POSICIONAMIENTO CONVOCATORIA PARA UNA FISCALÍA QUE SIRVA

Con su venia señora presidenta.

Compañeras y compañeros diputados.

Señores de los medios de comunicación.

Señoras y señores.

La transición del esquema de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato al modelo de la Fiscalía General 44 Sesión ordinaria 6 de diciembre de 2018 es una de las asignaturas pendientes más importantes que tiene esta legislatura. Creo que no exagero si digo que es el asunto más trascendente de los que habremos de conocer, analizar, discutir y resolver dentro de los próximos días.

Y es que el proceso legislativo que arrancó con la reforma constitucional contenida en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 2014, aún no está terminado; no está terminado, pero está a punto de su conclusión.

La evolución que ha tenido desde hace casi cinco años ha sido, hasta cierto punto, pausada; pues su ritmo lo ha ido marcando; desde el inicio del proceso, la tensión generada por las diversas propuestas surgidas desde el poder y la clara visión que la sociedad tiene respecto al tipo de Fiscalía que quiere.

En un principio, el modelo que proponía la iniciativa presidencial de donde provino la enmienda a diversos preceptos de la Ley Fundamental, proponía que el titular de la Procuraduría se convirtiera en el primer Fiscal de la República, lo cual fue repudiado enérgicamente por la ciudadanía.

La sociedad civil de la nación exigió una Fiscalía autónoma y rechazó, enérgicamente, toda forma de contubernio entre los titulares del poder público y los órganos encargados de la persecución de los delitos y del ejercicio de la acción penal. Ello motivó al entonces presidente de la República a presentar de inmediato una diversa iniciativa de reforma a los dispositivos en los que se contenía la posibilidad de que el último Procurador se convirtiera en el primer Fiscal, para desterrar cualquier tipo de sospecha de que la nueva institución pudiera incurrir en complicidades y se convirtiera en una especie de tapadera de funcionarios corruptos del pasado inmediato.

Esa propuesta de enmienda fue aprobada por el poder revisor de la Constitución hasta el mes de agosto pasado y se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 27 de agosto de 2018; eliminando cualquier posibilidad, de que el titular de ese importantísimo órgano autónomo de la República se convierta en un testaferro del gobierno.

En el ínter, antes de que se aprobara la enmienda constitucional, la anterior legislatura estatal reformó el artículo 95 de nuestra Constitución Política, en el cual se instituyó la Fiscalía General, pero desafortunadamente se adoptó la transferencia automática del último Procurador al primer Fiscal.

La adopción de esa fórmula ha sido repudiada de manera generalizada por la ciudadanía de Guanajuato, que detesta que la Fiscalía nazca bajo el signo de la sospecha, de la subordinación, de la confabulación y del servilismo.

Como señalaba al principio, el proceso que se inició en 2014 está a punto de culminar, si tenemos en cuenta que la parte transitoria de la reforma al artículo 95 de nuestra Constitución, condicionó su entrada en vigor a que se dé cumplimiento al artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 2014.

Ahora bien, el proceso legislativo para la expedición de la norma secundaria a que se alude en el mencionado artículo Décimo Sexto Transitorio, que se contiene en los decretos federales de mérito, está a punto de concluir.

¡En efecto!, el 11 de septiembre anterior, el Grupo Parlamentario de MORENA en el Senado de la República, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la cual fue aprobada por dicha Cámara de origen y la revisora, de acuerdo a lo que se ha publicado, lo discutirá en Pleno el próximo martes.

En el momento en que se apruebe dicha ley federal, atento el artículo Primero Transitorio del Decreto 202 de 14 de julio de 2017 y se realice la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía Sesión ordinaria 6 de diciembre de 2018 45 General de la República, esta Soberanía tendrá 30 días para terminar nuestro proceso.

Compañeras y compañeros legisladores, estamos en tiempo de cumplir responsable, gallarda y dignamente con nuestro cometido constitucional; estamos a tiempo de atender el reclamo exigente y fundado de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil que han surgido para conseguir una Fiscalía autónoma e independiente; de las diversas expresiones de la academia, de los organismos empresariales y del pueblo en general, que se niegan a aceptar un fiscal tachado por la sospecha.

La gente quiere una Fiscalía que sirva, que le sirva a la población, que le resulte de utilidad a los gobernados quienes, ante los escandalosos indicadores de delincuencia e impunidad, han ido perdiendo la confianza en las instituciones y paulatinamente se han ido desencantando del llamado Estado de Derecho.

¡Cómo no se va a decepcionar la ciudadanía, si hace unos días, mientras se festinaba que en el bimestre habían bajado las cifras de homicidios violentos, llegamos a la triste cifra de 3 mil ejecutados en tan sólo diez meses! ¡Cómo no se van a mostrar hartos los guanajuatenses, si más del 75 por ciento de ellos siente que su ciudad es un lugar inseguro!; y que el 77% de ellos estima que los elementos de seguridad son personas corruptas; por ello tienen la convicción de que es mejor no denunciar, porque la cifra negra reportada por el INEGI es de 92.4 por cada cien víctimas que no denunciaron, o que, habiéndolo hecho, no se abrió carpeta de investigación.

Por eso creen que el actual ministerio público no ha servido para restaurar la paz y la tranquilidad que se perdieron en los últimos seis años. En consecuencia, la sociedad exige la derogación inmediata del pase automático del Procurador a Fiscalía General del Estado; propone una reforma integral al artículo 95 de la Constitución Local, busca la eliminación del pase automático de todo el personal de la Procuraduría a la Fiscalía, y el establecimiento del Servicio Civil de Carrera para los funcionarios de la futura institución; aspiran al establecimiento de un proceso transparente en la designación del titular de la Fiscalía, que contemple la participación efectiva de la sociedad civil y que garantice la llegada de un perfil idóneo e independiente de poderes fácticos e intereses inconfesables; la obligación legal de que la Fiscalía diseñe e implemente un plan de persecución penal que atienda los fenómenos delictivos de acuerdo con las condiciones de Guanajuato y una Fiscalía especializada en derechos Humanos.

Los guanajuatenses tienen una visión clara sobre lo que quieren; pretenden, que, con nuestra ayuda, se entierre el caduco sistema de la politización y aplicación selectiva de la acción penal; condenan que se criminalice a la víctima, detestan que se persiga y encause a los inocentes; pero lo que más abominan, es a un ministerio público que solape a los que roban al pueblo al amparo del poder.

Porque es justo, razonable y socialmente urgente, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional acompañará hasta sus últimas consecuencias el reclamo mayoritario de la sociedad por una fiscalía genuina e íntegramente autónoma; por la definición de un método de designación químicamente puro; por la definición de un perfil socialmente aceptable; y por la selección de un profesionista honesto, eficiente y comprometido con la paz pública y la tranquilidad social.

Por lo antes expuesto, desde esta la más alta tribuna del Estado, apelo a la sensatez, a la calidad y entereza política y moral de mis compañeras y compañeros diputados de los distintos Grupos Parlamentarios y de las representaciones parlamentarias, para que hagamos honor a la Casa del Diálogo, privilegiando la deliberación interna, agotemos las instancias parlamentarias que la ley nos da para que juntos impulsemos la mejor decisión en este 46 Sesión ordinaria 6 de diciembre de 2018 trascendental tema que nos ocupa, analizando lo que conviene a la sociedad, a quien estamos obligados a servir, cumpliendo de la mejor manera el mandato y el espíritu de las leyes que nos rigen, sin olvidar que la paz, debe prevalecer para que la vida de las instituciones sea fructífera y, en nuestro caso, abonar a la paz social con justicia.

Es cuánto.

 

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