenales y la inseguridad ciudadana, en lugar de mejorar, se sigue deteriorando.

La violencia, la masacre, la amenaza contra la vida, la salud y el patrimonio de las familias sigue siendo la constante en el panorama social.

Según todas las fuentes que consultamos, cada día que pasa, rebasamos los indicadores históricos de inseguridad pública, impunidad y deterioro de la tranquilidad social.

De acuerdo con el análisis que hemos realizado y las consultas que hemos efectuado a diversos colectivos de la sociedad civil, una de las causas más importantes de ese grave problema se debe al desgaste que ha sufrido el Ministerio Público.

Esa institución, a juicio de los más diversos analistas, es un modelo agotado e incapaz de contribuir eficazmente a la superación del problema de inseguridad que padecemos.

Ese esquema proviene de la aplicación de la versión inicial del artículo 102 de la Constitución de 1917; y uno de los inconvenientes que acarrea es que lo encabeza un procurador general designado de manera libre por el titular del Ejecutivo.

De entrada, ese organismo, al provenir de la voluntad del Gobernador y al encontrarse inserto en el cuerpo de la administración pública estatal carece de autonomía orgánica, lo cual limita su independencia técnica y funcional.

Ello se agrava, porque monopoliza el ejercicio de la acción penal, lo cual pudiere derivar en el ilícito extremo de realizar esa delicada función de manera selectiva y con fines políticos perversos.

Por otra parte, y en cuanto al aspecto estrictamente técnico, a esta caduca institución se le dotó de amplias facultades de representación social y de procuración de justicia, en demérito de la función esencial que debe tener, que es la persecución eficaz de los delitos.

Por todo ello y atento el clamor social de extensos e influyentes grupos de la sociedad, se generó la enmienda constitucional que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 2014; que dio lugar a nuestro propio proceso de reforma constitucional y legal.

En ese marco y con plena y dispuesta apertura, esta Soberanía en general; y nuestro Grupo Parlamentario en específico, consultaron a la sociedad civil, la cual coincidió de manera unánime en la conclusión de que:

  • Tenemos que reformar al Ministerio Público;
  • Tenemos que transitar del modelo de Procuraduría General de Justicia al de Fiscalía General;
  • Que la Fiscalía que se instituya goce de plena autonomía orgánica, técnica y funcional;
  • Que no haya pase automático de los órganos de la Procuraduría a la nueva Fiscalía
  • Que se generen contrapesos efectivos al Fiscal General; y
  • Que la transición de una a otra institución sea gradual y con participación social.

Teniendo en cuenta esas propuestas de la sociedad civil y las recomendaciones de los expertos, el Grupo Parlamentario del PRI en esta Legislatura, ha tomado la decisión de apoyar en lo general el Dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia.

Estamos a favor de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, por la simple y sencilla razón de que para que exista la Fiscalía que quiere la sociedad, es necesario que previamente exista la Ley que la instituya.

Un requisito sine qua non para que exista una institución como la que desean los ciudadanos y como la que requerimos todos los guanajuatenses, es la norma que le dé existencia jurídica y que establezca el entramado de su organización y los límites para su funcionamiento.

Por eso votamos a favor del dictamen. Por eso lo apoyamos en lo general.

Esta postura que hoy asumimos, no es óbice para que el Grupo Parlamentario que me honro en presidir, siga pugnando por la aprobación de nuestra iniciativa de Reformas al artículo 95 de la Constitución Local, para que, en lo sustancial, se evite el pase automático del Procurador a la Fiscalía; y para reducir la duración de la gestión del Fiscal.

En el dictamen figuran una serie de observaciones que formulamos tanto en Comisiones como en las Mesas de Trabajo; y en términos generales estamos de acuerdo, porque primero es el contenido y luego la forma que debe de adoptar la institución para que cumpla con los requerimientos de la sociedad.

Y en ese carril; y con el respeto que nos merece la Comisión de Justicia, este Grupo seguirá insistiendo en la necesidad de que la Fiscalía esté dotada de plena autonomía respecto de todo tipo de injerencias

Seguiremos pugnado por la autonomía como un atributo esencial del nuevo órgano, para que se garantice que la función del Fiscal en la investigación y persecución de los delitos estará exenta de influencias indebidas, tanto públicas como privadas.

Es muy trascendente que tengamos la certeza de que la Fiscalía actuará de manera independiente, para que su teoría del caso y líneas de actuación no se contaminen por presiones o injerencias ajenas, más allá de la prueba y lo que establezca la ley

Además queremos una institución que además de perseguir eficazmente los ilícitos penales garantice el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, particularmente cuando los delitos constituyan violaciones graves a los derechos humanos.

Pretendemos, asimismo, un Fiscal que no se sobrepase, que no concentre un Poder exagerado y metaconstitucional, sino que tenga en la estructura de la Fiscalía, un organismo colegiado de origen ciudadano y de composición técnica que lo modere; y que al mismo tiempo que le libere de cargas administrativas y de funciones disciplinarias, ejerza un contrapeso democrático; por lo que, nos pronunciamos por la revisión de las funciones del Consejo, para que no sea un simple aparato decorativo y cosmético que sirva para simular la rendición de cuentas.

Nos pronunciamos, además, por un órgano de control interno eficaz que recoja las funciones de las visitadurías y que no se limite a vigilar faltas de carácter simplemente administrativo.

En aras de una mayor eficiencia de las funciones de la Fiscalía y de la certeza jurídica de las víctimas de los delitos, queremos que se incorpore en la Ley la obligación de digitalizar todos y cada uno de los trámites del proceso y del acceso a la información de los interesados.

Buscamos, asimismo, que la transición de los cuadros técnicos de la actual Procuraduría a la Fiscalía, sea un proceso gradual y determinado por normas de rigurosa selección y un proceso de eficaz capacitación, que garanticen que el tránsito no devendrá en un burdo traslape de cuadros y traspaso de recursos de una institución a otra.

Debemos aprovechar la coyuntura para que la institución que se está gestando sea un organismo nuevo y mucho más acorde con lo que se necesita en la lucha contra la inseguridad y la impunidad.

Que esta reforma no se traduzca en un simple cambio de nombres o en el puro rediseño de siglas y logos. Que no sea esto un ejercicio de gatopardismo en el que se hicieron una serie de cambios y trasformaciones aparentes, para que todo siga igual.

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