POSICIONAMIENTO SOBRE EL PRIMER INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO. SON MÁS LOS SALDOS NEGATIVOS, QUE LOS POSITIVOS.

Para el Grupo Parlamentario del PRI, el equilibrio entre los poderes del Estado es una de nuestras aspiraciones más elevadas.

De manera consecuente, la procuración de los necesarios contrapesos políticos constituye una de las divisas rectoras de nuestra actuación; y en él reconocemos la esencia misma del sistema democrático.

En ese marco, consideramos que el informe que el titular del Poder Ejecutivo estatal debe presentar cada año ante esta Asamblea, debe ser uno de los instrumentos institucionales más adecuados de apertura, transparencia y rendición de cuentas.

En términos generales y en un plano estrictamente formal, el Primer Informe rendido por el Licenciado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Gobernador de Guanajuato, cumple con los requerimientos establecidos por la norma para esos efectos.

No obstante, en el pulso que nuestro Grupo ha realizado entre diversos sectores de la sociedad, hemos captado que nuestros representados, en general, tienen una impresión que coincide con nuestra visión, en el sentido de que la fórmula que estamos siguiendo, se debe revisar para ver si cumple estrictamente con las disposiciones constitucionales.

En efecto, creemos que el procedimiento que se ha venido siguiendo desde hace algunos años, de enviar con un propio el documento que contiene la información sobre el estado general que guarda la administración estatal, no cumple, en estricto, con el mandato contenido en la fracción V del artículo 77 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, que literalmente mandata al Gobernador, para:

«V. Rendir, ante el Congreso del Estado, el informe a que se refiere el artículo 78 [ …]»

A nuestro juicio, cuando ese precepto establece que dicho informe será enviado, con esa simple remisión, desnaturaliza, hasta cierto punto, el deber de rendición de cuentas establecido en el catálogo de las obligaciones del titular del Ejecutivo, en el que taxativamente se le impone al Gobernador el compromiso de rendir ante el Congreso dicho informe.

Consideramos que se debe revisar y, en su caso, reformar la posible contradicción que se generó entre los artículos 77 fracción V y 78 de la Constitución Local, con la reforma de 23 de junio de 2009, para que se vuelva al esquema de que el informe se presente en este recinto y ante el Pleno del Congreso.

Y por lo que se refiere a la glosa, debemos romper el esquema de: ‘tu pregúntame que yo te evadiré’. Consideramos que se deben de introducir las enmiendas pertinentes para que este ejercicio sea un intercambio plenamente democrático, mediante el cual, las y los integrantes de este Congreso, puedan formular preguntas directas a los miembros del Gabinete en comparecencia especial de cada uno de ellos.

Por más que digamos que tenemos la primacía nacional en cuanto a la apertura institucional, sentimos que la forma como llevamos a cabo la glosa constituye un esquema que está tocando a su fin, o que, incluso, ya es un modelo agotado.

Con todo y que el procedimiento fue aprobado por unanimidad en Junta de Gobierno, respetuosamente, creemos que esta manera de cuestionar a los titulares de las Secretarías no es la más idónea para que las y los diputados nos enteremos de la situación que se guarda en cada dependencia de la Administración.

En mérito de lo anterior, en breve presentaremos una iniciativa de reformas constitucionales para proponer a esta Soberanía, un esquema de informe y glosa más ágil y pertinente a lo que mandata la sociedad, que quiere estar enterada de cómo se está gobernando y cómo se están gastando los recursos generados por sus contribuciones.

Ahora bien, por lo que se refiere al contenido del Informe que envió el Gobernador, en el estudio minucioso que efectuamos, de manera general, encontramos que en el mismo no se delimitó de manera precisa, la división entre lo que habría efectuado la Administración que terminó el 25 de septiembre de 2018 y lo que se ha realizado en los casi seis meses que lleva el actual Gobierno.

En muchos de los apartados del documento, encontramos asimismo, que más que informe, es una especie de catálogo de esperanzas, proyectos y buenas intenciones que caben más bien en un plan de gobierno que en un informe.

Constatamos los avances y las limitaciones en cada uno de los ejes de acción, y sentimos que todavía hay mucho por hacer y que se deben de redoblar los esfuerzos para que se superen las carencias que nos aquejan; y, sobre todo, para que la economía de nuestra entidad no caiga en recesión.

Estimamos que en materia de seguridad y paz pública son más los débitos que los saldos a favor. En la evasiva comparecencia del Fiscal General, desafortunadamente no encontramos respuestas claras sobre cómo se piensa reducir la impunidad.

Lo mismo sucedió con las respuestas dadas por el Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, que nos quedó a deber la información sobre los por qués de la elevada incidencia de violencia social, que nos ha colocado en los lugares más elevados en materia de homicidios dolosos.

En balances como el que nos ocupa, se habla de haberes y pasivos, de abonos, cargos y saldos; y respecto de éstos, creemos que son más los saldos negativos, que los positivos.

Por el bien de Guanajuato y los guanajuatenses, esperamos que para el siguiente se revierta esa tendencia.

 

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