POSICIONAMIENTO RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE ROSARIO PIEDRA COMO TITULAR DE LA CNDH

Hace apenas dos días tuvimos noticia de la bochornosa sesión del Senado de la República, en la cual la mayoría simple de ese órgano legislativo, refrendó en los hechos, la sospechosa designación de la señora Rosario Piedra Ibarra como Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Dicho evento, por sí mismo, constituye uno de los sucesos políticamente más desaseados de que se tenga noticia en la historia reciente de nuestro cuerpo senatorial; pero además, junto con otros casos semejantes, forma parte de un notorio proceso de ataque a los llamados organismos constitucionales autónomos.

Porque lo que presenciamos el martes por medio de las trasmisiones del Canal del Congreso no es un suceso aislado que de manera inopinada se haya salido de madre; y que accidentalmente haya derivado en la deslegitimación de la flamante titular del OMBUDSPERSON.

Lo pasado hace dos días, es sólo un eslabón más en la cadena de agresiones calculadamente infligidas desde el Gobierno de la actual administración federal a este tipo de organismos constitucionales autónomos.

Lo percibimos así, cuando todo indica que al señor Gonzalo Hernández Licona, se le cesó fulminantemente de su cargo como Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con el pretexto de haberse negado a reducir sus percepciones salariales.

Y lo reafirmamos, cuando después de eso, el Presidente de la República, en su conferencia matutina del 25 de julio de este año, manifestó que no descartaba la desaparición de ese organismo.

No podemos entenderlo de otro modo, cuando de manera muy poco ortodoxa, por decir lo menos, se estuvieron proponiendo candidatos con perfiles notoriamente no idóneos para ocupar los cargos de integrantes de la Comisión Reguladora de Energía.

Y en el mismo tenor se ubica el desmantelamiento del que antes de la llamada Reforma Educativa, fue el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa.

Así como la intentona para desarticular al Instituto Nacional Electoral, por la vía de las reducciones presupuestarias y la propuesta para limitar a tres años la duración del encargo de los Consejeros.

A la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos, antes de la imposición de la señora Piedra Ibarra como Presidenta del organismo, se le descalificó agresivamente, cuando mediante recomendación, se pronunció en contra de retirar el esquema de apoyo a las estancias infantiles por parte del Gobierno federal.

Por esos y otros antecedentes, la turbulenta designación de la señora Rosario Piedra Ibarra en la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es un hecho aislado, sino que se percibe como parte de una preocupante política integral de desarticulación y deslegitimación de los organismos constitucionales autónomos.

Es preocupante, porque este tipo de órganos establecidos por la Constitución, y que modifican la tradicional división de poderes de los Estados constitucionales, son necesarios para la preservación y mejoramiento del sistema democrático moderno.

Los sistemas constitucionales más avanzados los han incorporado a la estructura orgánica del Estado, y lejos de mostrarse como entes cuyas características tienen qué ver con la parte impositiva del poder público, se muestran, más bien, como entidades moderadoras del mismo; y por lo tanto, requieren de sus titulares independencia técnico – funcional, lejanía respecto de los tradicionales poderes constituidos; y una probada neutralidad política y partidaria.

A estos organismos se les confieren funciones de Estado y se les otorgan periodos de ejercicio diferentes a los de los Poderes, para mantenerlos fuera de la influencia provocada por los cambios de gobierno.

Por ello en el proceso de designación de sus titulares deben intervenir el Poder Ejecutivo, pero con la participación seria, honesta y responsable de un Poder Legislativo autónomo del gobernante de turno, que no es lo que sucedió en el caso de la elección de la señora Piedra Ibarra.

Desafortunadamente, lo acontecido el martes pasado en la sesión ordinaria del Senado de la República, fue un suceso por demás lamentable, en principio porque no existe la certeza de que el proceso de votación haya sido químicamente limpio.

Ello devino en la designación de una persona, que como tal, merece toda nuestra consideración y respeto; pero que dada su evidente militancia partidaria y su notoria proximidad con el Titular del Poder Ejecutivo, su idoneidad está seriamente afectada.

Porque es incuestionable que el titular del OMBUDSPERSON debe ser una persona, que además de poseer las prendas profesionales mínimas para el cargo, debe garantizar un comportamiento absolutamente neutral y alejado del poder que debe moderar.

Por si fuera poco, la contumaz insistencia de la fracción mayoritaria en el Senado de la República, puso en evidencia, una vez más, que el actual Gobierno tiene una fuerte propensión al Bonapartismo y a la concentración autoritaria del Poder público, que por mandato constitucional debe dividirse para su ejercicio.

 

Siguenos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *