POSICIONAMIENTO A FAVOR DEL DICTAMEN PARA INCORPORAR AL TEXTO DEL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO EL INTERÉS SUPERIOR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE HABITEN EN EL TERRITORIO ESTATAL.

En uso de la Voz: Con el permiso de la Presidencia, de la Mesa Directiva y de mis compañeros Diputados:

Los niños, las niñas y los adolescentes constituyen, por una parte, el grupo más preciado de nuestra pirámide etárea, porque son la expectativa más promisoria y la esperanza más firme y luminosa del futuro de México.

Son, por su tierna edad, la parte más sensible, más noble y más entrañable de la familia nuclear y el fruto más querido y más deseado de los impulsos de la especie humana por su conservación, su mantenimiento y su desarrollo.

Son la simiente viva de las generaciones que habrán de tomar la estafeta de todas y todos a quienes nos ha tocado la fortuna de vivir en este mundo, en esta época y en la actual circunstancia.

Pero al mismo tiempo, y dada su fragilidad física y emocional, los niños, las niñas y los adolescentes, forman parte de uno de los grupos más vulnerables ante las asechanzas del medio.

Por todo ello, y en parte hasta por una especie de instinto colectivo de conservación, los países civilizados desde hace tiempo, han decidido establecer una serie de mecanismos y estructuras culturales para la preservación de sus derechos.

Al conjunto de todos esos elementos éticos, jurídicos y políticos que tienen como objeto primordial garantizar el mayor grado de beneficio para la niñez y la adolescencia, se le ha denominado el “interés superior del menor”.

Esa tendencia, que se ha acuñado como principio jurídico dentro del constitucionalismo moderno, fue asumido por la Organización de las Naciones Unidas, cuya Asamblea General aprobó en 1989, la Convención de los Derechos del Niño, en cuyo artículo 3, establece: (y cito)

“… en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

(Hasta aquí la cita)

Nuestro país, adoptó dicha Convención un año después, aunque fue hasta 2011, que el Poder revisor de la Constitución de 1917, lo incorporó al texto del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se acuñó su enunciación en un hermoso texto que dispone: (cito)

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

(Fin de la cita)

Antes de esa tan trascendente reforma constitucional de octubre de 2011, luego de que en junio de ese año se estableció entre otros importantes avances la progresividad derivada del principio Pro homine, en México ya teníamos la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que el 4 de diciembre de 2014, fue abrogada por la actual Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal constitucional, ha establecido que los jueces al resolver, deberán observar obligatoriamente el interés superior de la niñez y la adolescencia.

Esto nos conduce a considerar que dicho interés no se puede visualizar de manera más nítida más que en el contexto de un conflicto de intereses, en cuyo caso, ante el interés de un adulto, debe prevalecer el derecho del menor o del adolescente.

En mi partido, el Revolucionario Institucional, en el punto 33 de su vigente Declaración de Principios establece que como Instituto Político nos pronunciamos por la realización de acciones afirmativas y políticas públicas en pro de los grupos vulnerables y por una sociedad que vele por el sano desenvolvimiento y desarrollo de niñas y niños adolescentes.

Por ello es que, no podemos más que votar a favor del Dictamen que se nos presenta, para incorporar al texto del artículo 1° de la Constitución Política del Estado de Guanajuato el interés superior de las niñas, niños y adolescentes que habiten en el territorio estatal.

Consagrar ese derecho es un acto generoso y noble; pero debemos pugnar, para que no sea letra muerta sino un texto vivo que nos ayude a conseguir que no haya un solo niño en condición de calle, que no haya niños drogadictos, que no haya infantes en el desamparo.

Gracias.

 

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