POSICIONAMIENTO A FAVOR DE LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN LEY DE SEGURIDAD

Con la venia de la mesa directiva y su diputada presidenta, diputadas y diputados de este honorable congreso del estado de guanajuato, asistentes que nos acompañan a esta sesión de pleno y quienes nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación.

Hablar de seguridad pública se ha vuelto un tema de mucha coyuntura no solo para la ciudadanía guanajuatense, sino a nivel país.

A través de la historia de épocas pretéritas siempre ha sido necesario que exista el orden público entre la población de manera que regulen la conducta de los individuos y mantenga el control en la población, la seguridad pública es connatural al estado, sin duda constituye una función indispensable para el crecimiento político, económico y cultural de nuestra entidad. Recuperar la convivencia armónica, la tranquilidad social son desiderátum por conseguir en guanajuato.

He solicitado esta oportunidad para externar la posición del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional, en relación con el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del sistema de seguridad pública del estado de guanajuato, mismo que nos ocupa en este punto del orden del día.

En ese sentido, quiero hacer mención a ustedes, de que el grupo parlamentario del partido revolucionario institucional se pronuncia a favor del mismo, esto es así porque, estamos ciertos de que el trabajo legislativo llevado a cabo por los que integramos la comisión de seguridad pública y comunicaciones y que se propone ante esta honorable asamblea, coadyuvará a que la seguridad de los guanajuatenses un poco más acorde a las necesidades que la ciudadanía requiere.

Pues en dicho trabajo legislativo, el grupo parlamentario del pri realizó observaciones con propuestas fáctibles que fueran bien vistas por la comisión y los participantes en las mesas de trabajo, mismas que a su vez fueron conideradas por la emisión del dictámen que nos ocupa. Por mencionar algunas, por lo que hace a los requisitos para que los municipios se hagan del fondo estatal, el pri propuso eliminar la subjetividad que generaria discrecionalidad en la asignacion de los mismos, toda vez, que los contenidos en la iniciativa eran muy ambiguos, lo que daba como consecuencia la posibilidad de que se rompiera la equidad en la asignacion los recursos y, por ende, se les complicaría allegarse del recurso correspondiente al fondo estatal.

Una vez que se objetivizaron los requisitos y se definieron criterios de equidad, se logró generar una vacatio legis que permitirá a los municipios hacerse del fondo estatal para el año 2019 sin necesidad de cumplir con los requisitos.

Cabe precisar en esta parte, que en ningún momento se propuso la eliminación de los fines a los que se debe destinar dichos recursos, que sin lugar a dudas son la atencion a la seguridad pública, sino que, por el contrario, la propuesta del pri fue contundentemente encaminada a que estos requisitos pudieran ser, en primer lugar, claros y objetivos, y en segundo lugar, que factiblemente los puedan cumplir los municipios, pues, a los 46 de nuestro estado, buena falta les hace para optimizar su operatividad en materia de seguridad pública.

Otra propuesta que realizamos fue en cuanto a la organización y funcionamiento de la comisión estatal de secretarios de seguridad pública o sus equivalentes, en ese tema, el pri propuso varios criterios de importancia y trascendencia que también fueron bien recibidos por la comisión, verbigracia:

A) la asistencia a la comisión preferentemente por parte de los titulares de las dependencias estatales y municipales, es decir, que no se vuelva un órgano colegiado de suplentes en detrimento de sus propias atribuciones y funciones;

B) se propuso y se estableció que los integrantes tendrán derecho a voz y voto para la resolución de los asuntos tratados;

C) que la comisión sesionará de manera ordinaria cuando menos una vez por mes, en los términos del calendario que para tal efecto aprueben; y de manera extraordinaria las veces que sea necesario para la atención de los asuntos de urgencia o de importancia;

D) que las convocatorias para las sesiones ordinarias se realicen con siete días de anticipación y que en ese momento, el secretario informe a todos los integrantes la posibilidad de incluir asuntos al orden del día, los cuales deberán remitirse a la secretaria técnica en un plazo de cuarenta y ocho horas;

E) que el orden del día de las sesiones ordinarias se circule con cinco días de anticipación a la celebración de las sesiones junto con la documentación que corresponda a cada punto a desarrollarse;

F) que las convocatorias para las sesiones extraordinarias puedan realizarse con cuarenta y ocho horas de anticipación, y el orden del día sea circulado con veinticuatro horas previas a la realización de las mismas, pudiéndose exceptuar dichos plazos en los casos en que la urgencia o la importancia de los asuntos a tratar así lo amerite;

G) que en las sesiones extraordinarias solo se aborden los asuntos para los cuales fueron convocados;

H) que el secretario técnico sea el encargado de levantar las actas de trabajo correspondientes;

I) la posibilidad de que la comisión pueda establecer sub comisiones para el cumplimiento de sus atribuciones, entre otras más.

Por otro lado, algo que no compartimos tanto con el iniciante, como con los participantes en las mesas de trabajo de la comisión de seguridad pública y comunicaciones, fue lo relativo a reformar adicionando a la fracción ix, al artículo 27. En la cual quedó establecido que “un diputado o diputada del congreso del estado, designado por la junta de gobierno y coordinación política”, forme parte del consejo estatal de seguridad pública.

Por lo que a esto respecta, debo enfatizar que la postura del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional es así porque, no encontramos un sustento para que algún representante del poder legislativo pueda formar parte de un órgano del poder ejecutivo con voto.

Basamos esta consideración en el principio de legalidad que rige el ordenamiento jurídico mexicano, pues en el orden administrativo, éste consiste en que los poderes públicos deben ceñir su actuar en lo que disponga la ley, luego entonces, no se establecerse en ningún ordenamiento jurídico el hecho de que algún representante del poder legislativo pueda ser parte de un órgano del ejecutivo con voto.

En suma, es de observarse compañeras y compañeros diputados, que la iniciativa era carente respecto de sentar las bases para la organización y funcionamiento de la comisión estatal de secretarios de seguridad pública o sus equivalentes, también imponía requisitos muy subjetivos a los municipios para poder acceder al fondo estatal en aras de optimizar sus actividades en materia de seguridad pública y no contaba con normas bien definidas para su aplicación; por estos razonamientos, el grupo parlamentario del pri realizó estas y otras aportaciones de importancia y trascendencia para la seguridad pública empleada en los ámbitos municipal y estatal.

Por ello, estamos ciertos de que el contenido del dictamen con proyecto de decreto que nos ocupa, le abona de manera marginal a la organización del poder público, misma que si bien es cierto estamos en este momento apoyando, debemos resaltar también, que sigue pendiente el tan llamado golpe de timón que prometió el gobernador de nuestro estado en su campaña, por lo que esperamos que cumpla con su compromiso y lo que hoy apoyamos, se vea reflejado en favor de la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía guanajuatense; porque todo lo anteriormente manifestado aquí, no quiere decir que con las reformas y adiciones a la ley en comento, se dará tranquilidad y un ambiente de armonía a guanajuato, claro que no.

Compañeras y compañeros diputados, debemos estar conscientes de que la inseguridad en nuestro estado ha rebasado a las instituciones responsables, es por ello, que el compromiso de cada uno de nosotros no debe limitarse a legislar en materia de seguridad, también debemos exigir como representantes populares, que los órganos del gobierno estatal y municipal se ajusten a las normas que regulan esta problemática social y hagan todo lo posible por logar el bienestar y tranquilidad de la sociedad.

Este congreso en corto tiempo realizó su parte, toca al ejecutivo del estado, la formulación y aplicación de políticas públicas que contribuya a neutralizar y erradicar las crecientes secuelas de la criminalidad e inseguridad en el estado, atendiendo las demandas ciudadanas para su mayor control. Esto debido a que la violencia y la criminalidad en general afectan por igual a los hombres y mujeres guanajuatenses lo que va en detrimento de los derechos humanos, la convivencia pacífica e hipoteca el crecimiento económico-social y el desarrollo integral de la entidad.

Es cuanto, muchas gracias.

 Diputado Licenciado José Huerta Aboytes 

Diputada Maestra Celeste Gómez Fragoso

    Diputada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno 

     Diputado Licenciado Héctor Hugo Varela Flores

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