PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA QUE EL PLENO DEL CONGRESO REALICE UN ATENTO EXHORTO A TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA QUE CUMPLAN CON OTORGAR SEGURIDAD SOCIAL AL 100 POR CIENTO DE SUS TRABAJADORES.

Con la venia del presidente de la mesa directiva. Compañeras diputadas y diputados de este honorable Congreso del Estado, asistentes que nos acompañan a esta sesión del pleno y a quienes nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación.

Quienes suscribimos: Celeste Gómez Fragoso, Ma. Guadalupe Guerrero Moreno, José Huerta Aboytes y Héctor Hugo Varela Flores, en nuestro carácter de Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 177 y 204, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la propuesta de PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución, para que el pleno de este Congreso realice un atento EXHORTO a todos los municipios del Estado de Guanajuato, para que cumplan con otorgar seguridad social al 100 por ciento de sus trabajadores por tratarse de un derecho humano plasmado en la Constitución, con el objetivo de que cada empleado municipal tenga derecho a recibir atención médica, acceso a vivienda y créditos, subsidios por enfermedad general, invalidez, maternidad y riesgos del trabajo.

Asimismo, que los municipios informen a esta soberanía sobre los plazos en que cumplirán con ello, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA.

En nuestro país, la seguridad social fue establecida en la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política de 1917; ahí se consideró de utilidad social, el establecimiento de cajas de seguros populares de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes, entre otros, y se encargaba a los gobiernos fomentar la organización de instituciones de esta índole.

El 6 de septiembre de 1929, se publicó una reforma constitucional a esa fracción del artículo 123, a través de la cual se preveía la expedición de la ley del seguro social; en ese ordenamiento quedarían comprendidos los seguros de invalidez, vida, cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades generales, maternidad y riesgos del trabajo; Ley que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 19 de enero de 1943 y la cual estableció al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los principales ordenamientos que regulan la seguridad social son: la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995; y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) publicada el 31 de marzo de 2007; y en cada una de las entidades federativas, las leyes estatales de seguridad social, que anteriormente fueron leyes de pensiones.

La finalidad de la seguridad social se establece en la Ley del Seguro Social, de acuerdo con su artículo 2, y consiste en garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, y el otorgamiento de una pensión que será garantizada por el Estado, previo cumplimiento de los requisitos legales.

El 10 de junio de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, una reforma que estableció en el artículo 1º constitucional, la obligación de las autoridades para que salvaguarden los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo la interpretación más amplia y protectora a las personas.

En el párrafo tercero se ordena:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”

SEGUNDA. 

Una investigación periodística reveló que sólo 11 municipios otorgan Seguridad Social a sus trabajadores, lo que pone en evidencia el incumplimiento a la ley.

La publicación reveló que los 46 ayuntamientos de Guanajuato deberán prestar obligatoriamente seguridad social a sus trabajadores, en el régimen que éstos determinen, ya sea de manera voluntaria en el Seguro Social o por medio de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato; a partir de la creación de una tesis en materia laboral, según se informó en la segunda sesión del Pleno en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito del Consejo de la Judicatura Federal –celebrada el pasado viernes 26 de abril—, a raíz de una contradicción de criterios que surgió entre el Primero y Segundo Tribunal Colegiado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que haya o no convenios entre el Municipio e instituciones como el ISSSTE, el IMSS o alguna local, el empleado debe de disfrutar de seguridad social a la que tiene derecho constitucionalmente.

Los municipios que no tengan esas prestaciones de seguridad social, ahora van a tener que otorgárselas; de no hacerlo, y no querer cumplir voluntariamente el Ayuntamiento, el asunto se resolverá en un tribunal laboral a favor del trabajador.

TERCERA

Para el Grupo Parlamentario del PRI, el ser humano, en su realidad individual y colectiva, representa el más alto valor de la vida en sociedad.

Por ello, nos pronunciamos por el respeto, protección y garantía de sus derechos humanos, así como en contra de cualquier forma de discriminación que atente contra la dignidad humana.

También nos pronunciamos a favor de un régimen en el que prevalezca el Estado de derecho que brinde certeza jurídica en un país de garantías, seguridad individual y patrimonial, derechos, leyes e instituciones.

Aspiramos a contribuir a que la ciudadanía goce de amplios derechos y que los ejerza plenamente, que tenga opciones para desarrollarse.

Estamos a favor de un federalismo que garantice la soberanía estatal y la libertad de los municipios; que fortalezca el ejercicio transparente de las facultades de cada gobierno local, empero, estamos en contra, de que operen en la ilegalidad.

CUARTA

Un reporte del Observatorio Trabajo Digno, operado por el Colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, reveló las condiciones precarias que enfrentan los mexicanos en materia de empleo digno.

El Observatorio señala que ocho de cada 10 personas que trabajan con salario y para un empleador carecen de condiciones dignas de trabajo, de manera que 25.6 millones de personas, el 80 por ciento, no tienen un trabajo digno.

Cuatro de cada 10 personas que trabajan para un empleador carecen de seguridad social, por lo que 14.6 millones de personas son forzadas a la informalidad por sus empleadores que no realizan la afiliación obligatoria al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Poco más de la mitad de las personas que trabajan con salario y para un empleador, es decir, 17.6 millones de mexicanos, carecen de un contrato laboral estable.

Por lo que la condición más vulnerada es la falta de afiliación sindical, que afecta a 29.5 millones de personas que trabajan con salario y para un empleador, es decir el 87 por ciento.

Es por ello, que el Grupo Parlamentario del PRI demanda sancionar las prácticas ilegales usadas para violar los derechos laborales.

En pleno siglo XXI persisten exclusiones e inequidades en la sociedad guanajuatense.

Para ello, es necesario consolidar un sistema de Seguridad Social Integral de acceso universal que incluya los seguros de riesgos laborales, salud, invalidez, cesantía, el sistema de pensiones y otros servicios sociales, como guarderías y mecanismos de acceso a una vivienda digna.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, solicitamos a esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato EXHORTA muy atentamente a todos los municipios del Estado de Guanajuato, para que cumplan con otorgar seguridad social al 100 por ciento de sus trabajadores por tratarse de un derecho humano plasmado en la Constitución, con el objetivo de que cada empleado municipal tenga derecho a recibir atención médica, acceso a vivienda y créditos, subsidios por enfermedad general y maternidad, y pensiones por invalidez y riesgos del trabajo.

Asimismo, que los municipios informen a esta Soberanía sobre los plazos en que cumplirán con ello.

ES CUANTO SEÑOR PRESIDENTE

 

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