POSICIONAMIENTO POR UNA POLÍTICA FISCAL QUE NO CONTENGA MÁS CARGAS TRIBUTARIAS PARA LOS GUANAJUATENSES, QUE ESTÁN AGOBIADOS POR LA CRÍTICA SITUACIÓN ECONÓMICA.

Con su venia señora presidenta.

El Grupo Parlamentario del PRI de esta Legislatura, desde el inicio de nuestras actividades se pronunció por una política fiscal que no contenga más cargas tributarias para los guanajuatenses, que están agobiados por la crítica situación económica.

Hicimos ese pronunciamiento y fijamos esa postura, porque tenemos que ser comprensivos de la situación particular en la que se encuentran nuestros representados; y sobre todo, porque debemos ser solidarios con sus necesidades y sus problemas.

Los guanajuatenses jamás han sido reacios a cumplir con las obligaciones de contribuir para el gasto público que nos impone la Ley Suprema; pero también se irritan cuando las contribuciones resultan injustificadas y cuando sienten que son excesivas por no definir su fin social.

Por otra parte, los analistas de la tributación y del fenómeno de la natural resistencia de los particulares a pagar los impuestos, señalan como una de las causas más sobresalientes, la inconformidad de los contribuyentes por el dispendio en el gasto.

En nuestro Grupo Parlamentario hemos percibido que el clima social que tenemos no es el más adecuado para proponer la creación de nuevos impuestos, ni para que se quiera revivir cadáveres fiscales como el Impuesto de la Tenencia.

Tampoco estamos de acuerdo con la elevación del porcentaje de la tasa del Impuesto sobre Nóminas del 2.0 al 2.3 por ciento, que entiendo es materia de otra ley.

La gente no quiere más impuestos, porque no los considera justificados; y porque sólo servirían para garantizar el gasto corriente de una burocracia que estima ineficiente y poco o nada comprometida con sus causas.

A nosotros nos queda claro el tema del las necesidades del gasto público, pero rechazamos la medida cómoda tratar de solucionarlo, con el aumento a los impuestos, no compañeros, lo sensato esta en el control del gasto, elegir con cuidado qué, cómo y dónde se instrumenta un recorte al gasto es la tarea de éste congreso.

En nuestro Grupo Parlamentario hemos captado esas señales y queremos mantenernos solidarios con la sociedad. No queremos pasar ante ellos, como los que autorizamos más cargas contributivas sobre sus ya lastimadas espaldas.

Pero además, el Impuesto a la Tenencia y Uso de Vehículos no tiene razón de ser, porque, entre las causas que había esgrimido el Ejecutivo para revivir ese impopular tributo, era que el Gobierno Federal podría reducir el monto de las participaciones para esta entidad gobernada por el PAN; y esto es que no, que no sólo se mantiene el monto de las participaciones de este año fiscal, sino que hay la posibilidad de que se incrementen.

Además, esa injusta carga resulta ociosa porque apenas aportaría 85 millones de pesos en un presupuesto de 83.4 mil millones, es decir, que apenas representa la friolera del uno al millar del presupuesto.

Compañeros diputados, no tratemos de engañar a los contribuyentes, es claro que este año la recaudación para el gobierno es lo de menos, de lo que se trata, es de crear el impuesto para que en los subsecuentes ejercicios fiscales se vayan disminuyendo las exenciones y terminar pagándolo todos los propietarios o poseedores de vehículos.

El sector productivo ha señalado que ese impuesto desalienta la inversión y afectaría la economía estatal, porque no es cierto, en este año, que sólo se gravaría a los automóviles y motocicletas de lujo como tendenciosa y falazmente se ha dicho, sino a todos los vehículos de transporte pesado que se requieren para mover carga y transportar personas.

Este impuesto se convierte en agresivo. Por si fuera poco, esa carga contributiva resulta inconstitucional, primero porque en ninguna parte del cuerpo de la Iniciativa, por cierto lamentablemente redactada, no figura el fin al que se aplicaría esa monserga fiscal, lo cual contraviene a la Constitución.

Las situaciones anteriores violentan los principios de justicia tributaria establecidos por la fracción IV del Artículo 31 de la Constitución así como el principio de legalidad que se desprende del contenido del artículo 16 de dicha Norma Suprema.

Por otra parte, Nos pronunciamos en contra y consideramos anticonstitucional que se proponga que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, pueda declarar de forma oficiosa, la baja de los vehículos y los registros vehiculares del padrón estatal, en los supuestos de haber causado alta en padrones de otras entidades, por adeudos en refrendo de placas y tarjeta de circulación por seis ejercicios fiscales, y por contar con placas Demostración o Traslado expedidas en la suprimida Ley de Tránsito y Transporte.

El artículo 14 de la Constitución es claro al establecer la garantía de audiencia que implica que todo gobernado antes de ser privado de algún bien, debe ser oído y vencido en juicio justo conforme a las leyes expedidas con anticipación al hecho, al exponer todo lo que considere conveniente para la defensa de sus intereses.

El Gobierno estatal, en lugar de desempolvar viejos tributos o de aumentar otros, debe aplicarse con atingencia a mejorar la recaudación y dejar de sangrar a los contribuyentes cautivos.

Es cuanto.

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