POSICIONAMIENTO EN CONTRA DEL DICTAMEN RELATIVO A LAS 5 INICIATIVAS DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN EN MATERIA DE LA FISCALÍA GENERAL EN DONDE PREVALECE EL PASE AUTOMÁTICO DEL PROCURADOR A FISCAL.

La historia nos enseña que la razón y la mayoría mecánica no siempre van de la mano. No se implican de manera recíproca ni siempre se producen de manera conjunta.

En efecto, ni la mayoría tiene siempre la razón, ni la razón tiene siempre la mayoría.

Ese hecho nos permite observar que en la realidad se pueden suscitar conflictos entre la razón y la mayoría.

Pero además, esa situación nos lleva a concluir que no siempre es preferible la razón de la mayoría, porque nos puede conducir al error; y que siempre debe privilegiarse la mayoría de la razón.

Por otra parte, si bien es cierto que uno de los elementos básicos del sistema democrático es la regla de la primera mayoría, también es verdad que la democracia moderna impone la inclusión ponderada de las minorías en la toma de decisiones.

Hago referencia a estas consideraciones, porque en el proceso que hemos venido siguiendo para la modernización de la institución del Ministerio Público, al parecer se perdió la gran oportunidad que tuvimos de resolver el asunto de una manera inclusiva, consensuada y razonable.

Así lo advertimos cuando se prefirió el análisis de la Ley orgánica al tratamiento de iniciativas de reforma constitucional, que hubieran proporcionado una lógica base previa de sustentación a la legislación secundaria.

Así lo percibimos en la sesión que el lunes pasado celebró la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que produjo el dictamen que ahora nos ocupa; en la que se hizo sentir un notorio ánimo de avasallar la lógica de la disensión con el único argumento de la diferencia numérica.

Así lo presumimos en la anunciada posición que con antelación ha asumido la mayoría parlamentaria en este Congreso, que a nuestro juicio ha clausurado algunas vías para el perfeccionamiento de una institución tan trascendente como la que ha surgido de este proceso que ahora culmina.

No entendemos cuáles hayan sido los motivos que los hayan orillado a mantener su posición tan firme, tan hermética y tan resistente al cambio, ya que en varios aspectos se distancia importantemente de lo que está reclamando la sociedad.

Nuestra postura, en cambio, es muy clara, las únicas motivaciones que tenemos, están determinadas por el compromiso que tenemos con la ciudadanía que nos confirió el mandato por el que estamos aquí.

La exigencia de la sociedad civil organizada y la voz de diversos ciudadanos en particular, ha sido clara, firme e invariable y nosotros hemos estado atentos a escucharla, a secundarla y a darle cauce:

Hemos captado el mensaje de los guanajuatenses a los que representamos; y éste es en el sentido de que para abatir los índices de impunidad se requiere una reconversión del Ministerio Público.

Los ciudadanos exigen que en lugar de la que fue la Procuraduría General de Justicia, se instaure una Fiscalía General; y de esa manera hemos votado, al apoyar, la Ley Orgánica que ha establecido esa nueva Institución.

Nos han mandatado que este organismo sea un instituto completamente renovado, que sin cerrarse a la posibilidad de conservar cuadros y recursos de la institución que se cierra, busque el mejoramiento indiscutible en todas sus estructuras; y por ello, con la sociedad, nos opusimos a los pases automáticos y nos pronunciamos, indeclinablemente, por una transición tersa, gradual y ordenada.

Un enérgico reclamo de los guanajuatenses fue el de una Institución libre de toda índole de injerencias públicas y privadas que pudieran sesgar interesadamente sus facultades acusatorias; en mérito de lo cual, pugnamos, y seguiremos pugnado, por una Fiscalía no sólo autónoma; sino libre de toda sospecha de claudicación y sumisión a presiones o estímulos ajenos.

Otra insistente petición de la ciudadanía, ha sido en el sentido de la utilidad práctica de la Fiscalía. Quieren una fiscalía que sirva. Que reduzca drástica y sensiblemente los índices de impunidad.

Para ello, es necesario que sea una institución fuerte y eficaz. Que goce de atribuciones suficientes para perseguir y someter a juicio a los delincuentes; pero a la vez; que el poder que en nombre del pueblo se le está confiriendo no se convierta en una fuerza ilimitada, desbordada y arbitraria, sino que tenga contrapesos endógenos que puedan moderar el ejercicio abusivo de sus funciones.

Por ello es que seguiremos insistiendo en las reformas que permitan el replanteamiento de la estructura y funcionamiento del Consejo Consultivo que prevé la Ley Orgánica de la Fiscalía General.

Esas, en síntesis, son las razones de nuestra decisión de votar en contra del dictamen que nos presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el cual no concuerda íntegramente con nuestra visión jurídica y política que tenemos acerca de este proceso que por ahora está concluyendo.

Nuestra postura está determinada por la razón. Esta no coincide hoy con la mayoría. Lo aceptamos porque tenemos una profunda convicción democrática.

Lo hacemos con la certeza total de que la mayoría es transitoria, temporal y coyuntural; por el contrario, la razón es permanente, perdurable y esencialmente estructural.

 

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