POSICIONAMIENTO EN CONTRA DEL DICTAMEN DE LA REVISIÓN PRACTICADA POR LA ASEG CON RELACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA LA EDIFICACIÓN DE UN ESTADIO DE FÚTBOL EN LEÓN.

El Grupo Parlamentario del PRI, por mi conducto, se opone a la propuesta contenida en el DICTAMEN formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización con relación a la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, con relación a la adquisición de unos terrenos de los predios Los Ángeles y Medina, en el municipio de León, para la edificación de un estadio de futbol.

Nos oponemos a la aprobación, porque consideramos que constituye un intento de “injustificada exoneración Legislativa” que mediante la aprobación del dictamen del informe de auditoría se pretende llevar a cabo, porque en la revisión de referencia existen fallas graves, en las cuales se habría incurrido con la intención de solapar a los posibles responsables de severas infracciones a la ley.

La razón técnica y jurídica de nuestra objeción al dictamen se basa en una serie de datos que ponen de manifiesto la parcialidad y la tendenciosa falta de acuciosidad, que se reflejan en el contenido del informe de la Auditoria Superior; los cuales generan la sospecha de una complaciente complicidad de su parte, misma que deviene en la notoria evidencia de que su propósito inicial era el de evitar a toda costa la determinación de posibles irregularidades y el señalamiento de presuntos responsables

En resumen, este dictamen contiene violaciones al Procedimiento de Auditoría; carece de exhaustividad en sus consideraciones; es omiso en señalar fallas graves visibles en el proceso; y tendenciosamente oculta datos e informes importantes que podrían evidenciar graves irregularidades en los actos revisados.

Cabe destacar, en primer lugar, la ilegalidad del proceso revisado, considerando que la versión publicada sobre la finalidad de la adquisición de los inmuebles era la de dotar a la sociedad leonesa del terreno necesario para la construcción de un estadio de futbol, lo cual se interpretó, en su momento, como una acción electoralmente oportunista y distractora de la torpeza en que se había incurrido para perder la propiedad del Estadio León.

No obstante, al analizar el informe de resultados rendido por la ASEG, se encuentra que la finalidad jurídica que manifestó la dependencia revisada fue la de contar con “Reserva territorial”, lo cual conceptualmente no se ajusta a los términos del artículo 2° del Código Territorial del Estado, lo que se traduce en la malversación de la finalidad de la adquisición y en la ilegalidad de la operación en su conjunto.

De la confronta del informe rendido por la ASEG y la Escritura pública que contiene el acto jurídico de la adquisición de los inmuebles, se observan las siguientes omisiones y desviaciones de que adolece el informe que se dictamina:

No existe relación, congruencia y justificación entre las finalidades de la adquisición y los Proyectos y Objetivos del Programa de Gobierno 2012-2018.

Del análisis del Informe, no se desprende cuál es la dependencia solicitante; es decir qué Secretaría solicitó la adquisición del inmueble para los fines publicitados por Gobierno del Estado.

Por otro lado, no se informó a la Secretaría o al Órgano de administración sobre las necesidades inmobiliarias que tal parece que surgieron por generación espontánea.

No se aprecia en el informe que se cuente con la autorización expresa del Comité o Subcomité correspondiente donde establezca el precio respectivo del inmueble en su adquisición.

Tampoco se desprende del informe, que dicha adquisición correspondiera a los objetivos y metas previstos en los instrumentos del Sistema estatal de Planeación. Todo lo anterior en contravención a los artículos del 155 al 158 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Con relación a lo dispuesto por el artículo 34 fracción V de los “Lineamientos Generales de Control Patrimonial de la Administración Pública Estatal el informe omite confirmar si existió la valoración de la Secretaría de Obra Pública respecto a la viabilidad y seguridad de la obra.

En lo referente al artículo 29 de fracciones XII y XIII del Código Territorial vigente al momento del proceso, no se acompañó al informe el documento que justificara que, con la adquisición del terreno, se fuera a promover el desarrollo regional y metropolitano.

En lo que respecta al artículo 25 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, la Secretaría de Finanzas autorizó la ampliación de recursos para el proyecto de inversión, pero cabe señalar que no existen constancias que acrediten el caso excepcional y la debida justificación para ello.

Son de destacarse las características del predio, donde sobresale que son terrenos con accidentes geográficos e hidrológicos; y que no son los útiles ni idóneos para desarrollar infraestructura deportiva.

La Escritura Pública no señala cuál fue el fin de la adquisición, teniendo la obligación de especificarlo en dicho instrumento conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de los Lineamientos Generales de Control Patrimonial de la Administración Pública Estatal.

Respecto de la venta posterior de estos terrenos advertimos las siguientes posibles ilegalidades:

Los avalúos para la adquisición y posterior enajenación, fueron elaborados por la Dirección de Catastro, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal esto es, que la misma dependencia que adquirió y enajenó el terreno a través del ciudadano Juan Ignacio Martín Solís en su carácter de Secretario, es la misma que elaboró los avalúos que sirvieron de base para la escrituración de los actos jurídicos mencionados, poniendo en tela de juicio la imparcialidad y objetividad en la realización de esos actos.

Por lo que respecta al daño al erario público, del análisis a la escritura pública, en las cláusulas de compraventa, se desprende lo siguiente:

Aun cuando el precio de venta fue el mismo que el precio de compra, las partes acordaron que el comprador (FUERZA DEPORTIVA DEL CLUB LEÓN S.A. DE C.V.), pagara el precio en muy cómodas parcialidades. Incumpliendo con la fracción III del artículo 49. De la Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado que señala que: La enajenación de los bienes inmuebles del dominio privado se podrá realizar bajo las siguientes condiciones y actos jurídicos:

III. Venta, cuando el producto de la misma represente un incremento al patrimonio del Estado o, en su caso, se realice en favor de personas físicas o morales que requieran disponer de dichos inmuebles para la creación, fomento o conservación de una empresa que beneficie a la colectividad. Supuestos que no se cumplen y por el contrario con esta venta generaron un menoscabo al patrimonio estatal.

A saber tenemos que, Con las condiciones pactadas, se concluye que el adquirente dejara de pagar por el valor del dinero que le financio el Gobierno del Estado $42,879,949.63 (Cuarenta y dos millones, ochocientos setenta y nueve mil, novecientos cuarenta y nueve, con sesenta y tres centavos), esto es, que si el comprador se hubiera financiado con un crédito al 12.00%, pagaría a la institución Bancaria dicha cantidad, por los 6 años del crédito, no podemos acompañar el sentido del dictamen, porque estaríamos avalando un daño patrimonial al Estado, a mayor abundamiento, miren compañeros legisladores, el simple hecho de que si el Estado no hubiese erogado la cantidad que represento el costo de Adquisición del predio en cuestión y lo tuviera invertido en el tiempo pactado de 6 años, ingresarían a las arcas estatales la cantidad de $25,345,734.76 (veinticinco millones, trescientos cuarenta y cinco mil, setecientos treinta y cuatro, con setenta y seis centavos), por puros intereses generados a una TIR sobretasa del 8.43% siendo éste el daño causado al erario público. Es evidente e insultante, que de dicha venta no se reflejó el incremento al patrimonio del Estado y que resulta sospechoso que la auditoria superior no observo tan elemental violación legal.

Con la síntesis anterior probamos la hipótesis de que el proceso de adjudicación de los terrenos fue un negocio particular financiado con recursos públicos con daño al patrimonio estatal; por lo cual, reitero no podemos acompañar el sentido del dictamen.

No nos lo permite nuestra convicción de actuar siempre en el marco de la Ley. Nos lo impide nuestro compromiso con la legalidad y con la división de poderes.

Aspiramos a contar con una Auditoría Superior del Estado que funcione como un auténtico órgano de control y no como complaciente validador de infracciones e irregularidades, eso que la gente común suele identificar como simple tapadera del Gobierno.

Por esas razones, nos oponemos al dictamen que hoy está a nuestra consideración. No podemos avalar el sentido del mismo y solicitamos su voto en contra.

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