POSICIONAMIENTO A FAVOR DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ART. 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS , EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, QUE REMITIÓ EL CONGRESO DE LA UNIÓN.

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del PRI en esta Legislatura asumimos con mucho orgullo la encomienda que los electores nos confirieron, porque con ella nos otorgó la honrosa representación de la sociedad.

Ese destacado papel que nos toca desempeñar es todavía más digno y sobresaliente, por el hecho de que, como integrantes de esta Soberanía, tenemos el privilegio de formar parte del Poder Revisor de nuestra Norma Fundamental.

Como parte activa de ese cuerpo constituyente permanente, en el eje de «Leyes para un Guanajuato en paz y con justicia» de nuestra Agenda Legislativa Ciudadana, contrajimos el compromiso explícito de sumarnos a la reforma al artículo 19 constitucional, para evitar lo que el pueblo llano ha dado en llamar la «puerta giratoria».

Ello obedece a que, en nuestro contacto con la sociedad, hemos percibido que una de las situaciones que más ofende y lastima a las víctimas, es constatar que quienes perpetraron los ilícitos en su contra y de sus familias, aun después de reconocerse responsables, siguen gozando del privilegio de llevar su proceso en libertad.

El día de hoy, al conocer el dictamen que nos presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, estamos en posibilidad de dar cumplimiento a ese compromiso programático que nos trazamos al iniciar los trabajos de esta Legislatura.

Para nuestro Grupo Parlamentario, con la minuta que nos turnó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se presenta la oportunidad de cumplir con una de las metas que nos fijamos en nuestra agenda; por lo que con anterioridad a esta sesión la analizamos con detenimiento.

La minuta proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca extender la prisión preventiva oficiosa para el caso de delitos altamente agraviantes para el cuerpo social.

La reforma, en consecuencia, pretende limitar de los beneficios que el precepto constitucional de referencia concede, en general, a todos los gobernados; para que mediante la aplicación de la mencionada medida cautelar se evite la sustracción del imputado de ciertas conductas antisociales y se garantice su permanencia durante el proceso.

En estricto sentido, con esta medida, sólo se estaría ampliando el catálogo de los ilícitos que ameritan que el juzgador aplique la prisión preventiva sin necesidad de que se lo requiera el Ministerio Público.

La teleología de este mecanismo de ingeniería constitucional es evitar la fuga anticipada y la sustracción de la justicia de ciertos indiciados, que por la naturaleza de los actos por los que se les procesa, en su caso, no deben quedar impunes.

Se busca la reducción de ciertas conductas y dotar a las instancias de procuración e impartición de justicia, de un instrumento que no sólo impacte sobre la incidencia delictiva, sino que pueda contribuir a disminuir la impunidad.

Tan fuerte y resonante ha sido el clamor social en contra de la grotesca situación de que los presuntos autores de delitos transiten libre y cínicamente por las calles ante la frustración y el pánico de sus víctimas, que durante mucho tiempo fue un tema obligado en la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Y no sólo eso, sino que, en el Congreso de la Unión se presentaron siete distintas iniciativas de reforma constitucional, mismas que ahora constituyen la materia de la minuta cuya discusión nos ocupa.

En síntesis, la enmienda sólo adiciona el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, para incluir al catálogo de los delitos graves que ameritarían la prisión preventiva oficiosa los siguientes:

  • Robo de hidrocarburos;
  • El uso de programas sociales con fines electorales;
  • El abuso o violencia sexual en contra de menores;
  • El feminicidio;
  • Corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
  • La desaparición forzada;
  • El robo a casa habitación;
  • El robo a transporte de carga; y
  • Los delitos en materia de armas de fuego y explosivos.

El Grupo Parlamentario que represento, apoya esa medida, porque ante la ineficacia de otros instrumentos, la consideramos una saludable y nueva oportunidad para procurar la recuperación de la paz pública y la tranquilidad social.

Y disentimos de las voces discordantes, de quienes, en un arrebato de exaltado garantismo, la han considerado como una amenaza contra los derechos humanos.

A quienes así se han manifestado; incluso a eminentes cuadros del Partido al que pertenecemos, les decimos desde esta tribuna, que:

La prisión preventiva oficiosa, ya estaba en el texto constitucional;

Que sólo se ha extendido a las conductas ya descritas;

Que nada más es una medida cautelar y no una sanción punitiva;

Que no presupone la responsabilidad penal ni viola el principio de presunción de inocencia;

Y, sobre todo, que lejos de alterar el sistema penal acusatorio y adversarial de 2008 lo perfecciona; además de que no vulnera en nada la Gran reforma constitucional de 2011 sobre derechos fundamentales, pues incluso está tutelada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Lo único en que no coincidimos, es en la parte transitoria donde se establece un periodo de revisión, no sólo de la enmienda, sino de la eficacia de toda la figura de la prisión preventiva, que ya se encontraba inserta en el artículo 19 constitucional.

Por todo ello, las diputadas y diputados del PRI anunciamos que votaremos a favor del dictamen y conminamos a nuestras compañeras y compañeros de los demás Grupos y representaciones parlamentarias a que hagan lo propio.

Consideramos que con este respaldo estaremos contribuyendo, en lo que nos corresponde, a la lucha contra la violencia y la criminalidad, y primordialmente a la pacificación de México y de Guanajuato.

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